Según el Gobierno, la implementación total de la ley demandaría más de un billón de pesos en 2025 y alrededor de dos billones en 2026, montos que no cuentan con fuentes de financiamiento específicas. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, sentenció Milei al defender la medida.
Qué proponía la ley
La iniciativa obligaba al Ejecutivo a actualizar, desde el 1º de enero de 2025, los montos destinados al funcionamiento de las universidades públicas, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente al período mayo-diciembre de 2024.
La actualización alcanzaba a las partidas vinculadas a funcionamiento universitario, hospitales universitarios, fortalecimiento de la ciencia y la técnica, actividades de extensión. Además, establecía una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento durante todo 2025, también en base a la inflación medida por el IPC.
Otro de los puntos centrales era la recomposición salarial para el personal docente y no docente de las universidades públicas, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, con un incremento no inferior a la inflación acumulada. Esa suba debía incorporarse al salario básico en forma remunerativa y bonificable.
El texto también ordenaba recomponer las becas estudiantiles (Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras), ajustándolas por IPC, y preveía un incremento progresivo en la cantidad de beneficios según el crecimiento de la matrícula en los niveles medio y superior.
Transparencia y control
La ley vetada también contemplaba un esquema de control más estricto: la Auditoría General de la Nación (AGN) debía fiscalizar el uso de los recursos en universidades públicas y enviar sus informes al Congreso, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, el Ejecutivo quedaba intimado a garantizar los créditos presupuestarios necesarios para sostener los servicios universitarios, sin afectar la coparticipación federal ni los aportes provinciales.
Argumentos del Gobierno
El veto se amparó en la Ley de Administración Financiera (24.156), que exige que cualquier norma que implique gastos especifique los recursos concretos para financiarlos. Según el Ejecutivo, el proyecto aprobado por el Congreso “no cumple este requisito fundamental” y obligaría a obtener recursos extraordinarios e imprevistos, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.
