Hoy se cumplen dos años del accidente que les costó la vida a los hermanos Lucas, de 26 años, y Brian Izaguirre, de 31, Axel Rossi, de 23, y Leonardo Almada, de 29. El 20 de junio de 2024 se levantaron, a pesar de ser feriado, como todas las mañanas, a las 3:20 para viajar desde Basavilbaso, departamento Uruguay, hasta el Frigorífico Fadel, ubicado a 60 kilómetros de distancia. Vivían en el mismo barrio y se pasaban a buscar para viajar en un Chevrolet Corsa modelo 2001. Trabajaban 12 horas, hasta las 16. Pero esa mañana sería la última en que harían ese recorrido: a la altura del km 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera, chocaron de frente contra un VW Passat que conducía el entonces director del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, quien circulaba alcoholizado y se cruzó de carril. Esta mañana, según pudo saber DIARIOJUNIO, sus familiares los recordaron en el Cementerio de Basavilbaso. Aún están esperando la decisión del Tribunal de Apelaciones de Concordia, luego de la audiencia convocada hace un mes, el 21 de mayo pasado. Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel, y el Tribunal debe decidir si rechaza el recurso de apelación y deja firme el fallo de primera instancia, si reduce la pena o si anula el proceso judicial y ordena que se vuelva a realizar, la opción menos probable.

Todas las mañanas, los hermanos Lucas, de 26 años, y Brian Izaguirre, de 31, junto a Axel Rossi, de 23, y Leonardo Almada, de 29, se levantaban a las 3:20 para viajar desde Basavilbaso, departamento Uruguay, hasta el Frigorífico Fadel, ubicado a 60 kilómetros de distancia. Vivían en el mismo barrio y se pasaban a buscar para viajar en un Chevrolet Corsa modelo 2001. Trabajaban 12 horas, hasta las 16. Pero en la madrugada del 20 de junio de 2024, el destino les jugó una mala pasada. Ese día chocaron contra el VW Passat que conducía el entonces director del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, quien circulaba alcoholizado y se cruzó de carril. Ruiz Orrico subió por sus propios medios a la ambulancia. “Nunca preguntó por el estado de salud de los chicos; solo preguntó por una mochila que tenía en su vehículo”, dijo a DIARIOJUNIO Lorena Dubini, madre de Lucas y Brian Izaguirre, esta mañana en la puerta de Tribunales.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia llevará adelante el próximo jueves 21 de mayo, a las 11.30, una audiencia clave para resolver el recurso presentado por la defensa del el ex titular de la Dirección de Puertos de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, integrada por los abogados Félix Pérez y Leandro Monje, quienes buscan reducir la pena impuesta en Concepción del Uruguay. Mario Arcusin, abogado querellante que representa a las familias de las cuatro víctimas fatales de la tragedia de la ruta provincial 39 sucedida en 2024, hecho por el que fue condenado a cinco años y ocho meses, dijo a DIARIOJUNIO anoche que reclamará que se mantenga firme la condena por homicidio culposo agravado.

Tras la decisión del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, de sentenciar a cinco años y ocho meses de prisión efectiva por homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas (arts. 45 y 84 bis del Código Penal) al ex presidente del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, el abogado querellante que representa a las familias de las víctimas del accidente fatal que le costó la vida a cuatro trabajadores de un frigorífico en el departamento de Concepción del Uruguay, Mario Arcusin, dijo este mediodía a DIARIOJUNIO que la sentencia fue un “éxito rotundo”. El abogado explicó que la pena máxima que había solicitado, seis años, no la podía otorgar el juez ya que había un atenuante como la falta de antecedentes penales del imputado. Pero solo le bajó cuatro meses. “Podría haber bajado un año”, admitió. De hecho, sostuvo que el fiscal había pedido cinco años. El magistrado, sin embargo, incrementó en ocho meses la condena. “Los argumentos míos fueron más importantes que los del fiscal”, destacó.

Mario Arcusin, el abogado querellante que representa a la familia de las cuatro víctimas fatales que colisionaron con el automóvil que conducía el ex titular del Instituto Portuario de la Provincia, Juan Ruiz Orrico, sostuvo este mediodía que el acusado pidió perdón a los familiares en la apertura del juicio que se realizó esta mañana en los tribunales de La Histórica. Se trata de los jovenes Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso, quienes fallecieron el 20 de junio de 2024 cuando se dirigían a trabajar en el frigorífico Fadel, ubicado en la ruta 39 cerca de Concepción del Uruguay. Arcusin sostuvo que Ruiz Orrico asumió su culpa, manifestó que entendía el dolor que tenían los familiares y que era consciente de que no hay forma de resarcir el daño que les produjo la pérdida de sus seres queridos. Pero, mientras hablaba, el letrado remarcó a DIARIOJUNIO que el ex funcionario no miraba a la cara de los familiares.

