Por eso es que el sector bancario internacional está experimentando un proceso de concentración que es el paso previo para instalar el nuevo orden financiero que está naciendo en los últimos estertores del modelo anterior.
En Europa, las barreras nacionales generan un problema para acelerar esta agenda, ideando nuevas regulaciones de capital para promover las fusiones transfronterizas. En esta materia, China lleva la delantera, ya que usa como palancas a las grandes entidades del país, que actúan como un solo ser con el aparato gubernamental. Mientras que en EE. UU., la crisis de la primera mitad de 2023 se quiso aprovechar en ese sentido, aunque el Congreso rechazó por el momento la creación de un dólar digital. Sin embargo, la administración Trump, ni lerdos ni perezosos, con su Ley Genius quiere impulsar un híbrido: las monedas estables (stablecoins) para financiar la ingente deuda pública (U$S 39 billones de dólares).
Por eso, en la rueda de prensa telefónica tras realizar la adquisición del First Republic Bank, Jack Dimon, el mayor CEO de J. P. Morgan, dejó en claro que no va a pedir perdón por el tamaño del banco que dirige y sacó a relucir su influencia en Washington, mostrando sin vergüenza alguna que es quien mueve los hilos de la banca de EE. UU. y, por extensión, de todo Occidente.
Dijo Dimon: “Somos banqueros de países, del FMI, del Banco Mundial”.
O sea, para que se entienda bien: esta apreciación totalitaria y descarnada establece una relación de identidad entre los intereses del país (EE. UU.) y los de su banco. Lo sitúa a Dimon en la esfera de aquellos que han traspasado los límites, cegados por una visión del mundo en la que ellos son los señores del cortejo.
Dentro de los hombres más poderosos que integran el “elenco estable del deep state” se encuentra Larry Fink, quien, junto con otros personajes de la banca mundial, cegados por el poder y con alma de ingenieros sociales, a través de la gestora de inversión BlackRock, es también un contratista clave de la Reserva Federal, desempeñando labores de gestión de los denominados “activos tóxicos”, calificativo que sirve para definir acciones, bonos o cualquier otro tipo de activo cuyo precio sube como la espuma a lomo de la burbuja de turno para pasar después a desplomarse por carecer de fundamento real que justifique su apreciación anterior.
Las agencias de calificación, que son en teoría las encargadas de evitar que esto ocurra, trabajan en “connivencia” con bancos y gestoras, como BlackRock, precisamente para provocarlo, ya que todos los implicados en la maniobra ganan con el proceso a costa de los ahorradores que no son capaces de “saltar del barco” antes de que se hunda porque simplemente carecen de la información privilegiada que sí poseen los ejecutores.
O sea, un capitalismo bursátil de mafiosos que manejan el barco de la especulación.
La empresa que dirige Larry Fink también ha participado en el diseño de los planes de rescate durante las crisis económicas, lo que le da acceso prioritario a las agencias gubernamentales de todo el mundo, incluida China, y una posición influyente en la toma de decisiones, especialmente en Europa y EE. UU. Lo cual le ha permitido beneficiarse de las mismas políticas en cuya génesis y desarrollo participa, en una colusión de intereses que solo niegan aquellos que todavía permanecen subyugados por la ilusión de que los bancos y los grandes gestores representan los intereses de los inversores y los depositantes.
Como en el caso de J. P. Morgan, la compañía BlackRock tuvo un papel destacado en la famosa crisis de 2008, en la que recibió múltiples contratos “a dedo”, sin que mediara licitación pública, de forma discrecional. Entre ellos se encontraba la valoración y liquidación de activos de la aseguradora AIG, que fue arrastrada a las puertas de la quiebra por la caída de Lehman Brothers y cuyo derrumbe se evitó por mandato presidencial (Obama).
Además, BlackRock fue elegida por la Reserva Federal y el Tesoro para gestionar la cartera de Citigroup, uno de los mayores bancos del mundo, y que también zozobró en la “tormenta subprime”. Por esas tareas, y varias adicionales, la gestora de Larry Fink cobró jugosos honorarios muy poco transparentes con la excusa de que era urgente actuar para evitar males mayores, del mismo modo que sucedió en España con los contratos adjudicados durante la “gran reclusión” (la pandemia) para la compra de material sanitario.
La sospecha de corrupción se convirtió en certeza cuando se despejó el horizonte y se alejaron los temores a un terremoto bancario nacional. EE. UU. sancionó a BlackRock por algunos hechos “aislados”, castigando a la gestora con pequeñas multas que no amenazan su negocio y sirvieron para dar una imagen de pulcritud en un sistema de control que permite el fraude institucional.
Con estos antecedentes no nos debería extrañar que Larry Fink y J. Dimon (CEO de J. P. Morgan) se pusieran al frente de la reconstrucción de Ucrania cuando la guerra aún está en pleno desarrollo. (Buitres que sobrevuelan).
La catadura moral de estos sujetos se explica sola al comprobar que ya ni siquiera esperan el fin de la guerra para aprovechar las oportunidades de negocios que abren las matanzas.
El 21 y 22 de julio de 2023, Londres fue protagonista de la Conferencia de Recuperación de Ucrania (en febrero de 2022 se había producido la invasión rusa), en la cual se reunieron numerosos aspirantes a recibir parte de los cientos de miles de millones de dólares procedentes de los bolsillos de los contribuyentes.
Allí actuaron J. P. Morgan y BlackRock como intermediarios. Las directivas de ambos gigantes y especuladores financieros anunciaron que harían el trabajo de gestión en forma altruista, sin cobrar por ello, en otro acto de hipocresía que es la marca de la casa. (Más tarde se supo que BlackRock había reservado miles de hectáreas de tierras raras y fértiles con Zelensky, que todavía tenía el poder presidencial).
Las cifras del saqueo de estos filibusteros de la banca transnacional son exorbitantes. Van desde los U$S 411.000 millones que calculaba el Banco Mundial que serían necesarios para construir nuevas infraestructuras, hasta los 524.000 millones de euros que en 2025 estimó la Comisión Europea.
El caso es que quinientas empresas multinacionales de cuarenta países firmaron el “Pacto de Negocios” de Ucrania. La UE, el Gobierno de EE. UU., las agencias multilaterales y las instituciones financieras estadounidenses, que están a cargo de la recaudación de fondos y de asignarlos a la reconstrucción, buscan restaurar la economía ucraniana como una especie de zona económica especial, con dinero público para cubrir cualquier pérdida potencial del capital privado.
Por supuesto, la oferta capitalista exige que Ucrania esté libre de sindicatos, de estrictos regímenes regulatorios, de impuestos a las empresas y de cualquier “obstáculo” significativo para que resulten rentables las inversiones del capital occidental en alianza con los antiguos oligarcas ucranianos.
Por si fuera poco, el Financial Times publicó:
“Dado que se espera que el sector privado desempeñe un papel central no solo para hacer el trabajo sino también para ‘ayudar’ a financiarlo, se requerirá la movilización de la inversión privada a una escala que tiene pocos antecedentes”.
(¡Hecha la guerra, hecho el negocio!).
Por eso J. Dimon (J. P. Morgan) y Larry Fink (BlackRock) decidieron que la mejor forma de unir sus fuerzas en el desarrollo de la reconstrucción de Ucrania sería, cuando no, a través de un banco de desarrollo que diera “apariencia” de servicio público a esta transferencia de renta (ganancia neta).
Continuará
Fuente: Historia Secreta de Estados Unidos.
El poder detrás del poder: los amos del mundo (Primera parte)