El llamado no fue comunicado oficialmente por el municipio. La novedad surgió a partir de la publicación del expediente en el Portal de Transparencia, donde se puede constatar la apertura de la Licitación Pública N° 1/2026 (Expediente N° 3401), con un presupuesto oficial de $16.320 millones y un plazo de 48 meses.
El cronograma establece que la apertura de sobres se realizará el 13 de agosto, por lo que las empresas interesadas dispondrán de menos de 25 días para preparar y presentar sus ofertas en una contratación que, por su magnitud económica y complejidad técnica, constituye una de las más importantes de la actual gestión.
El pliego exige que los oferentes acrediten una propuesta técnica integral, equipamiento, personal, base operativa, sistemas de monitoreo satelital, plan de contingencias, programa de mantenimiento, estructura administrativa y capacidad para prestar el servicio en las ocho zonas operativas de la ciudad durante cuatro años.
Vistos los número, el promedio mensual de la nueva licitación sería de $339.583.333. Una cifra muy superior a los $250 millones mensuales del ontrato inicial con VITSA (marzo)
Tapar, remendar, emprolijar…
La convocatoria aparece luego de la cuestionada contratación de VITSA Soluciones Ambientales S.A., firma cordobesa que comenzó a operar a fines de marzo tras la aprobación, sobre tablas, de una Emergencia Ambiental -con la excusa de erradicar microbasurales, tarea que la empresa contratada no realiza– que habilitó al Ejecutivo a contratar directamente una firma privada sin realizar una licitación pública.
Ese mismo 19 de marzo el municipio firmó el contrato con la empresa cordobesa, que fijó un valor inicial de $250 millones mensuales, con actualización trimestral de precios -valor que ya habría sido actualizado en alrededor de 290 millones de pesos- y una vigencia inicial de seis meses, prorrogable automáticamente por otro período igual.
Desde entonces, el procedimiento acumuló distintos puntos grises. Entre ellos, que los camiones de la empresa ya se encontraban en la ciudad antes de que el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza de emergencia; que el trámite administrativo se completó en pocas horas; y que la contratación de un servicio público de esa magnitud se realizó sin licitación.
Posteriormente, DIARIOJUNIO informó que VITSA no figuraba inscripta como contribuyente de la Tasa Comercial municipal y que tampoco contaba con habilitación para la base operativa instalada en el predio de la ex Tabacalera del Litoral, desde donde presta el servicio.
Más tarde se conoció el contrato celebrado entre el municipio y la empresa, que incluyó una cláusula de confidencialidad de cinco años y estableció como equipamiento mínimo apenas tres camiones compactadores, una unidad de supervisión, una de mantenimiento y 22 trabajadores para cubrir las ocho zonas concesionadas.
Finalmente todo derivó en una denuncia penal presentada por el abogado Mariano Giampaolo, quien solicitó investigar al intendente Francisco Azcué, a funcionarios municipales, directivos de la empresa y concejales que aprobaron la Emergencia Ambiental. La presentación sostiene que existió una contratación previamente acordada y que el procedimiento administrativo y legislativo habría servido para otorgarle apariencia de legalidad.
Hasta el momento, sobre esta denuncia no se conocen medidas impulsadas desde la fiscalía a cargo de Martín Núñez, donde recayó la investigación. No trascendieron requerimientos de documentación, pedidos de informes ni otras actuaciones vinculadas al avance del expediente.
Menos de 25 días para una contratación de más de $16.300 millones
El llamado, que exige una extensa documentación técnica, económica y operativa, se produce cuando el sistema mixto de recolección ya se encuentra plenamente implementado, con la empresa privada prestando servicio desde hace cuatro meses en ocho sectores de la ciudad. Por lo que no se explica cuál es la razón de fijar un cronograma tan acotado para una licitación de semejante envergadura.
La apertura de sobres quedó fijada para el 13 de agosto a las 9:30, fecha en la que se conocerá cuántas empresas decidieron competir por uno de los contratos de mayor volumen económico de la administración municipal y si el plazo establecido resultó suficiente para garantizar una concurrencia efectiva de oferentes.
2 comentarios
Logron
Obvio, que hicieron de prueba estos meses, con Vista, y si funcionaba, llamarían a concurso municipal, para proveer, el servicio de recolección municipal, a un privado. Y ahora le dan, viso legal. Parece, como en el poder judicial. Entran trabajan un tiempo los abogados, y luego van a «concurso», y el «mejor acomodado», gana el puesto. Es una suposición?
Veridico
16.300 millones le van a dar a un privado? ¿Con esa plata no pueden comprar toda una flota de camiones recolectores para la Municipalidad y prestar un eficiente servicio con personal municipal capacitado?