El recurso fue interpuesto por los letrados Blanca Graciela Chiappa y Carlos María Conti, quienes consideran que la decisión del magistrado lesiona el principio de defensa en juicio y el debido proceso de su defendido. Según el escrito presentado, la resolución de Bastián desestimó sin análisis el pedido de inhibición que habían formulado  ambos letrados en noviembre de 2024 y basó su argumentación únicamente en el planteo realizado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

La defensa de Kueider alega que la continuidad de la investigación en la justicia provincial genera un «gravamen irreparable», ya que el exsenador está siendo investigado simultáneamente en dos jurisdicciones distintas y se han ordenado medidas probatorias en ambas. Además, argumentan que su cliente se encuentra actualmente detenido en un país limítrofe, lo que obstaculiza su participación en los procesos judiciales en curso.

En el recurso también se formula una «reserva de caso federal», anticipando que, en caso de obtener una resolución desfavorable, recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por presuntas vulneraciones a derechos y garantías constitucionales.

Ahora, el Tribunal Superior de Apelaciones deberá resolver el planteo de los abogados defensores de Kueider.

El fallo de Bastián y los argumentos de la fiscalía

La resolución apelada, dictada el 10 de marzo de 2025, confirmó la competencia provincial en la causa contra Kueider y rechazó la pretensión de Arroyo Salgado de trasladar la investigación al fuero federal de San Isidro. En su dictamen, el juez Bastián sostuvo que «no existen razones materiales ni jurídicas» para que la justicia federal intervenga en los hechos investigados, ocurridos cuando Kueider se desempeñaba como funcionario público en Entre Ríos.

El magistrado avaló los argumentos del fiscal José Emiliano Arias, quien destacó que la investigación iniciada en la fiscalía de Concordia el 19 de junio de 2024 precedió a la denuncia presentada en el juzgado de Arroyo Salgado el 2 de julio del mismo año. Además, Arias puntualizó que la acusación por enriquecimiento ilícito contra Kueider está vinculada a su desempeño como concejal de Concordia (1999-2003), secretario de Gestión Participativa para el Desarrollo Local (2008-2015) y secretario general de la Gobernación de Entre Ríos (2015-2019), lo que justificaría la intervención de la justicia entrerriana.

En su resolución, Bastián dejó abierta la posibilidad de que, si la jueza federal de San Isidro insiste en su pretensión de intervenir, el conflicto de competencia sea dirimido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.