Durante las primeras semanas de enero, el ministro de Interior, Diego Santilli, logró cosechar alrededor de cuatro apoyos públicos de gobernadores. Sin embargo, todos —incluso los más alineados con la Casa Rosada— pidieron ser compensados por el impacto que tendrá en las provincias la baja del impuesto a las ganancias para empresarios y la consiguiente pérdida de recursos coparticipables.

Pragmatismo. El cierre de la semana dejó a la central obrera y a la oposición en el Senado con una certeza: la reforma laboral libertaria tiene apoyos. El oficialismo logró instalar la idea de que una modernización del mundo del trabajo era necesaria aunque la letra del proyecto permita jornadas de hasta 12 horas, un retroceso normativo que ubicará temporalmente a la Argentina incluso antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica. La estrategia opositora no garantiza una victoria épica sino la administración de lo posible en terreno adverso.

Para rechazar la reforma se requieren 37 votos, un número que hoy la oposición no reúne. En el mejor de los escenarios, los votos en contra suman 28: el bloque Justicialista que conduce José Mayans, el subbloque Convicción Federal, que aporta cinco bancas, y los dos senadores del Frente Cívico por Santiago del Estero, referenciados en Gerardo Zamora. Aun así, dentro de ese conteo persisten dudas.

En el peronismo miran con desconfianza al catamarqueño Guillermo Andrada, alineado con Raúl Jalil, y a las tucumanas Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, cercanas al gobernador Osvaldo Jaldo. Incluso, si esos 28 votos se mantuvieran cohesionados, la oposición debería sumar al menos ocho senadores más para bloquear el quórum el día de la sesión. La búsqueda es en un universo en el que habitan los radicales que no responden a ningún gobernador y las fuerzas provinciales, con especial foco en Córdoba.

El objetivo es claro: impedir que la ley llegue al recinto. La lectura es descarnada y compartida por el peronismo y la CGT: si el oficialismo logra sentarla en el Senado, la sanción será imposible de frenar.

La semana que cierra, la central obrera mantuvo reuniones con tres cámaras empresariales: la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), la CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios) y ADINRA (Asociación de Industriales de la República Argentina). Uno de los empresarios que participó del encuentro dijo a este diario que se encontraron con “una CGT negociadora” y que “hay puntos en común”. Se refirió, en particular, a la eliminación de cinco artículos de la reforma que —según advirtió— pueden disparar conflictos y afectar la seguridad jurídica de las Pymes. Las cámaras no van por el rechazo total de la reforma flexibilizadora sino solo esos puntos.

En paralelo, los integrantes del triunvirato de la CGT recibieron a los senadores justicialistas. De ese encuentro, un legislador señaló a este diario que la central obrera “quiere voltear” la reforma. La lectura cruzada de ambas reuniones abre un interrogante: ¿Cuál es el verdadero papel que busca jugar ?, ¿Rechazar la ley o limitar su alcance? “Ambas cosas son ciertas”, explicó a este diario un dirigente de Azopardo.

En los hechos, la CGT trabaja con tres escenarios. El primero apunta a lograr el rechazo de la iniciativa, una estrategia que articula con los legisladores opositores en el Congreso en ambas cámaras. El segundo, de menor intensidad, busca aminorar su impacto. Es en este terreno donde construye con las cámaras empresariales para bloquear los artículos que van del 126 al 132. Esos apartados facultan a los empleadores a limitar la ultraactividad de los convenios, avanzar en acuerdos por empresa que reemplacen a los convenios por actividad e incluso otorgan al Estado la potestad de suspender la vigencia de convenios colectivos por razones amplias y discrecionales, como “distorsiones económicas graves”.

El tercer escenario, es el más pesimista y se proyecta sobre una eventual derrota parlamentaria. En ese caso, la central obrera anticipa que presionará en la Justicia para frenar la reforma, amparándose en su manifiesta inconstitucionalidad teniendo en cuenta que restringe el derecho a huelga.

Las cuentas de la Casa Rosada

Con el reloj corriendo y la sesión en el horizonte, el oficialismo también ajusta sus números. Diego Santilli se reunió con siete gobernadores en lo que va de enero y, según exhibe la Casa Rosada, logró el respaldo público de al menos cuatro de ellos. Sin embargo, en prácticamente todos los encuentros apareció el mismo reclamo: el impacto fiscal de los artículos del proyecto que reducen el impuesto a las Ganancias y recortan la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.

Según un análisis del senador Jorge Capitanich, plasmado en un informe titulado “Empresas y privilegiados versus provincias”, lejos de tratarse de ajustes marginales o incentivos focalizados, estas disposiciones implican una pérdida recaudatoria anual de 8.149.521.000.000 de pesos—equivalente a unos 5.727 millones de dólares— derivada de concesiones tributarias orientadas a grandes empresas y sectores privilegiados. El impacto, advierte el texto, no es neutro ni abstracto: 4.674.565.245.600 de pesos de esa pérdida recaen directamente sobre las provincias, sin contrapartidas verificables en términos de inversión, empleo o desarrollo productivo.

En Balcarce 50 admiten el costo. Según los cálculos oficiales, la rebaja del impuesto a las Ganancias tendrá un impacto fiscal del 0,65 por ciento del PBI: un 0,5 por ciento recaerá sobre la Nación y el 0,15 sobre las provincias. La respuesta a las demandas de los mandatarios divide aguas dentro de la cúpula libertaria. Patricia Bullrich, en sintonía con Santiago Caputo, se inclina por abrir una negociación y contener a los gobernadores para asegurar el quórum. El ala económica, en cambio, apuesta a sostener el texto tal como fue dictaminado, sin modificaciones.

El poroteo oficialista los ubica más cerca del triunfo, aunque todavía tres votos por debajo del objetivo. A los votos propios de La Libertad Avanza (21) se suman los del PRO (3) y un sector de la UCR alineado con sus gobernadores, de buena sintonía con la Casa Rosada. En sentido contrario, los radicales que no responden a ningún mandatario provincial quedaron bajo el radar de la oposición. “Si les queda algún viso de popularidad, deberían jugar con nosotros”, deslizó a Página/12 un senador de ese espacio.

A tiro del quórum, la verdadera pulseada se libra en el terreno de los senadores provinciales, donde cada respaldo se negocia caso por caso. Allí aparecen los representantes de Chubut, Salta, Neuquén, Santa Cruz y Misiones, todos con línea directa con sus gobernadores. No es casual que Santilli haya concentrado su agenda en esos distritos y que esta semana busque avanzar sobre Misiones. Carlos Rovira, conductor del espacio misionero, es un estratega del silencio que suele volverse un actor decisivo en votaciones clave. También Corrientes aparece en el radar del oficialismo: pese a los destratos durante el período electoral con la figura del exgobernador Gustavo Valdés, su apoyo vuelve a ser determinante para el destino de la ley.

Fuente: Página 12