La diputada nacional Blanca Osuna presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante el Instituto Portuario de Entre Ríos, con el objetivo de obtener detalles sobre el convenio firmado entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy, el Instituto Portuario Provincial (IPPER) y la empresa P.T.P Warrant S.A.. La solicitud está dirigida al presidente del organismo, Martín Anguiano, y busca garantizar la transparencia en un acuerdo que otorga a la empresa un permiso de uso oneroso para realizar obras en el puerto de Ibicuy.
Osuna destacó que el convenio, anunciado por el gobierno provincial, compromete una inversión de 12 millones de dólares en infraestructura portuaria, lo que en principio parece una oportunidad para la región. Sin embargo, subrayó la falta de información pública sobre las condiciones del acuerdo y el detalle del plan de obras, lo que genera inquietud: «Nos asiste el derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos. Queremos conocer las condiciones en que se otorgó este convenio, qué compromisos asumió la empresa y cómo impactará en el futuro del puerto y la comunidad de Ibicuy”, expresó la diputada.
El puerto de Ibicuy, ubicado en el sur de Entre Ríos, es una terminal clave para la exportación, con conectividad terrestre por ferrocarril y la Ruta Provincial 45. Según Osuna, esta infraestructura requiere una gestión transparente, ya que su desarrollo afecta tanto a la economía como al ambiente de la región.
Osuna también recordó su labor en 2008, cuando gestionó la transferencia de 100 hectáreas al dominio provincial para potenciar el desarrollo del puerto. Para la legisladora, cualquier concesión a título oneroso debe ser clara y beneficiosa para la comunidad: «Las decisiones deben ser responsables y pensadas en función del bien común.»
Los antecedentes de P.T.P Warrant S.A.
En 2019, la empresa enfrentó la clausura de una instalación ilegal en Ramallo, provincia de Buenos Aires, por operar sin el Certificado de Aptitud Ambiental. La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones de San Nicolás tras denuncias de la Unión de Vecinos por el Ambiente (UPVA).
El caso reveló irregularidades como que la planta, instalada cerca del arroyo Marcone, manipulaba sustancias peligrosas sin controles adecuados. En sus registros, la empresa figuraba primero como estacionamiento, luego como frigorífico de pollos y finalmente como acopiadora de agrotóxicos.
Uno de los episodios más graves ocurrió en 2017, cuando un operario falleció debido al colapso de una tolva en malas condiciones de mantenimiento. A pesar de múltiples denuncias por incumplimientos ambientales y administrativos, las autoridades locales permitieron la continuidad de estas actividades, lo que organizaciones como la UPVA calificaron como «complicidad política».
El historial de P.T.P Warrant S.A. también despierta dudas sobre sus verdaderas intenciones respecto del puerto entrerriano: La concesión del puerto de Ibicuy estaría directamente vinculada a un negocio ya establecido que incluye una planta de celulosa en Paraguay. La celulosa producida allí sería transportada por la hidrovía del Paraná hasta Ibicuy en barcazas. Desde ese punto, las cargas serían transbordadas a otras embarcaciones con destino al puerto de Nueva Palmira, en Uruguay. Este esquema logístico parecería ser el único propósito detrás de la concesión otorgada, dejando en un segundo plano el desarrollo integral del puerto de Ibicuy, que no sería una prioridad en los planes de la empresa.
En 2021, El presidente del holding argentino, Guillermo Misiano, le presentó al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou el proyecto de un puerto franco en Nueva Palmira, señalando que “potencia el rol de Uruguay como punto Pivot en la Hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, y facilita a los países mediterráneos del hinterland el acceso a los mercados internacionales de forma sustentable”.
