En la carta, los gremios responden una carta emitida el 4 de julio por Azcué. En declaraciones radiales, el mandatario radical confirmó que la reducción de contratos fue producto de un análisis interno llevado adelante por cada secretaría del gabinete municipal, y que incluso hubo casos que se reconsideraron tras reuniones con los gremios. Sin embargo, sostuvo que el recorte es parte de una política estructural de eficiencia, ya que el gasto en personal representa uno de los rubros más importantes en el presupuesto municipal. “No podemos tener ocho administrativos donde se necesitan dos. Eso es ineficiencia”.

Pero los gremios rechazaron que las decisiones adoptadas fuesen tomadas luego de un ‘riguroso análisis de cada situación particular”. “Esta afirmación resulta, a todas luces, una falacia”. “De haberse realizado un estudio pormenorizado y serio, inevitablemente debería haberse advertido que entre los trabajadores a quienes no se les renovaron sus contratos se encuentran personas con más de 10 e incluso 15 años de antigüedad en funciones esenciales dentro del Municipio, todas ellas desempeñadas con responsabilidad, compromiso y eficacia”, consignaron.

Además, sostuvieron que los trabajadores, lejos de haber sido ocasionales o eventuales, “han sido víctimas de una situación de precarización laboral sostenida por distintas gestiones municipales, que sistemáticamente omitieron su regularización». «Hoy, como resultado de su accionar el que consideramos arbitrario e insensible, se encuentran sin empleo y sin ningún tipo de compensación, pese a sus años de servicio”, sostuvieron.

Los gremios le reprochan el recorte llevado a cabo, bajo el pretexto de “ajuste” presupuestario, por carece de “sustento en criterios objetivos y verificables, sino que además demuestra una falta total de empatía y conciencia social por parte del ejecutivo municipal”.

“Como organizaciones sindicales, no podemos ignorar ni dejar pasar por alto este tipo de decisiones que violan derechos fundamentales, afectan vidas y profundizan la desigualdad. Frente a este tipo de actos, la acción sindical se torna indispensable para la defensa colectiva de los derechos laborales y sociales”, dejaron en claro.

Por otro lado, en cuanto a las facultades para convocar medidas de fuerza de carácter general, señalaron que, el derecho de huelga está amparado constitucionalmente en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, sin limitar su ejercicio a los sindicatos con personería gremial. “La Ley 23.551, en su artículo 2, establece que dicha norma regirá para todas las asociaciones que tengan por objeto la defensa de los derechos de los trabajadores, otorgando a todas las asociaciones sindicales el derecho a adoptar medidas de acción sindical del carácter que consideren necesario en protección de los derechos laborales. Así lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) al establecer que: ‘El derecho de huelga es un derecho constitucional que no está limitado a sindicatos con personería gremial’”, indicaron.

Asimismo, los gremios recalcan que la CSJN más alto tribunal declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley N° 23.551 que cercenan la posibilidad de que las asociaciones simplemente inscriptas representen intereses gremiales, por considerar que tales restricciones violan el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio N° 87 de la OIT, que integra el bloque de constitucionalidad federal.

Sostuvieron también que la Corte indicó que el derecho “está inequívocamente reconocido por las aludidas normas de jerarquía constitucional”, y que cualquier norma que lo limite resulta incompatible con los principios constitucionales, “en la medida en que los privilegios que en esta materia otorga a las asociaciones con personería gremial, en desmedro de las simplemente inscriptas, exceden el margen autorizado por las primeras”.

Por último, en relación con la alusión a la facultad de descontar el salario a los trabajadores que no presten tareas durante la jornada de movilización convocada, manifestamos que si bien es cierto que el empleador puede, en determinadas circunstancias, efectuar descuentos salariales por días no trabajados, “su utilización en este contexto constituye una herramienta de presión y coerción, que evidencia una vez más el accionar arbitrario y carente de sensibilidad social de su gestión hacia los trabajadores municipales”.

“Esta medida, como otras que ha tomado recientemente, demuestra una falta de compromiso con la gestión pública y una clara intención de disciplinar a los trabajadores mediante el temor y la amenaza económica. En este contexto de sueldos municipales magros y condiciones laborales precarias, el anuncio de descuentos constituye una maniobra extorsiva orientada a debilitar la participación de los trabajadores en una lucha legítima contra los despidos injustificados”, argumentaron los gremios.

Además, los sindicatos le reprochan al intendente que, lejos de promover el diálogo y la negociación, “pretende instalar un modelo autoritario, donde sólo se puede disentir en la medida en que ello se ajuste a los límites impuestos unilateralmente por la gestión”. “Esta forma de proceder genera un desequilibrio total en la relación entre los trabajadores y el poder institucional del Estado como empleador, lo cual resulta inaceptable en un Estado de Derecho”, sostuvieron.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, ha sostenido con claridad que: “el salario es, sencillamente, el medio por el cual el trabajador se gana la vida, y de él depende el ejercicio del resto de sus derechos y los de su familia (…). El salario debe gozar de una especial protección por su carácter alimentario y su relación directa con la dignidad humana”.

En este sentido, “aplicar descuentos como castigo por participar en una huelga o manifestación afecta indirectamente el ejercicio del derecho de huelga, protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y constituye una práctica antisindical inadmisible”.

Las organizaciones sindicales reafirmaron la voluntad permanente de diálogo y negociación, pero advirtieron que no aceptan amenazas, extorsiones ni represalias cuando están en juego derechos fundamentales y el sustento de tantas familias trabajadoras. “Hoy más que nunca, la unidad y la acción del movimiento sindical resulta imprescindible para defender los derechos de los compañeros y compañeras municipales, frente a medidas que atentan contra la dignidad del trabajo y el principio de justicia social”, dejaron en claro. Por todo lo expuesto, ratificaron la legitimidad y necesidad de la medida de fuerza convocada, en defensa de los trabajadores injustamente excluidos del plantel municipal”.

En un clima de tensión, los gremios remarcan que siguen apostando al diálogo, pero advirtieron que no dudarán en avanzar con medidas de fuerza si no hay una respuesta concreta del Ejecutivo municipal. La definición sobre un paro o movilización podría tomarse en las próximas horas, aunque la posibilidad de un contacto de último momento mantiene abierta la expectativa de una salida negociada.