El documento, titulado “Acompañamiento a víctimas en casos de violencia sexual en ámbitos de Fuerzas Armadas y de Seguridad”, analiza las intervenciones realizadas por la DOVIC entre 2014 y 2024 y busca visibilizar las particularidades que enfrentan las víctimas al denunciar abusos dentro de instituciones atravesadas por estructuras jerárquicas rígidas y relaciones de poder.
Según el relevamiento, durante ese período la DOVIC recibió 70 solicitudes de intervención provenientes de distintas jurisdicciones del país, vinculadas a 53 agresores identificados. Del total de los casos analizados, el 28,6% ocurrió en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina y el 27,1% en el Ejército Argentino. Entre ambas fuerzas concentran el 55,7% de los hechos denunciados.
Detrás aparecen la Policía Federal Argentina con el 17,1% de los casos; la Armada Argentina, la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Ciudad, con el 5,7% cada una; y el Servicio Penitenciario Federal, con el 4,3%.
El informe señala además que Córdoba fue la jurisdicción con mayor cantidad de casos relevados, con 17 denuncias, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 15. También se registraron intervenciones en Paraná, Comodoro Rivadavia, San Martín, Tucumán y otras localidades del país.
Abusos marcados por la jerarquía
Uno de los datos más contundentes del estudio es que en 63 de los 70 casos el agresor ocupaba una posición de superioridad jerárquica respecto de la víctima. Solo en siete situaciones los hechos fueron cometidos por compañeros de la misma fuerza.
Además de los delitos de abuso sexual, en 32 casos se registraron otras formas de violencia vinculadas al abuso de autoridad, maltratos arbitrarios y conductas relacionadas con las desigualdades de género dentro de las instituciones.
De las personas acompañadas por la DOVIC, 69 eran mujeres cisgénero. Muchas de ellas denunciaron haber sufrido represalias luego de exponer los hechos, incluyendo traslados a sectores considerados de castigo o destinos alejados de sus funciones habituales.
Las víctimas terminan apartadas y los agresores siguen en funciones
El informe también describe las consecuencias que enfrentan las denunciantes tras acudir a las áreas de género de las propias instituciones.
En 49 casos las víctimas realizaron presentaciones internas y en 25 oportunidades ello derivó en la apertura de carpetas médicas o psiquiátricas debido al impacto emocional causado por el hostigamiento y los abusos sufridos.
Las secuelas reportadas incluyen ataques de angustia, trastornos del sueño, ansiedad, depresión y otras afectaciones a la salud mental. Muchas de las denunciantes terminaron con licencias prolongadas y, según consigna el documento, fueron señaladas dentro de las propias fuerzas como personas “problemáticas”.
En algunos casos, además, las mujeres denunciaron haber sido trasladadas a sectores de cocina u otros destinos considerados no deseados como una forma de represalia por haber expuesto los hechos.
En contraste, las consecuencias para los agresores fueron escasas. De los 53 denunciados, solamente siete fueron dados de baja o pasados a retiro, uno fue detenido y otro trasladado a otra dependencia.
En términos porcentuales, apenas el 17% de los agresores recibió algún tipo de consecuencia administrativa o laboral, un dato que para los organismos de acompañamiento refleja las dificultades que aún existen para abordar y sancionar este tipo de violencias dentro de las fuerzas.
La importancia del acompañamiento
Desde la DOVIC remarcaron que el acompañamiento integral a las víctimas resulta fundamental para garantizar el acceso a la justicia y evitar situaciones de revictimización durante el proceso penal.
A lo largo de once años de trabajo, el organismo desarrolló protocolos, guías y herramientas de intervención destinadas a asistir a quienes denuncian delitos de violencia sexual, especialmente en ámbitos donde las relaciones jerárquicas suelen generar mayores obstáculos para visibilizar los abusos.
Según surge de las entrevistas realizadas durante el acompañamiento, las víctimas buscan no solo una respuesta judicial, sino también reconocimiento institucional, reparación por los daños sufridos y garantías de que los hechos no vuelvan a repetirse.
El informe concluye que fortalecer los dispositivos de atención y acompañamiento resulta una herramienta clave para proteger los derechos de las víctimas y avanzar en la erradicación de las violencias de género dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
