La reciente denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género, ocupa los titulares de los principales medios de comunicación del país – no sólo por el contenido de la acusación, sino por la relevancia de los involucrados – y plantea serios interrogantes sobre el tratamiento que se le está dando a un tema tan sensible y las implicancias que esto tiene para las víctimas y la sociedad en su conjunto.
Para la abogada María de los Ángeles Petit, está claro que el foco fue desviado hacia las implicancias políticas del caso, en vez de la gravedad que siginifca la violencia de género y el acompañamiento a las víctimas. «Y un claro ejemplo de ello es la actuación del Juez Federal Ercolini quien, a pesar de no tener competencia directa en casos de violencia de género, decidió intervenir y hacer pública una denuncia que es exclusivamente de acción privada, desestimando absolutamente todos los protocolos establecidos, revictimizando a la denunciante y prácticamente obligándola a exponer su caso a sabiendas de lo que podía causar ante la sociedad»
Como fundamento de ello, recuerda que «denunciar un caso de violencia de género es un proceso sumamente complejo y doloroso para la víctima, que requiere atravesar diversas etapas emocionales y psicológicas hasta sentirse lo suficientemente segura como para hablar de su situación». Por eso, «el manejo inadecuado de estos casos, como el visto en este contexto, puede causar un daño psicológico irreversible en la víctima. Cuestión que no ha sido tenido en cuenta ni por el juez, ni por los periodistas, ni por los dirigentes políticos hombres y mujeres que han hablado en las últimas horas».
En cuanto a si lo ocurrido aquí pone de manifiesto el retroceso en Argentina respecto a prevención y actuación en Violencia de género, Petit consideró: «las mujeres en general han logrado mucho en los últimos años. Han logrado poner el tema en la agenda, que se construyan centros de la mujer, que haya refugios, que se establezcan protocolos de actuación, que se aprueben leyes como la licencia laboral para las víctimas, que puedan acceder a determinados beneficios en vivienda, en acción social, o el mismo programa Acompañar. Pero todo eso fue dejado de lado por este gobierno».
«Yo te puedo afirmar que hoy en la Argentina, en la provincia de Entre Ríos y en Concordia, no existen políticas de prevención de violencia de género. Que todo lo que se había hecho hoy ya no existe y a nadie le interesa el tema porque está fuera de agenda. O sea, lo poco que se está haciendo es por parte del sistema judicial, porque son los fiscales y los jueces de familia quienes toman generalmente estos casos y porque la mayoría son violencias intrafamiliares. Ellos son quienes aplican la perspectiva de género y las leyes que están vigentes, pero tanto la seguridad como el Estado, y fundamentalmente el Estado, hoy no están presentes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y eso se nota», afirmó.
«Hay que ser muy serios y seguir todo un protocolo de actuación que yo estoy convencida que el juez Ercolini lo ha violado en todos los aspectos», insistió Petit. «Incluso, la famosa Ley Micaela que se aprobó hace algunos años y que obligó a los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno a conocer y a tratar el tema de la violencia de género, no ha servido para nada. En las últimas 48 horas quedó demostrado que se tiene una total ignorancia del tema y sobre todo del procedimiento, no sólo exponiendo como atípicos hechos que son normales dentro de un proceso de violencia de género, sino además revictimizando una y otra vez a la mujer, lo cual claramente nos hace retroceder»,concluyó.
