Fuentes municipales aseguraron que el rol de Caprarulo está desprovisto de utilidad, debido a que los trámites ante el IAPSER los realiza el mismo personal de las diferentes áreas y que este asesor, sólo por estar dado de alta como productor de seguros del municipio de Concordia frente al Instituto, habría estado cobrando cifras millonarias en comisiones desde el 2019 hasta fines del 2023.

Las ART (una cápita muy grande estimada en 2.500 empleados), seguros de autos, maquinarias, herramientas, seguros de incendios, seguros de caución y otros tantos más, todo salía con el código del asesor – hoy “Ad Honorem”- Ignacio Caprarulo. Es decir, cobraba comisión por todos y cada uno de los seguros que se emiten con el número de cliente de la municipalidad. Una cifra que -a valores actualizados- rondaría los 20 millones de pesos mensuales en comisión, indicaron.

Y como botón de muestra se especificó que Caprarulo habría comisionado en octubre del año pasado unos 5 millones de pesos en concepto de pólizas comerciales; es decir, sólo por lo que corresponde al parque automotor del municipio.

También explicaron a este medio que lo prescindible de un asesor externo se basa ante nada en una norma provincial del año 1971, refrendada por un decreto del año 2000, que determina la obligatoriedad de contratar con el Instituto. Una decisión que se basó en reforzar la política de seguridad y el resguardo patrimonial de los dineros de los entes públicos en la provincia.

Entonces, ¿qué es lo que haría un asesor externo de seguros para el municipio? ¿Recomendar algo que es obligatorio y por el cuál no hay opciones alternativas para cotejar y contratar? ¿Cobrar comisiones por ocupar el lugar del personal que ya trabaja para el instituto y está calificado y capacitado para brindar el mismo asesoramiento en una agencia que está a 5 cuadras de la municipalidad? Y en su defecto, ¿por qué nombrar un asesor externo por decreto descartando la posibilidad de que otros productores de seguros de la ciudad tengan la oportunidad de brindar el mismo servicio y en las mismas condiciones?

Ignacio Caprarulo comenzó a oficiar de nexo entre el municipio y el IAPSER a finales del 2019, también en calidad de «ad honorem», mediante la resolución Nº11592/19 firmada por el ex intendente Cresto, para que brindar charlas y asesoramiento, y capacitaciones a todas las reparticiones municipales y sus entes descentralizados. Algo de lo que ya se ocupaba, por ejemplo, personal idóneo de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Higiene y Seguridad Laboral del municipio, convocando además a distintos profesionales.

Caprarulo, fue designado cuando el contador Juan Domingo “Palito” Orabona ya tenía más de dos años al frente de la empresa de seguros de la provincia y días después de asumido como presidente Alberto Fernández, cuyo jefe de Gabinete era Santiago Cafiero.  Tanto con Orabona como con Cafiero, a Caprarulo lo vinculan lazos familiares.

Sin embargo, de forma intempestiva, y muy llamativa -incluso para el mismo Caprarulo-, meses antes de terminar su mandato, el 1 de Octubre de 2023, el ex intendente Cresto lo desafectó y designó mediante una nota a CETW Broker de Buenos Aires para que actúe de intermediario entre el municipio y la compañía aseguradora de la provincia. La orden comunicada al IAPSER,  que habría sido arrimada a la agencia local por el ex funcionario Max Klaric, es otra decisión que -siguiendo la misma línea- también carecería de fundamentos. Mientras tanto, de octubre a la fecha, las suculentas comisiones se fueron hacia la city porteña.

Hasta ahora, las gestiones del asesor externo habían transcurrido sin levantar polvareda cuando la nueva gestión volvió a darle el alta como productor designado del municipio, destacando en el decreto la calidad “ad honorem”  y los méritos conseguidos «durante el período 2019/2023». Propios y extraños aseguran que se siente más a gusto con la línea política e ideológica de la actual administración municipal.

Una ley provincial y un decreto afirman que será el IAPSER o no será nada

La obligatoriedad de contratar seguros con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro se formaliza a través del Decreto No 2376/00, que reafirmó y amplió las disposiciones establecidas por la Ley No 5058, vigente desde el 11 de noviembre de 1971.

La normativa establece que la Administración Provincial Central, Municipalidades, Juntas de Fomento, sus entes autárquicos, bancos oficiales, mixtos y empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria deben obligatoriamente contratar todos los seguros, de cualquier clase, con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro.

Entre los puntos claves de la normativa se señala además que las empresas contratistas de obras públicas provinciales o municipales deben contratar obligatoriamente los seguros de Accidentes de Trabajo y otros que el licitante disponga, también las empresas que hayan recibido exenciones impositivas o créditos promocionales, los bancos oficiales o mixtos, ya sean de naturaleza provincial o municipal, el Transporte Interurbano de Pasajeros.
La norma también establece que cualquier funcionario que, en violación de estas disposiciones, admita contrataciones con otros entes aseguradores, exenciones o créditos, será pasible de sanciones previstas en la ley, considerándose el hecho como falta grave en perjuicio de la Administración Pública.