Dragado del Río Uruguay: detalles de la denuncia judicial que complica al dueño de Jan de Nul y ex miembros de la CARU que hoy ocupan cargos relevantes en Provincia

El expediente, caratulado “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar – Denunciante: Hartwig Carlos Jaime”, se originó en julio de 2019 a partir de una presentación penal que puso el foco en las licitaciones del dragado desde la desembocadura del río hasta el puerto de Paysandú y Concepción del Uruguay. La investigación apunta a posibles delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otras figuras penales.

El núcleo de la denuncia: sobreprecios y cartelización

Hartwig sostiene que el esquema de contratación del dragado del río Uruguay estuvo atravesado por una maniobra sistemática de sobreprecios, favorecida por la cartelización de empresas dragadoras y por decisiones adoptadas dentro de la CARU que habrían eliminado deliberadamente a organismos estatales de referencia, como la Dirección Nacional de Vías Navegables (DNVN).

Según detalla la denuncia, el dragado se dividió en dos grandes etapas: lechos duros (fondos rocosos) y lechos blandos (arena y barro). Para los pasos Montaña y Casablanca —alrededor del 30% de la obra total— se utilizó equipamiento altamente especializado, como la draga “Kaerius” de Jan de Nul, traída desde Medio Oriente. Esa tarea se licitó a unos 7,30 dólares por metro cúbico, un valor que el propio denunciante considera acorde a los precios internacionales, dada la complejidad técnica del trabajo.

El conflicto central aparece en el dragado de lechos blandos, que representaba cerca del 70% restante de la obra. Allí, según Hartwig, se produjo una distorsión difícil de justificar: mientras dragar roca costaba alrededor de 7 dólares el metro cúbico, el dragado de arena y barro —mucho más sencillo y realizable con dragas comunes— fue presupuestado inicialmente por empresas argentinas a valores superiores a los 8 dólares por metro cúbico.

Esa primera licitación fue anulada por la propia CARU, y en declaraciones radiales de la época, el entonces delegado Juan Enrique Ruiz Orrico llegó a hablar explícitamente de “cartelización de las empresas argentinas que realizan el dragado de los ríos”. Sin embargo, subraya Hartwig, nunca se realizó denuncia judicial ni se aplicaron sanciones administrativas a esas firmas, que luego volvieron a presentarse en nuevos llamados.

Tras rescindir el convenio con la Dirección Nacional de Vías Navegables (DNVN) —que cobraba alrededor de 5 dólares por metro cúbico— se realizó un segundo llamado a licitación en 2017. Allí, la empresa Jan de Nul resultó adjudicataria del dragado de lechos blandos a un valor de 6,25 dólares por metro cúbico.

Primer tramo del audio de una entrevista a Ruiz Orrico incorporada a la causa: Allí, según la denuncia, Ruiz Orrico afirma que el precio que cobraba la Dirección Nacional de Vías Navegables (DNVN) —aproximadamente 5 dólares por metro cúbico de arena y barro— era considerado por la CARU como “totalmente excesivo”. Ese fragmento es citado expresamente en el punto 5 de los HECHOS, cuando se explica la rescisión del convenio con la DNVN.

Segundo tramo del audio: En ese pasaje, siempre según la denuncia, Ruiz Orrico agrega que “en el Río de la Plata se está pagando mucho menos por la extracción de las mismas características”, reforzando la idea de que los valores que se manejaban en el río Uruguay estaban por encima del precio de mercado.

La contradicción central que subraya Hartwig —y que es clave en la imputación— aparece inmediatamente después: se rescinde un convenio por considerar “caro” un valor de 5 dólares, pero luego la CARU aprueba una licitación a 6,25 dólares por metro cúbico, cifra superior a la que se había rechazado.

El monto total del presunto desfalco

De acuerdo con la denuncia, el volumen total estimado de dragado y mantenimiento durante tres años alcanzó los 5,7 millones de metros cúbicos. A ese precio, la obra terminó costando más de 35 millones de dólares. Sin embargo, Hartwig compara esos valores con los precios pagados por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en obras similares, como el dragado de la Isla Martín García, donde se abonaron alrededor de 2,80 dólares por metro cúbico.

Si el dragado del río Uruguay se hubiera adjudicado a valores de mercado internacional, el costo total habría rondado los 16 millones de dólares. La diferencia —unos 19 a 20 millones de dólares— es el monto que la denuncia identifica como sobreprecio y posible perjuicio al Estado.

Responsabilidades políticas e institucionales

La causa judicial involucra a figuras que hoy ocupan cargos relevantes en la provincia. Entre los citados a indagatoria figuran Mauro Héctor Vazzon y Jorge Diego Satto, ambos ex integrantes de la delegación argentina ante la CARU durante el período investigado (2015–2019) y actualmente designados por el gobernador Rogelio Frigerio en puestos de máxima relevancia: Vazzon como presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto como secretario de Turismo.

También fue citado Juan Enrique Ruiz Orrico, ex delegado ante la CARU y diputado provincial electo en 2023, quien además enfrenta otra causa penal por un accidente vial con cuatro víctimas fatales, cuyo juicio oral está previsto para febrero de 2026.

La nómina se completa con Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa Jan de Nul, quien deberá declarar como imputado por haber sido el principal beneficiario económico de las licitaciones cuestionadas.

“La misma empresa bajó el precio a la mitad”

En declaraciones recientes, Hartwig remarcó un dato que refuerza su planteo: en una licitación posterior, ya en la gestión del ahora intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, como presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la misma empresa Jan de Nul ofertó el mismo trabajo a un valor de 3,40 dólares por metro cúbico, casi la mitad de lo que había cobrado antes.

“Eso demuestra que los veinte millones de dólares de sobreprecio están claramente probados”, afirmó Hartwig .

El caso no solo expone un presunto fraude millonario, sino también un modus operandi orientado a debilitar organismos estatales y naturalizar sobreprecios en favor de monopolios privados.

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