El miércoles 18 de febrero a las 9 comenzará en Concepción del Uruguay el debate en el marco del legajo “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”. Las audiencias se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero. Ruiz Orrico es acusado de homicidio culposo agravado cuyas penas oscilan entre tres y seis años. Esta mañana, Mario Arcusin, abogado querellante que representa a la familia de las cuatro víctimas fatales, Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso, quienes fallecieron el 20 de junio de 2024 cuando se dirigían a trabajar en el frigorífico Fadel, ubicado en la ruta 39 cerca de Concepción del Uruguay , luego de colisionar con el automóvil que conducía Ruiz Orrico, dijo que la expectativa es pedir la pena máxima, de seis años. Además, estimó que el fiscal Eduardo Santo solicitará un monto correspondiente al tercer tercio de la pena, entre cinco y seis años. Arcusin, además, dijo a DARIOJUNIO que no sabía no se qué elementos puede esgrimir la defensa para bajar las expectativas ya que, argumentó, quedó atrás la posibilidad de pedir un sobreseimiento desde el momento en que ofreció $ 150 millones para mitigar el daño moral. Una forma de aceptar la culpabilidad.

El expediente, iniciado en 2019 a partir de una denuncia del ingeniero y abogado Carlos Jaime Hartwig, tiene hoy citados a declaración indagatoria al empresario belga Pieter Jan de Nul —propietario de la empresa Jan de Nul— y a ex integrantes argentinos de la CARU: Jorge Diego Satto, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazzon. La acusación sostiene que las licitaciones del dragado se habrían ejecutado con sobreprecios que generaron un perjuicio estimado en más de 20 millones de dólares. Pero la CARU es un organismo binacional y ninguna licitación, adjudicación, rescisión de convenios ni aprobación de pagos puede concretarse sin el acuerdo de ambas delegaciones, lo que abre el interrogante si la delegación uruguaya del período 2015–2019 también participó de las licitaciones hoy sospechadas. Por otro lado, un oficio judicial enviado en mayo de 2025 a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) pone en duda las recientes declaraciones de la delegada uruguaya Cecilia Bottino, quien afirmó desconocer la causa.

Una denuncia técnica, documentada y presentada hace más de cinco años por el ingeniero, abogado y docente universitario Carlos Jaime Hartwig es el eje de la causa judicial que volvió a activarse en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y que hoy tiene citados a declaración indagatoria al propietario de la empresa belga Jan de Nul, Pieter Jan de Nul, y a ex integrantes argentinos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) por un presunto desfalco superior a los 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay. Los dirigentes -que integraron el organismo binacional durante el gobierno de Mauricio Macri- actualmente ocupan cargos de relevancia en el gobierno provincial: Mauro Héctor Vazzon como presidente del Consejo de la Magistratura y Jorge Diego Satto como secretario de Turismo, ambos designados por el gobernador Rogelio Frigerio, y Juan Enrique Ruiz Orrico ex diputado provincial electo por el oficialismo en 2023 y ex presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) hasta junio de 2024, momento en el que fue desplazado por el gobernador tras protagonizar un escandaloso siniestro vial en el que murieron cuatro personas. La causa incorporó como prueba un audio en el que Ruiz Orrico reconoció públicamente la cartelización de empresas dragadoras y calificó como “caro” un precio de 5 dólares por metro cúbico, pese a lo cual la CARU terminó aprobando una licitación a 6,25 dólares, sin que se efectuara denuncia judicial ni sanción administrativa alguna. 

La causa judicial por el presunto sobreprecio de más de 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay volvió a activarse y pone nuevamente en el centro de la escena a directivos de la empresa Jan de Nul y a exfuncionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Se trata de Juan Enrique Ruiz Orrico, el diputado imputado por la muerte de 4 personas en un accidente vial, y Mauro Vazzon y Jorge Satto, quienes hoy ocupan cargos de máxima relevancia institucional en la provincia. Todos estuvieron en la Delegación Argentina ante la CARU entre 2015 y 2019, gobierno de Mauricio Macri.

Una masiva movilización en Plaza Ramírez en Concepción del Uruguay acompañó ayer a las familias de Lucas y Brian Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, los cuatro jóvenes trabajadores de la ciudad de Basavilbaso que murieron en la ruta 39 el 20 de junio de 2024 atropellados por Juan Ruiz Orrico, el ex director del Instituto Portuario Provincial. La causa fue elevada a juicio y tiene como carátula “homicidio culposo”, delito que contempla una pena de tres a seis años de prisión, pero las familias reclaman que se recaratule a “homicidio con dolo eventual”, que eleva esa expectativa a entre ocho y 25 años. Tras las excusaciones de los cuatro integrantes del Tribunal de Concepción del Uruguay, la causa cayó en Gualeguay, donde designaron al juez Darío Crespo como único juez. Aún no hay fecha para un debate que será extenso. “Ahora lo que queda es una cuestión de agenda tanto de Crespo como de (Concepción del) Uruguay. Tenemos que buscar fechas en las que Crespo pueda estar y Uruguay tenga lugar físico para hacerlo”, expresó Arcusin a DIARIOJUNIO esta mañana.