VITSA: el Tribunal de Cuentas pidió al Municipio toda la documentación, mientras la causa penal sigue sin novedades en Tribunales

El contrato entre la Municipalidad de Concordia y VITSA Soluciones Ambientales S.A. quedó formalmente bajo revisión del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. El organismo provincial no se limitó a recibir la denuncia presentada por las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba: el 28 de agosto resolvió requerir documentación al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante para “verificar la razonabilidad del precio contratado y la regularidad del procedimiento de contratación/concesión” del servicio de recolección de residuos.

El requerimiento tiene una particularidad: no se trata de un pedido genérico de información. El Tribunal solicitó copias certificadas de prácticamente toda la documentación administrativa, económica y técnica vinculada con la contratación directa. El Ejecutivo municipal dispone de 10 días para remitirla.

La actuación tramita bajo el Expediente SG N° 695/2026, iniciado a partir de las presentaciones realizadas por Amiano y Villalba. La decisión de avanzar con los requerimientos fue adoptada por el organismo luego del Dictamen SG N° 3615/26 de la Fiscal de Cuentas N° 2, María Cristina Federik, y del despacho del cuerpo del 25 de agosto.

Qué quiere saber el Tribunal

Uno de los puntos del oficio dirigido al intendente Francisco Azcué es el expediente administrativo completo mediante el cual se concretó la contratación directa de VITSA para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.

También reclamó los decretos N° 245/26 y 246/26 y cualquier otra norma o acto administrativo relacionado con la declaración de emergencia, la contratación, adjudicación, ratificación, ampliación o ejecución del servicio.

El Tribunal pidió además el contrato celebrado con VITSA y todos sus anexos, junto con eventuales modificaciones, ampliaciones, prórrogas, pólizas, garantías, seguros, habilitaciones y demás constancias que permitan verificar si la empresa cumplió con los requisitos exigibles.

Pero uno de los aspectos centrales del requerimiento está relacionado directamente con el precio.

El organismo provincial pidió los antecedentes que permitan establecer cómo se determinó que el valor contratado era razonable. Para ello reclamó comparativos, presupuestos de referencia, informes de razonabilidad de precios, criterios utilizados para evaluar las alternativas y fundamentos de la elección de VITSA.

Solicitó la constancia de si existió una compulsa de precios previa a la contratación o cualquier otro mecanismo de comparación utilizado, además de las invitaciones que eventualmente se hayan cursado, las publicaciones realizadas, las ofertas recibidas y las actas correspondientes.

Es decir, una parte sustancial de la revisión estará puesta en determinar cómo se llegó a VITSA y cómo se estableció cuánto debía pagar el Municipio.

La contratación denunciada fijó inicialmente un precio de $250 millones mensuales, con un mecanismo de actualización y posibilidad de prórroga. Por su magnitud, la determinación del precio constituye uno de los puntos de mayor interés de la actuación del Tribunal.

Por eso el requerimiento no termina en el expediente administrativo. El organismo pidió también las certificaciones del servicio prestado, facturas, órdenes de pago, imputaciones presupuestarias, afectaciones preventivas, compromisos, devengados, pagos y transferencias efectuadas hasta el momento.

La documentación permitirá reconstruir, en principio, no solamente cuánto se contrató, sino también cuánto se certificó, cuánto se facturó y cuánto terminó efectivamente pagando el Municipio.

El Tribunal solicitó además los informes de la comisión de seguimiento prevista en el artículo 4° de la Ordenanza N° 38.785 y la constancia de su conformación e integrantes.

Y hay otro pedido que adquiere relevancia por tratarse de una denuncia presentada por integrantes del propio Concejo: el Ejecutivo deberá informar qué respuesta dio al pedido de acceso a la información pública y al pedido de informes formulados por Amiano y Villalba respecto de la contratación con VITSA, o indicar en qué estado se encuentra el trámite si todavía no fueron respondidos.

El Concejo también quedó bajo revisión

El segundo oficio del Tribunal de Cuentas, identificado como SG N° 401/2026, fue dirigido al Concejo Deliberante.

