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Judiciales de Entre Ríos inician medidas de fuerza en reclamo de salarios y beneficios adeudados
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) resolvió iniciar un plan de lucha con asambleas y retención de servicios en todas sus filiales, en reclamo de recomposición salarial, pago de haberes en tiempo y forma y cumplimiento de beneficios establecidos por ley. Según el comunicado oficial publicado en redes sociales, las medidas comenzarán el martes 16 de septiembre y se extenderán durante dos semanas.
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La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) definió el inicio de medidas de fuerza tras un plenario provincial realizado el pasado viernes 12 en la ciudad de La Paz, con la presencia de delegados de las 13 filiales de la organización sindical.

En ese marco, se resolvió convocar a asambleas con retención de servicios los días martes y viernes, de 11 a 13 horas, durante dos semanas consecutivas, comenzando el próximo martes 16 de septiembre.

Desde la conducción del gremio detallaron que la decisión responde a “la necesidad de una equiparación salarial, al pago de los haberes en tiempo y forma, al reconocimiento del título secundario, terciario y universitario –tal como lo establecen los artículos 56 y 60 de la Ley 5.143– y al pago de la bonificación por tareas especiales para notificadores y evisceradores”.

En el comunicado difundido tras el plenario, AJER subrayó que el sueldo de un escribiente judicial se ubica en $977.000, un monto por debajo del costo de la canasta básica, lo que evidencia “el grave deterioro de los salarios de los y las trabajadoras judiciales”.

Ante esa situación, el sindicato remarcó que su reclamo apunta a la equiparación con los sueldos del Poder Judicial de la Nación, en línea con el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea” establecido en el artículo 14 bis.

La dirigencia judicial advirtió que las medidas definidas tienen carácter inicial y que, pasado el período de dos semanas, se evaluará la continuidad o profundización del plan de lucha según la evolución de las negociaciones.

“Este es un paso necesario para visibilizar la problemática que atraviesan los trabajadores y trabajadoras judiciales de Entre Ríos, quienes sostienen el funcionamiento de la justicia en condiciones cada vez más críticas”, concluyeron.

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