Dragado del río Uruguay: citan a indagatoria al dueño de Jan de Nul y a ex miembros de la CARU por un presunto desfalco de USD 20 millones

Por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán S. Viri, fueron citados a declaración indagatoria varios de los imputados en el expediente “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar – Denunciante: Hartwig Carlos Jaime”, iniciado a partir de una denuncia presentada en julio de 2019.

Entre los convocados figura Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa Jan de Nul, histórica adjudicataria de las tareas de dragado, junto a exintegrantes argentinos de la CARU, entre ellos Jorge Diego Satto —ex diputado provincial—, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazzon.

El caso de Vazzon y Satto adquiere una gravedad institucional singular: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazzon es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia, cargos para el cual fueron designados por el gobernador Rogelio Frigerio. Es decir, quien hoy encabeza el organismo encargado de evaluar y seleccionar jueces en la provincia, se encuentra formalmente imputado y citado a indagatoria en una causa federal por presuntas irregularidades millonarias en la administración de fondos públicos.

Por su parte, Ruiz Orrico, electo diputado provincial en 2023, está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial, y el juicio oral se realizará entre el 18 y el 27 de febrero de 2026,

La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control.

Según las notificaciones oficiales, las audiencias de indagatoria fueron fijadas —en algunos casos— de manera remota mediante el sistema Google Meet. Asimismo, se instruyó a la Gendarmería Nacional a realizar las notificaciones personales, verificar domicilios y acreditar fehacientemente la identidad de los imputados.

A más de cinco años de la denuncia original, la causa vuelve a cobrar dimensión pública no solo por el monto del presunto desfalco, sino también porque alcanza a funcionarios que hoy ejercen poder político y control institucional.