Allí el organismo requirió el expediente legislativo completo que terminó en la aprobación de la Ordenanza N° 38.785, incluyendo el despacho de la comisión interviniente, dictámenes, eventual mensaje de elevación del Ejecutivo y toda la documentación vinculada con su tratamiento.

También pidió los estudios técnicos, ambientales y jurídicos y demás antecedentes que hayan sido considerados por los concejales como fundamento para declarar la emergencia ambiental.

El Tribunal quiere saber, además, si se cumplió con lo establecido en el artículo 4° de esa ordenanza respecto de la comisión de seguimiento y, en caso afirmativo, que se remitan sus informes.

Finalmente, pidió conocer qué análisis realizó el Concejo Deliberante sobre esos informes.

Es así que la revisión alcanza las dos instancias que intervinieron en la conformación del esquema: el Ejecutivo, que declaró la emergencia y concretó la contratación, y el Concejo, que intervino en el marco normativo que permitió instrumentarla.

La contracara en el ámbito penal

La denuncia fue presentada el 12 de junio de 2026 por el abogado Mariano Giampaolo ante el Ministerio Público Fiscal. Allí se plantearon posibles irregularidades relacionadas con la contratación directa de VITSA, entre ellas la eventual predeterminación del contratista, el uso de la emergencia ambiental, la secuencia de los actos administrativos y la intervención de funcionarios y áreas municipales.

El 4 de agosto, Amiano y Villalba realizaron una presentación ante la Unidad Fiscal de Concordia para conocer el estado de la denuncia. Según informaron ahora, solicitaron saber si las actuaciones se encontraban efectivamente en trámite, qué fiscal o fiscales estaban a cargo y si se habían dispuesto medidas para preservar documentación y evidencia.

También ofrecieron prestar declaración testimonial y aportar documentación, registros audiovisuales y antecedentes administrativos, además de solicitar una audiencia con el fiscal responsable que hasta el momento sería Martín Nuñez.

Pero, según sostienen las concejalas, más de 80 días después de la denuncia penal todavía no recibieron una comunicación institucional que les permita conocer el estado concreto de la investigación ni establecer qué medidas se adoptaron.

“Hasta hoy no fuimos convocadas. No estamos reclamando conocer información reservada ni pretendemos interferir en una investigación penal. Somos representantes del pueblo de Concordia y simplemente queremos saber si se está investigando, quién está investigando y si se tomaron las medidas necesarias para preservar las pruebas”, señalaron Amiano y Villalba.

Las concejalas habían advertido precisamente sobre la necesidad de preservar documentación y evidencia potencialmente relevante. En su presentación ante la Fiscalía solicitaron que se contemplara la eventual preservación de expedientes administrativos, registros informáticos, correos electrónicos, archivos compartidos, sistemas municipales, comunicaciones, órdenes de pago y documentación relacionada con la contratación.

El contraste que ahora remarcan es que, mientras aseguran que todavía no obtuvieron una respuesta institucional sobre el estado de la causa penal, el Tribunal de Cuentas ya produjo una actuación concreta: dictaminó, resolvió requerir información y fijó un plazo para que Municipio y Concejo entreguen documentación.

“Lo que resulta difícil de comprender es que el Tribunal de Cuentas esté avanzando, solicitando expedientes y auditando la contratación, mientras que de la investigación penal, después de más de 80 días, no tengamos ninguna noticia. No estamos pidiendo una condena anticipada ni afirmando responsabilidades penales. Estamos pidiendo algo mucho más elemental: que se investigue”, expresaron.

“Nuestra pretensión es muy clara: queremos saber si la Justicia va a investigar. Y si entiende que no existen elementos para hacerlo, también corresponde que lo determine y lo fundamente. Lo que no resulta razonable frente a una denuncia de semejante magnitud es que transcurran los meses sin que quienes tenemos responsabilidades institucionales sepamos siquiera cuál es el estado de las actuaciones”, concluyeron Amiano y Villalba.