El Gobierno de Entre Ríos informó que durante los últimos dos años regularizó la ocupación de unas 124.000 hectáreas de tierras fiscales, una superficie que representa aproximadamente el 65% del total de terrenos de propiedad provincial.
Según la información oficial, al inicio de la actual gestión una parte mayoritaria de esas tierras se encontraba ocupada de manera irregular o clandestina y no existía un control sistemático sobre sus usos. La regularización se realizó mediante el otorgamiento de permisos de uso de suelo con carácter oneroso, es decir, con un canon que genera ingresos para las arcas provinciales.
La mayor parte de las tierras fiscales entrerrianas se encuentra en el Delta del Paraná, especialmente en los departamentos Gualeguay y Victoria. Se trata de una superficie que, hasta ahora, tenía distintos niveles de ocupación y aprovechamiento productivo.
El proceso comenzó a través del programa de Regularización de la Ocupación de las Tierras Fiscales y ahora quedó bajo la órbita de la Agencia Administradora de Bienes de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), creada recientemente por el Gobierno provincial.
La nueva agencia tiene entre sus objetivos completar el relevamiento de las tierras fiscales y establecer un esquema de administración de los inmuebles provinciales. Para eso prevé realizar un inventario de los 200 lotes de propiedad de la Provincia, con información sobre sus características productivas y su valor locativo.
Ese relevamiento apunta, entre otras cuestiones, a revisar cómo se calculan actualmente los cánones que pagan quienes utilizan las tierras. Desde la Aabiper reconocieron que hoy los permisos se determinan en muchos casos mediante criterios generales y que no existe información suficientemente precisa sobre el potencial productivo y económico de cada inmueble.
El titular de la agencia, Eduardo Asueta, señaló que el objetivo es contar con información detallada sobre cada terreno para establecer valores de uso más ajustados a sus características.
La Provincia también anunció que pretende avanzar hacia un sistema público de administración de los inmuebles fiscales, con información sobre los terrenos y los contratos de uso oneroso. La intención oficial es que el acceso a esos permisos se realice bajo mecanismos transparentes y abiertos.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, vinculó el proceso con la decisión de la actual gestión de revisar el patrimonio inmobiliario provincial y establecer mecanismos de control sobre su utilización.