El Gobierno de Entre Ríos parece haber encontrado una fórmula política para defender uno de los cambios más importantes de su gestión en materia de políticas alimentarias: presentar al sistema descentralizado de comedores escolares como un mecanismo prácticamente fuera de control y utilizar algunas supuestas irregularidades detectadas para justificar su reemplazo por un modelo de compras centralizadas.
La provisión de desayunos y meriendas escolares concentrada en una única empresa, Teknofood S.A., en una contratación que, según fue denunciado públicamente, alcanzaría los $101.000 millones por un período de un año y medio generó cuestionamientos de toda índole: por la magnitud del monto que duplicaría el actual, por el impacto sobre los proveedores entrerrianos y también por la falta de publicación de información sustancial del proceso de adjudicación.
Hace solo algunas horas, Lautaro Azzalini, director de Comedores Escolares de la Provincia, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann de Radio Mitre, describió un panorama de descontrol y aseguró que durante los últimos tres años se encontraron situaciones en las que, según sus palabras, se “sacaban” fondos de los comedores para pagar cuestiones personales. Insistió con el episodio del vino e incluso afirmó que “se robaban la plata” y que “la plata de la comida de los chicos muchas veces no terminaba en los chicos”.
Lautaro Azzalini llegó a la Dirección de Comedores de Entre Ríos con el inicio de la gestión de Rogelio Frigerio, luego de desarrollar durante varios años su carrera en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupó cargos durante las gestiones del PRO y terminó como director general de Comunicación Interjurisdiccional durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Azzalini aseguró que la Provincia realizó denuncias penales “hasta el hartazgo” durante estos tres años. Pero la propia historia reciente de los comedores escolares en Concordia muestra una situación bastante más compleja que la imagen de un sistema anterior compuesto por directivos, cocineros y comerciantes que simplemente disponían discrecionalmente del dinero público.
En Concordia, la principal investigación penal por presunto desvío de fondos surgió a partir de una auditoría realizada por el propio Ministerio de Desarrollo Humano durante la gestión de Frigerio. La causa avanzó sobre la entonces coordinadora departamental Silvina Murúa, su entorno, empresarios proveedores y un colaborador externo. La investigación judicial incorporó presuntas maniobras de direccionamiento de compras, faltantes de mercadería y manejo irregular de fondos.
Es decir, el escándalo que ahora sirve como argumento para descalificar al sistema descentralizado no apareció como consecuencia de una investigación iniciada contra un esquema heredado de administraciones anteriores, sino durante la propia gestión que hoy propone reemplazarlo.
Murúa era la funcionaria que ocupaba la coordinación departamental de Comedores Escolares en Concordia. Fue desplazada de su cargo en junio de 2025, luego de que el escándalo tomara estado público. La Justicia posteriormente amplió la investigación e imputó a Murúa, a los empresarios Iñaki y Martín Partarrié y al colaborador Julián Quiroga.
El discurso oficial parece haber invertido el eje de la discusión. Las denuncias de directivos de escuelas de Concordia registradas durante aquella crisis describieron justamente lo contrario de lo que ahora se pretende instalar: señalaron el retiro de tarjetas SIDECREER, el desplazamiento de responsables de los establecimientos y el direccionamiento de compras hacia determinados proveedores.
El caso del vino
El funcionario habló de una compra de vino detectada en la rendición de un comedor escolar de San José de Feliciano y presentó el episodio como evidencia de que los fondos destinados a alimentar a los chicos podían terminar siendo utilizados para otros fines.
La propia comerciante que emitió la factura dio otra explicación. Teresa Amalia Vaccari, titular del Autoservicio La Esperanza, remitió una nota al coordinador Departamental de Comedores de Feliciano para aclarar que en la factura correspondiente a una compra destinada a la Escuela Técnica N° 1 Juan Domingo Perón había aparecido un producto identificado como “Vino Tinto Valderroble X 1,125”.
Según explicó la comerciante, se trató de un error involuntario generado por el sistema de cobro, que asoció incorrectamente un código de barras. También señaló que el importe consignado ni siquiera coincidía con el valor de una botella de vino.
La titular del comercio fue todavía más precisa: aseguró que “en ningún momento se adquirió, entregó ni utilizó bebida alcohólica alguna destinada al comedor”, y atribuyó la aparición del producto exclusivamente a un error de registración.
Sin embargo, el relato oficial resulta mucho más útil para construir la imagen de un sistema que necesita ser reemplazado.
Azzalini no dejó dudas sobre la relación que establece el Gobierno entre los casos denunciados y el nuevo esquema. En Radio Mitre sostuvo que la administración encontró un sistema que permitía “todos estos tipos de desvíos” y que por eso decidió modificarlo.
También explicó que la Provincia llevaba seis meses trabajando en la licitación y alrededor de un año y medio estudiando “cuál era el mejor sistema” para evitar esos desvíos.
El problema es que la solución tiene un beneficiario concreto.
Ya no serán cientos de comercios entrerrianos los que venderán alimentos a las escuelas, como ocurría con el sistema de tarjetas, sino que una empresa concentrará la provisión de los desayunos y meriendas de casi mil establecimientos.
DIARIOJUNIO informó en julio que el nuevo esquema alcanzaría a 996 comedores y que reemplazaría las compras mediante tarjetas por una adquisición centralizada. La modificación se produjo, además, mientras comerciantes de Concordia denunciaban demoras de entre 40 y más de 100 millones de pesos por proveedor en pagos correspondientes a mayo y junio.
El cambio también generó rechazo entre entidades como el gremio AGMER y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia que cuestionaron la centralización, mientras representantes de la nutrición advirtieron sobre la composición de los alimentos y el reemplazo de proveedores locales. Equipos directivos de escuelas secundarias de Concordia también rechazaron el nuevo sistema y cuestionaron expresamente que se responsabilice a los directivos por las irregularidades.
Incluso hubo un pedido formal de acceso a la información pública para conocer cómo fue seleccionada Teknofood, qué procedimiento administrativo se utilizó, cuáles fueron los dictámenes de los organismos de control, cuáles son las condiciones económicas y qué mecanismos se establecieron para controlar la calidad y el cumplimiento del contrato.
La pregunta en cuestión no es si hubo o existen irregularidades en los comedores escolares, la pregunta es si esas supuestas irregularidades puntuales justifican por sí mismas concentrar la totalidad de las compras de desayunos y meriendas escolares, cientos de millones de pesos, en una sola empresa foránea.