El relevamiento fue realizado por Zuban Córdoba y se llevó a cabo entre el 8 y el 10 de agosto de 2026 sobre una muestra de 1.200 casos de personas mayores de 16 años de todo el país. La encuesta tuvo una modalidad 100% online, con una afijación proporcional, un margen de error de +/- 2,83% y un nivel de confianza del 95%.
Uno de los datos centrales aparece cuando se consulta a los encuestados sobre una afirmación atribuida al canciller Quirno, quien sostuvo que el concepto de soberanía nacional es «anticuado». El 66,7% manifestó estar muy en desacuerdo con esa definición. A ese porcentaje se suma otro 7,6% que dijo estar «algo en desacuerdo». En sentido contrario, el 5,9% expresó estar muy de acuerdo y el 12,9% algo de acuerdo, mientras que el 6,9% respondió que no sabía.
El resultado configura así una diferencia marcada: casi tres de cada cuatro encuestados se ubican en alguna medida en desacuerdo con la idea de que la soberanía nacional sea un concepto superado.
La encuesta también indagó sobre cuál debería ser el rumbo económico e internacional del país. Allí, el 60,5% eligió la opción de «abrirse al mundo pero cuidando los recursos estratégicos». En tanto, un 24,5% consideró que Argentina debería reservar exclusivamente para sí la explotación de todos sus recursos.
La alternativa de una apertura económica internacional sin restricciones obtuvo apenas el 14,2% de las respuestas. Un 0,8% eligió «ninguna» o manifestó no saber.
El dato resulta significativo porque muestra que el rechazo a una apertura irrestricta no necesariamente se traduce en una posición de aislamiento. La opción que reúne mayor consenso es otra: vincular la apertura internacional con la protección de aquellos recursos considerados estratégicos.
Ese criterio aparece con mayor claridad cuando la encuesta plantea tres afirmaciones concretas.
La primera sostiene que los recursos naturales estratégicos, como el litio, las tierras y el agua, deberían quedar mayoritariamente en manos de argentinos. El 81,8% respondió que está de acuerdo, frente a un 16,5% que manifestó estar en desacuerdo y un 1,7% que no supo responder.
La segunda afirma que es más importante proteger la producción y la industria nacional. En este caso, el acuerdo alcanza al 74,1%, mientras que el 23% está en desacuerdo y el 2,9% no sabe.
La tercera plantea que Argentina debe tomar sus decisiones de política exterior en función de su propio interés, sin alinearse automáticamente con potencias extranjeras. El 77,9% se mostró de acuerdo con esa afirmación, contra un 19,6% en desacuerdo y un 2,5% que no respondió.
En conjunto, los tres resultados muestran niveles de acuerdo superiores al 70% en cuestiones vinculadas con la propiedad de los recursos estratégicos, la protección de la industria y la autonomía de la política exterior.
Pero el dato que puede adquirir mayor relevancia política aparece al trasladar esas posiciones al terreno electoral. Ante la pregunta sobre si, pensando en las próximas elecciones presidenciales, consideraría priorizar su voto hacia una propuesta más nacionalista o soberanista en materia de tierras, recursos naturales y relaciones internacionales, el 65,3% respondió que sí.
El 24,3% contestó que no y el 10,4% dijo no saber.
La encuesta, por lo tanto, registra una diferencia entre la valoración de determinados principios y su eventual traducción electoral, pero también deja un dato concreto: casi dos de cada tres consultados dicen estar dispuestos a tener en cuenta una agenda soberanista al momento de votar.
Los resultados adquieren particular interés en un contexto en el que la discusión sobre la apertura económica, la explotación de recursos naturales, las inversiones extranjeras y el alineamiento internacional volvió a ocupar un lugar central en la política argentina.
El relevamiento no permite establecer por sí solo a qué espacio político beneficiarían esas preferencias ni identifica candidatos concretos. Sí muestra, en cambio, que existe un nivel elevado de acuerdo social con la defensa de los recursos estratégicos, la producción nacional y una política exterior basada en intereses propios. Y, sobre todo, que esa agenda podría tener una traducción electoral: el 65,3% afirma que consideraría priorizar una propuesta presidencial que la incorpore.