La normativa, que aún debe ser reglamentada por el Ejecutivo para su plena implementación, obliga a todos los comercios y servicios privados dentro del ejido de Concordia a cumplir con dos medidas centrales:

⦁ Exhibir un cartel visible con los datos de contacto de la Dirección de Defensa del Consumidor, incluyendo dirección, teléfono, horario de atención, sitio web y un código QR de acceso directo.

⦁ Disponer de un “Libro de Quejas, Sugerencias y Reclamos”, rubricado y foliado oficialmente, donde los consumidores puedan dejar asentados sus comentarios, reclamos o experiencias. El comercio debe entregar una copia firmada al consumidor y remitir otra a la Dirección en un plazo máximo de 10 días hábiles. Esta medida no alcanzará a la totalidad de los comercios de la Ciudad, sino que se implementará para los de mayores dimensiones, exceptuando a los pequeños comercios.

La iniciativa fue impulsada por la concejal del oficialismo, Eliana Lagraña. DIARIOJUNIO intentó contactarse con la autora del proyecto pero, hasta el momento de cierre de la nota, no hubo respuesta.

El director de Defensa del Consumidor y Atención Ciudadana, Guido Di Gioia, dijo esta mañana que la ordenanza busca garantizar el ejercicio efectivo a los derechos a la información de los consumidores, a ser escuchados y poder reclamar. La intención es que sepan dónde hacer los reclamos y dónde poder recibir información como consumidores. «Cuáles son sus derechos y dónde hacerlos efectivos», remarcó.

Di Gioia sostuvo que el cartel que debe exhibirse al público tiene que tener un código QR con otros datos. «El QR va a estar programado para que lleve al apartado de Defensa del Consumidor de la página web y nosotros vamos cargando periódicamente información sobre qué se puede y cómo reclamar», manifestó. Los reclamos se pueden presentar a nivel nacional o local.

«Los reclamos son constantes. Nunca se para de hacer reclamos. Mayormente son del rubro financiero: bancos, casas de préstamos, todas cuestiones relativas a eso», indicó el responsable de la repartición. «En un banco hay contrataciones de seguros que no fueron solicitados o que, dentro del paquete, no sabían que venían con un seguro», indicó. Con las renovaciones de tarjetas sucede algo similar. «Llegan las tarjetas al domicilio, uno no las usa pero quedan las tarjetas activas. Después viene el costo de renovación y ahí recién el cliente se da cuenta de que esa tarjeta está activa más allá de que no la usa».

Además, muchas personas se han quejado por los planes de ahorro, por falta de servicio técnico por compra de electrodomésticos.

Asimismo, Di Gioia dijo que también hay quejas por trato inadecuado, falta de información o incumplimiento de alguna condición pautada por contrato.

El director de Defensa del Consumidor indicó que están próximos a mudarse desde el inmueble actual, Avellaneda 26, a las oficinas que ocupaba el Ente de Carnaval en la ex Estación Concordia Norte y una oficina donde funcionaba la gerencia de Radio Ciudadana. «No la parte de la Radio en sí», aclaró.

Respecto de la obligación de contar con Libro de Quejas. Di Gioia sostuvo que van a convocar a las diversas instituciones de la ciudad para saber qué comercios van a estar obligados y cuáles exceptuados. Eso deberá estar detallado en la reglamentación que aún no realizó el Ejecutivo. El funcionario remarcó que se tiene previsto que sea exigible para los grandes comercios. Y no para los pequeños comercios barriales. «Sería una cuestión que prácticamente ni siquiera se podría llevar a cabo».

Para Defensa del Consumidor, es importante tener constancia del reclamo que haya hecho tal o cual cliente. «Muchas veces son cosas que los vecinos no pueden comprobar que estuvo tal día a tal hora en tal lugar. Es una prueba que el vecino tiene», dijo.

Por su parte, el presidente del CCISC (Centro de Industria, Comercio y Servicios de Concordia), Adrián Lampazzi, expresó que en principio no cree que vaya a generar ningún inconveniente. «Falta hacer la reglamentación para ver a qué apuntan. Y les pedí que pudiésemos participar para dar una opinión», acotó. Asimismo, sostuvo que el libro de quejas ya existe en los comercios grandes y que la calidad de atención al cliente debe mejorar siempre.

¿Sanciones simbólicas?

La ordenanza también establece sanciones económicas por incumplimiento y promueve convenios de difusión con cámaras empresariales, asociaciones y colegios profesionales. «Son sanciones muy chicas: de 1 a 5 juristas. El jurista está reglamentado en $ 17.000», indicó Di Gioia. «El espíritu de la norma no es la sanción a los comercios sino el cumplimiento», añadió.

Lampazzi remarcó que no estaba reglamentado el capítulo de las sanciones. «En la ordenanza no dice montos, no dice nada». Además, señaló que tenía entendido que iba a ser algo «simbólico». El comercio no está en condiciones de seguir soportando penalidades económicas. «Quizás se pueda hacer alguna otra cuestión pero no seguir sacando dinero. No es el camino», remarcó. No obstante, una sanción de cinco juristas ($ 85.000), para algunos comercios chicos, no es una cifra simbólica.

«Tenemos experiencias del pasado que no han sido positivas. Estamos alerta a eso», indicó. Lampazzi recordó que ha sufrido multas por cuestiones «insólitas». En una oportunidad, hace uno o dos años, recibió una queja por una ordenanza que establece la prohibición de publicidades en los comercios por bebidas alcohólicas hacia el exterior. «Tenia el cartelito que dice ‘abierto’ y ‘cerrado’ con la publicidad de una cerveza. Por eso me hicieron una queja y tengo la copia del acta. Tengo todo; no me la contaron».

Además, Lampazzi sostuvo que durante la pandemia recibieron multas «de manera despiadada». Y los motivos fueron: «por buscarle el pelo al huevo, básicamente».

«Si hay una penalidad, no tiene por qué ser una cuestión económica que ponga en riesgo una fuente de trabajo. A veces se pueden utilizar otras medidas». Máxime aún cuando no se trata de una falta por razones de peso. «La falta de un cartel no es una cuestión grave».

A eso le sumó la cantidad de carteles que son exigibles. «Hay un hastío de carteles. Es obligatorio el cartel de la AFIP, de la Municipalidad, de ATER, de Defensa del Consumidor, de la Dirección de Trabajo. Son carteles, carteles y carteles que hay que tener pegados en la pared que causan mal humor, al menos», indicó Lampazzi.

La situación del comercio no es la mejor. «No está el horno para bollos y esto causa un poco de fastidio», añadió.