Las elecciones del próximo 16 de noviembre en la República de Chile demostrarán si la gestión del actual presidente, Gabriel Boric, ha dejado terreno fértil para que la seudoizquierda continúe en el gobierno, con Jeannette Jara del Partido Comunista, o si será desplazada por alguno de los representantes de la derecha chilena, como José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (Unión Demócrata Independiente), seguida por Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Franco Parisi (Partido de la Gente). También hay candidaturas independientes, como las de Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, que seguramente tendrán protagonismo en la segunda vuelta.
Votarán alrededor de 15,5 millones de personas, según el padrón electoral, sobre una población total de 20 millones. Se elegirán 155 escaños de la Cámara de Diputados y se renovarán 25 de los 50 senadores. Si nadie obtiene el 50% más uno del total de los votos, habrá segunda vuelta el 14 de diciembre.
El actual gobierno chileno se encamina a ser uno de los dos que ha mostrado las menores tasas de crecimiento económico desde el retorno a las administraciones civiles en 1990: de un promedio de crecimiento del 2,5% se ha pasado al 1,95% en la actualidad. Los bajos niveles de crecimiento son un efecto directo de la falta de inversión y del aumento de la deuda, además de las elevadas tasas de interés fijadas por el Banco Central, que han provocado una depreciación del peso chileno frente al dólar.
Uno de los motivos del alza del precio del dólar es la avidez de los empresarios chilenos por invertir en el extranjero (fuga de capitales), igual que en la Argentina. Parte de esa “inversión” es especulativa, comprando bonos del Tesoro de EE. UU. (¡viva Chile!), acciones o propiedades en Miami, España y Portugal, por un valor de US$ 161.000 millones. Esta burguesía es el “resabio” de la dictadura pinochetista. Apátrida, como la nuestra.
Ahora bien, Chile se encuentra en una disyuntiva: ¿la nueva mayoría electa realizará cambios estructurales o será una coalición surgida de la segunda vuelta para “aggiornar” el capitalismo neoliberal? Porque las reformas planteadas por la expresidenta Michelle Bachelet fueron solo ajustes dentro del sistema neoliberal, no una salida de este, que fue lo que se esperaba cuando fue votada. La mayoría de la gente consultada opinaba que asumiría una coalición política gatopardista, cuyo objetivo sería restaurar la gobernabilidad del capitalismo neoliberal.
Además, se sabe que muchos legisladores, tres exministros de Estado, trece senadores y treinta y siete diputados de las dos principales coaliciones políticas —Alianza por Chile y Concertación Nueva Mayoría— estuvieron involucrados en casos de financiamiento ilegal y fraude tributario por parte de la empresa minera SOQUIMICH, una de las principales del rubro no metálico. Esta empresa, que era estatal, fue privatizada mediante procedimientos fraudulentos en los años 80, pasando a propiedad del yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou (primero la familia, por supuesto).
Entre quienes recibieron financiamiento ilegal por parte de la empresa pinochetista están los de Cambio 21, encargados de recaudar fondos para la campaña de Bachelet. A esto se ha sumado el escándalo —todavía bajo investigación— del hijo de Bachelet, quien en una oscura operación inmobiliaria consiguió un préstamo de apenas US$ 12 millones de parte del banquero Andrónico Luksic, conocido financista de la Concertación Nueva Mayoría y el hombre más rico de Chile.
El escándalo por la corrupción en la política chilena, en el marco de la Nueva Mayoría, a pesar de la incorporación del Partido Comunista a la coalición, no ha afectado en lo esencial la administración del capitalismo neoliberal. El objetivo de los candidatos de derecha es desarmar las movilizaciones sociales que vienen realizándose en Chile desde 2011.
La reforma tributaria incluye la no eliminación del FUT, un mecanismo que permite a los empresarios descontar de sus impuestos el 27% pagado por las empresas. La izquierda, representada por Jeannette Jara, quiere rebajarlo al 18%. Adicionalmente, la reforma tributaria de la derecha propone, en forma magnánima, una rebaja del 40% al 35% del impuesto a la renta de los más ricos. ¿Puede alguien sostener que esta es una reforma estructural?
Otro de los proyectos que están en tramitación en el Parlamento es la reforma laboral, impuesta —como aquí— por el FMI, pero que se anuncia como el fin del Código Laboral de la dictadura. La realidad es que introduce medidas que hacen más difícil la sindicalización y la lucha por los derechos laborales. (¡Ojo, Argentina, que es del mismo manual!).
Una cosa es evidente: los cambios estructurales no vendrán de la mano de partidos políticos que profundizaron el modelo neoliberal de la dictadura y que son financiados por los grandes empresarios. La única manera, tanto en Chile como en la Argentina, es construir una verdadera mayoría política y social con compromiso político.
Fuente: Chile. Rebelión.
