El 7 de marzo, el presidente de EEUU, Donald Trump, y doce mandatarios de América Latina y el Caribe se reunieron en Doral, condado de Miami-Dade, Florida, dando vida a lo que se conoce como el “Escudo de las Américas”. Esta proclama, firmada por los trece gobernantes, entre ellos Javier Milei, José Antonio Kast (Chile), Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras) y José Raúl Mulino (Panamá), prevé un trabajo de coordinación para privar a los “cárteles” criminales y a las asociaciones terroristas extranjeras de todo control territorial y acceso a financiamiento o recursos. Entre los objetivos también está mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas (?) de fuera del hemisferio occidental.
Para esta seudo-cruzada contra el narcoterrorismo, como le gusta llamarlo Trump, EEUU impulsa una especie de plan de cooperación militar multilateral con gobiernos ultraconservadores, abiertamente alineados con el “trumpismo” y los intereses geopolíticos y geoestratégicos de Washington. En todo esto, la lucha contra el narcotráfico tiene poco o nada que ver, y el hecho de no invitar a países política y económicamente poderosos como Brasil, Colombia y México, cuyos gobiernos no siguen servilmente las órdenes de EEUU, solo confirma lo que sus amos les dictan.
Esta es una reedición de la antigua Doctrina Monroe de dominación continental y, al mismo tiempo, un intento de imponer la ideología MAGA. La retórica de la lucha contra el narcotráfico no es más que una fachada que sirve para enmascarar el acelerado proceso de reposicionamiento de EEUU en América Latina, redefiniendo su perímetro de seguridad e intensificando las políticas y la militarización de la región.
Para avanzar con su proyecto, Trump forja alianzas con gobiernos satélites, expresiones de la derecha ultra neoliberal latinoamericana, que garantizan, sea cual fuera el costo o los intereses. Así, los “cacareados” Escudo de las Américas son, en realidad, socavar el proceso de integración e independencia latinoamericana que comenzó con la creación de Alba-Tep y la CELAC, y detener el avance chino y la influencia rusa como principales socios comerciales de Centro y Sudamérica. En la actualidad, más de veinte países del continente han firmado memorandos de entendimiento para participar en la Belt and Road Initiative (Nueva Ruta de la Seda).
Pero, en particular, los EEUU quieren garantizar el control de los recursos estratégicos y los corredores logísticos, muy a menudo en manos de contratistas chinos. Para eso no trepidan en utilizar “armas judiciales”, como lo que sucedió con la Panamá Ports Company, de CK Hutchison, con sede en Hong Kong. EEUU ejerció presión en la justicia panameña y la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las concesiones para operar en las terminales de Balboa y Cristóbal del Canal de Panamá (¿se nos viene una guerra comercial?).
Esta situación había sido señalada y condenada como “amenaza directa” por el secretario de Estado, Marco Rubio, obteniendo el apoyo directo en la ONU de otros gobiernos satélites y vasallos como Israel, Ucrania, Honduras y Perú, a lo que se le suma la militarización del Caribe, con el secuestro ilegal de Maduro, las amenazas contra los gobiernos de Brasil, Colombia y México, junto con el endurecimiento del bloqueo contra Cuba, destinado a estrangular el sector energético y criminalizando a las brigadas médicas dispersas por todo el mundo, y aislando a la isla de Cuba desde el punto de vista de suministros vitales. Es que a Marco Rubio, hijo de un “gusano” cubano expulsado de Cuba luego de la Revolución Cubana, le dura el “resentimiento”, que es directamente proporcional a su incapacidad para ejercer el cargo, puesto allí por Myrian Adhelshon, multimillonaria aportante de la campaña de Trump.
O sea que estamos en presencia de quien se cree rey y pretende imponer reglas de gobierno en su beneficio, o sino que se atengan a las consecuencias. Es increíble que, después de venir de más de 500 años de colonialismo, haya que soportar una versión actualizada de un crimen de saqueo a lo largo de los siglos, que, por desgracia, siempre cuenta con la colaboración de algunos gobiernos cipayos, como el nuestro, dispuestos a sacrificar a sus propios pueblos para garantizar los intereses económicos y geoestratégicos de un “amo” que preside una nación en absoluta decadencia económica, militar y política. El precio de formar parte del Escudo de las Américas es la anulación definitiva de las autonomías nacionales en favor de una hegemonía perenne y una militarización constante.
Para que se entienda bien, una soberanía que, de principio, es inviolable, se convierte en una variable negociable.
Esto se corresponde con lo que se estableció como una prioridad en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSI) para el 2025-2026. Con el pretexto de combatir los cárteles latinoamericanos como “organizaciones terroristas” extranjeras, permite legalizar operaciones militares extraterritoriales y congelar activos. Esta fusión entre “guerra contra las drogas” y “guerra contra el terrorismo” convierte a los territorios soberanos en áreas de acción geoestratégicas, en las que la presencia militar de EEUU se normaliza como una función de seguridad. Dicho Escudo opera como un instrumento de proyección de poder en un hemisferio que siempre los yanquis han considerado su “patio trasero”, descartando los conceptos simulados de cooperación solidaria y autodeterminación de los pueblos.
A los pueblos latinoamericanos no nos queda otra que fortalecer la visión y la acción antiimperialista, y saber resistir y denunciar las estrategias anticolonialistas. Así como Irán demostró al mundo su capacidad de resistencia, Latinoamérica solidaria debe comenzar un nuevo movimiento emancipatorio antes de que sea demasiado tarde.
Fuente: con información de Prensa Alternativa