En el marco de la causa por violencia de género, el juez federal, Julián Ercolini, procesó al ex presidente Alberto Fernández, tras encontrarlo responsable por los delitos de lesiones y amenazas contra su ex pareja, Fabiola Yáñez, lo que podría significar una pena de hasta 18 años de cárcel. Además, registró DIARIOJUNIO, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10  ordenó el embargo de sus bienes por un monto de $10 millones y decidió dejar sin efecto la prohibición para salir del país, dictada en agosto del 2024.

Pasadas las 18.30 de este domingo, al menos dos sujetos a bordo de una camioneta Ford 100 ingresaron a la vivienda familiar del fiscal Jesús Penayo Amaya, en calle San Juan, y se llevaron desde cocina, colchones, microondas y lavarropas, hasta juguetes de sus hijos. "La casa estaba recientemente deshabitada y con todo preparado para mudarla a la ciudad de Colón, porque a principio de febrero asume allá como Juez de Garantías", comentó en DIARIOJUNIO un allegado al fiscal y agregó: "Entraron por un portón y los vaciaron con total tranquilidad, por lo que estoy seguro que alguien los vendió a sabiendas de que nadie iba a llegar". 

El resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo del juez federal, Pablo Seró, revela que su muerte se produjo por un trauma cerrado de cráneo y lesiones abdominales, tras caer al vacío en un edificio en Concepción del Uruguay. La investigación del caso  quedó en manos de la fiscal, María Occhi y aunque aún se barajan todas las hipótesis, la principal conjetura sigue siendo la autodeterminación. 

La reciente denuncia por violencia de género que la ex primera dama, Fabiola Yañez formuló contra el ex presidente, Alberto Fernández, ha generado una intensa polémica en la esfera pública y política de Argentina. En ese sentido, DIARIOJUNIO se comunicó con la abogada especializada en esta problemática, María de los Ángeles Petit, quien manifestó su postura al respecto y el tratamiento que la Justicia y los medios de comunicación hicieron sobre el tema. “Lo que debería ser una discusión centrada en el grave problema de la violencia de género, ha sido desvirtuada hacia el ámbito de la lucha política. Está claro que se violaron todos los protocolos de actuación con la víctima, y quedó en evidencia que todo lo que se había hecho hasta hoy en materia de prevención y actuación, fue dejado de lado".