La apertura de sobres —que se realizará ese mismo día— marcará el cierre formal de la etapa de propuestas. Sin embargo, no habrá definiciones públicas sobre el ganador, ni sobre cuál oferta económica resultaría la más conveniente para el Estado argentino. Tras esa instancia, el proceso continuará con una evaluación técnica, jurídica y financiera que demandará varias semanas antes de llegar a una adjudicación.
El Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPyVN) han defendido la licitación como un proceso técnicamente sólido, transparente y avalado incluso por estándares internacionales de la ONU, que incluyó audiencias públicas y mesas de diálogo con sectores productivos y cámaras empresarias.
Sin embargo, el debate sobre la calidad jurídica, técnica y ambiental de los pliegos se profundiza a medida que el proceso avanza, con cuestionamientos que vienen de sectores académicos, técnicos y de especialistas en gestión de vías navegables.
Tal es el caso del ingeniero concordiense Hernán Darío Orduna, un referente técnico en temas fluviales, quién publicó un exhaustivo análisis crítico de los pliegos licitatorios, cuestionando la falta de estudios ambientales y hidrosedimentológicos actualizados; la exclusión de las provincias ribereñas —titulares del dominio de los recursos en los ríos según la Constitución Nacional— en la elaboración del pliego y en los mecanismos de control del contrato; el debilitamiento del control estatal a favor intereses privados y un modelo de traza que excluye al Canal Magdalena, más beneficioso para la económica y la soberanía Argentina; entre otros puntos.
Orduna advierte sobre “riesgos graves” en la licitación de la Vía Navegable Troncal