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Granja Tres Arroyos: sindicatos reclamaron la reincorporación y rechazaron una indemnización del 50%

La primera audiencia de conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos (GTA S.A.) y los sindicatos MOLINEROS y STIA abrió una instancia de negociación por la situación laboral en la planta de Concepción del Uruguay. Los gremios cuestionaron los despidos, reclamaron la reactivación de la fábrica y rechazaron la intención de la empresa de aplicar una indemnización equivalente al 50%. La próxima audiencia fue fijada para el viernes 28 de agosto. La audiencia se realizó ayer en Paraná, en el marco de la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad laboral provincial, luego de los despidos y la paralización de actividades en la planta de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, según información enviada a DIARIOJUNIO.

21 agosto, 2026

8:27 am

Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, representantes de la empresa y de los sindicatos analizaron la situación de los trabajadores y las posibilidades de retomar la actividad. La conciliación obligatoria establece un período de negociación y, en términos generales, busca retrotraer la situación al momento previo a las desvinculaciones mientras las partes intentan alcanzar un acuerdo.

Durante la audiencia, los representantes de los trabajadores plantearon su preocupación por el impacto que la situación tiene sobre cientos de familias de Concepción del Uruguay.

En ese marco, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) presentó un escrito en el que solicitó que se analice la eventual responsabilidad individual, subsidiaria e ilimitada de socios gerentes y accionistas mayoritarios de la firma.

El planteo gremial apunta a que, ante los incumplimientos denunciados, se determine si corresponde extender responsabilidades patrimoniales a los responsables de la empresa, con fundamento en normas de la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial y el Pacto Federal del Trabajo.

Indemnizaciones del 50 %

Uno de los principales puntos de conflicto durante la audiencia fue la intención de la empresa de encuadrar las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Esa norma contempla, ante determinados supuestos de falta o disminución de trabajo o fuerza mayor no imputable al empleador, el pago de una indemnización equivalente a la mitad de la prevista para un despido sin justa causa.

Los sindicatos rechazaron esta posibilidad y argumentaron que la situación no responde a una crisis generalizada del sector avícola, sino a una situación particular de Granja Tres Arroyos y a decisiones empresariales cuyos efectos, sostienen, no deben recaer sobre los trabajadores.

Otro de los reclamos planteados durante la audiencia fue la necesidad de contar con un plan concreto para retomar las actividades y reincorporar a los trabajadores.

Los gremios también expresaron preocupación por quienes continúan vinculados formalmente a la empresa, pero permanecen sin tareas y, según denunciaron, con salarios adeudados y sin certezas respecto de su continuidad laboral.

Desde el sector sindical cuestionaron las demoras y advirtieron que la falta de definiciones dificulta las expectativas de una pronta reactivación de la planta.

La representación de Granja Tres Arroyos, por su parte, manifestó que se encuentra evaluando alternativas y manteniendo conversaciones con acreedores y potenciales inversores. Sin embargo, según señalaron los sindicatos, durante esta primera audiencia no fue presentado un plan concreto para normalizar el funcionamiento de las plantas.

Nueva audiencia

Tras más de dos horas de negociación, la autoridad laboral dispuso un cuarto intermedio y fijó una nueva audiencia para el viernes 28 de agosto a las 12.

De cara a ese encuentro, los sindicatos anticiparon que reclamarán definiciones precisas por parte de la empresa, tanto respecto de la continuidad de los puestos de trabajo como de un eventual esquema de pagos para afrontar los salarios y obligaciones pendientes.

La situación mantiene en vilo a los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay y a sus familias, mientras la conciliación obligatoria abre una nueva instancia para intentar encontrar una salida al conflicto y determinar si existen condiciones para avanzar hacia la reactivación de la actividad.

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