Un informe de auditoría interna y externa, dado a conocer el sábado pasado desde el Ejecutivo municipal, brindó algunos detalles de la gestión anterior que concluyó en diciembre de 2023. «Se identificaron deficiencias en la administración de disponibilidades, incremento de la deuda en dólares y falta de documentación de rendición ante el Tribunal de Cuentas, abusos en las contrataciones directas en los procesos de compras, incremento de los gastos en personal con criterios de ingreso ‘poco claros’ etc. La auditoría recomendó medidas correctivas y mejoras para optimizar el funcionamiento de la entidad a partir del 2024».

«Nadie podría decir que lo que están sugiriendo está mal», expresó. Es como decir que «todo lo que cobra un negocio que se deposite en un banco» o que «hacer deportes alarga la vida». «Son sugerencias de estilo que se dan en la contabilidad pública», remarcó. Pero también destacó que si se toma ese informe, se le cambian algunos datos puntuales y lo recomiendan en otra municipalidad «encaja perfectamente». «Son aplicables a todos los entes públicos», indicó.

Benedetto sostuvo que los profesores en la Universidad Nacional de Entre Ríos les enseñaban que las auditorias sobre la contabilidad de un ente tiene que dejar muchas cuestiones positivas a quienes administran. «No solo el análisis frío de los números». Pero así como fue presentada, no se observa mucho».

Más adelante, el contador sostuvo que se debería tener acceso a la auditoría en sí para saber si hay algún resultado relevante. Pero dedujo que tanto el intendente Francisco Azcué y el secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, a quien señalo como una persona «profesionalmente sólida» se habrán quedado con el mismo «sabor a poco». Benedetto indicó que probablemente ambos querían datos que no los podrían haber encontrado desde la contaduría municipal pero «todos los datos que están ahí, están disponibles y tiene acceso cualquier funcionario municipal».

Por otra parte, Benedetto remarcó la necesidad de que se de a conocer la auditoria completa de la UNL para quitar el manto de de dudas que se arrojó sobre la gestión anterior. A su vez, dar a conocer a los auditores, saber qué tiempo les demando, si tuvieron acceso de manera integra a toda la documentación, si el personal municipal colaboró con ellos, etc.

A su vez, el contador sostuvo que hay decisiones que son políticas. «Nos puede gustar o no pero el pueblo eligió a una persona que tiene que tomar decisiones políticas», dijo. «Si esas decisiones políticas no son un delito ni generan un perjuicio al Estado, ningún juez se va a tomar el trabajo de decir que la conducta que realizó un funcionario es ilegal» destacó. En ese sentido, indicó que un intendente que está gestionando el destino de una ciudad tiene muchas opciones al momento de tomar una decisión pero debe optar por una. «Uno se puede equivocar sí porque es un ser humano pero lo único reprochable es que esa decisión vulnere el espíritu de la ley»,, dijo.

Por otra parte, reivindicó el trabajo que realiza el área de Contaduría municipal. «Esta integrada por gente profesionalmente solida, muy capaz, muy honesta», dijo. El contador sostuvo que esa área de la municipalidad es conocida como ‘la máquina de impedir’. En realidad, a su criterio, eso se debe a que es la encargada de hacer los controles para que los procedimientos sean correctos. Por ello, dijo que genera «malestar» el dar a conocer los resultados de la auditoría de forma muy genérica. «Se pone un manto de dudas ante un área contable que es de excelencia», indicó.

También destacó el área de Asuntos Jurídicos ya que los consultan de diferentes ciudades de la provincia. Y lo mismo hizo con Tesorería, área que no realiza ningún pago si no se cumplen los procesos anteriores a ese paso. O el sector de Informática debido a que están auditando permanentemente y de manera real procesos, autorizaciones o cuestiones anormales que detecten los sistemas. Si un empleado quiere reducir la deuda de un contribuyente, lo puede hacer pero hay controles cruzados para determinar quién fue, a qué hora, en qué máquina y qué contribuyente fue beneficiado. «Yo siempre veo el vaso medio lleno. Y tirar esto así por las dudas arriba de la mesa para decir ‘esta todo mal’…», expresó.

En otro párrafo, Benedetto remarcó que tomó un café y entabló diálogo con algunos integrantes de la UNL encargados de la auditoría. «No tenían mucha idea de lo que tenían que hacer», destacó. «Me llamó la atención en cosas que son bien finas para la profesión, por ahí estaban dudando», dijo. Por ejemplo, le indicaron que no habían enviado al Tribunal de Cuentas de la Provincia una rendición de un crédito tomado en dólares para obra pública. Benedetto manifestó que, por cada obra, hay un expediente que se hace con una licitación pública. Y esa licitación tiene una serie de controles y responsables. «Imaginate que manden toda la documentación a Paraná, que manden todos los municipios al Tribunal de Cuentas, no hay forma alguna de que puedan recibir toda esa documentación material», indicó. La tarea que realizan los auditores del Tribunal de Cuentas es la de ir mirando expediente por expediente.

Además, remarcó que muchas veces el Tribunal de Cuentas hace recomendaciones, de la misma manera que la auditoria de la UNL, un año y al periodo siguiente vuelve al municipio para analizar si esas recomendaciones se implementaron. «No es que hace recomendaciones al aire o como por ahí he escuchado, que porque eran del mismo color político era un ‘viva la pepa’. No, no, se controla, son gente muy seria, hay gente que ingresó hace muchísimo tiempo y lo que menos podemos decir es que mira para otro lado ante alguna incorrección», mencionó.

También se preguntó por qué no se propuso que la auditoría fuese realizada por la UNER («tengo mi corazoncito ahí») o al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos para que aporten profesionales. El contador recordó que hay una normativa que sostiene que toda normativa contable debe ser realizada por un contador que está matriculado en la provincia. Y dudó de que algunos de los profesionales que se encargaron de esa tarea cumpliesen ese requisito.

Respecto del cuestionamiento a las contrataciones directas, sostuvo que las hubo y siguen realizándose. Las mismas son autorizadas por los concejales cuando se decretan las emergencias en la ciudad de cualquier índole. «¿Por qué se las habilitan? Porque se autoriza al Ejecutivo  con el fin de evitar el llamado a licitación, que es la práctica más sana pero en el tiempo se demora y la gente necesita soluciones urgentes», indicó. Es lo que sucede cuando se produce una inundación y las familias que son trasladadas necesitan alimentos. «Vía de excepción, con la autorización del Concejo, se autoriza esa contratación directa».

Por último, Benedetto dijo que si hubiese algún delito de los que «tanto se hablaron» ya que «corrieron ríos de tinta y horas de exposición en las redes sociales», el Ejecutivo, con esa auditoría tiene que evaluar si existe o no alguna conducta reprochable e ir y denunciar en Tribunales. «Pero teniendo en cuenta que las decisiones políticas no son judiciables», dijo.

No obstante, con la auditoria, «es imposible hacer nada». «No hay nada, ninguna conducta reprochable», concluyó.