La intervención comenzó el 11 de diciembre de 2024, a apenas siete días hábiles del cierre del ejercicio anual. “Pretender responsabilizar a esta gestión por el resultado completo de 2024 es una maniobra forzada. No se puede atribuir a quienes asumieron en la última semana del año un déficit y un pasivo que se acumularon durante todo el ejercicio”, dijo Otaegui.
El legislador gualeyo subrayó que el propio informe del síndico Giampaolo menciona un crecimiento exponencial del pasivo y un déficit operativo estructural durante 2024. “Lo que hoy algunos presentan como denuncia es, en realidad, la evidencia de por qué el gobernador decidió intervenir. Si el pasivo se multiplicó y el déficit era insostenible, la intervención no fue arbitraria: fue necesaria para evitar un deterioro mayor.”
En relación a las acusaciones contra Ricardo García, el senador Otaegui fue categórico: “Responder con fundamentos técnicos un informe con inconsistencias no es una amenaza. Es ejercer responsabilidad institucional frente a datos que se están utilizando fuera de contexto para generar confusión.”
Asimismo, recordó que los estados contables se encuentran dentro de los plazos legales de presentación ante el Tribunal de Cuentas, órgano competente para su evaluación integral. “No vamos a permitir que el desorden financiero acumulado durante 2024 —que fue precisamente lo que motivó la intervención— se utilice ahora para intentar invertir la carga de la responsabilidad”.
Resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial
El legislador remarcó que los datos difundidos “son contundentes: pérdidas por 25 mil millones de pesos, un pasivo de 56,8 mil millones, opacidad en convenios y compras y demoras sistemáticas en la provisión de información”. En ese sentido, sostuvo que la respuesta oficial, basada en supuestas “inconsistencias técnicas y temporales” sin documentación respaldatoria, “no es una refutación: es una evasión”, había dicho el legislador victoriense.
Sanzberro recordó que la intervención del IOSPER y la posterior creación de la OSER fueron justificadas con promesas de transparencia absoluta, fin de la corrupción y orden financiero. Sin embargo, advirtió que el informe del síndico designado para ejercer control institucional que fue presentado al Senado en cumplimiento de la normativa vigente, “muestra lo contrario: resistencia al control, falta de información y deterioro patrimonial con impacto directo sobre los afiliados”.
“No se trata de interpretaciones ni de debates técnicos. Se trata de datos públicos que surgen de los propios estados contables del organismo y de expedientes administrativos sin respuesta; es decir, información oficial que no ha sido desmentida con evidencia verificable”, subrayó el legislador del PJ.
Asimismo, calificó como “institucionalmente preocupante” la amenaza pública del vicepresidente de la obra social contra el síndico. “Atacar al órgano de fiscalización con advertencias de investigación y sumarios cuando expone irregularidades no es transparencia ni defensa de la gestión: es autoritarismo”, afirmó.
Finalmente, el senador victoriense advirtió que el deterioro de las prestaciones “resulta cada vez más evidente” y que los empleados, jubilados, docentes, personal policial y trabajadores de la salud de Entre Ríos “son quienes pagan las consecuencias directas, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida sostenida del poder adquisitivo que agrava aún más el impacto sobre el acceso a la salud”.