El objetivo de aquella información sumaria era determinar las circunstancias en las que fueron encontrados los cinco bidones de combustible y establecer si existían responsabilidades administrativas por parte de agentes municipales.
Durante la investigación fueron citados a ratificar la denuncia quienes ocupaban por entonces distintos cargos vinculados al área de Obras Viales. El entonces Director de Obras Viales y Mantenimiento, Bruno Gaztambide; el entonces Coordinador General de Mantenimiento de Obras Viales, Santiago D’Avila; y el entonces Coordinador de Calles Sin Pavimentar, Antonio Argentino Continanza, ratificaron la denuncia, según consta en el expediente.
También fue citado a prestar declaración informativa un agente municipal que se desempeña en la Dirección de Calles Sin Pavimentar. El trabajador decidió abstenerse de declarar y posteriormente designó como defensor técnico al abogado Raúl Emiliano Delgado.
Con las actuaciones incorporadas al expediente, el Departamento Sumarios de la Subsecretaría Legal y Técnica consideró que existían elementos suficientes para avanzar con un sumario administrativo. El área sostuvo que la conducta atribuida al agente podía encuadrarse, en principio, en incumplimientos previstos por la Ordenanza N° 11.275/49, que establece entre las obligaciones del personal municipal la prestación adecuada y eficaz del servicio, el cumplimiento de las órdenes impartidas por superiores y la obligación de observar buena conducta.
La Dirección de Asuntos Jurídicos coincidió con ese criterio en su Dictamen N° 1335/26, del 12 de agosto. Allí aconsejó aprobar y clausurar la información sumaria y avanzar con la instrucción de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
El decreto dispone, por un lado, la clausura de la información sumaria iniciada en marzo y, por otro, la apertura formal del nuevo sumario administrativo.
El procedimiento administrativo deberá determinar ahora si el agente tuvo algún grado de responsabilidad en los hechos investigados y, eventualmente, qué sanción podría corresponder. La normativa municipal contempla desde un apercibimiento o suspensiones de hasta 30 días hasta sanciones más severas como la postergación para el ascenso o la retrogradación en el escalafón.
El decreto no establece en esta instancia que haya existido una sustracción de combustible ni determina qué destino tenían los cinco bidones encontrados. Precisamente, el nuevo sumario tendrá como finalidad profundizar sobre las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de lo ocurrido.