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Demolición, nueva concesión y un debate que vuelve: la reubicación de las cabinas de peaje más allá de la intersección de las rutas 14 y 18
La licitación de la nueva concesión de la Ruta 14, la reciente demolición de las cabinas de peaje de Yeruá y el inicio de la construcción de nuevas instalaciones en el mismo lugar, reavivan el viejo reclamo por la reubicación del peaje más allá de la intersección con la Ruta 18. Entre los firmantes de los proyectos que impulsaron esta iniciativa, varios ocupan actualmente cargos en el gobierno provincial o mantienen actividad legislativa, lo que otorga un nuevo contexto político a un debate pendiente desde hace años.
Federico Odorisio
Las estructuras emplazadas en el kilómetro 240 de la autovía comenzaron a ser retiradas en el marco del cambio de concesión del corredor vial. Según se informó oficialmente, las nuevas cabinas se construirán en el mismo lugar, una decisión que reaviva un reclamo histórico de usuarios frecuentes, transportistas, docentes y vecinos que utilizan ese tramo para recorridos breves pero deben abonar el canon completo.
El planteo no es nuevo ni improvisado. Por el contrario, cuenta con antecedentes legislativos formales y reiterados.
Un reclamo que llegó al recinto… más de una vez
El 22 de noviembre de 2016 ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un Proyecto de Resolución (Expte. Nº 21.786) impulsado por el entonces diputado Alberto Rotman, integrante del bloque Cambiemos, mediante el cual se solicitaba a la Dirección de Vialidad Nacional —Distrito Entre Ríos— la reubicación de las cabinas del Peaje Yeruá hacia el sur, en la distancia necesaria para liberar del pago del canon vial al tránsito pasante de la Ruta Nacional 18.
El proyecto fue acompañado por legisladores de distintos espacios que integraban entonces la oposición provincial, entre ellos Anguiano, Monge, Sosa, La Madrid, Artusi, Vitor, Kneeteman, y las diputadas Acosta, Viola y Lena.
Gabriela Lena no solo sigue siendo legisladora en Entre Ríos, sino que además mantiene un rol destacado dentro del bloque oficialista provincial y en el armado electoral del espacio gobernante.
Sergio Omar Kneeteman es el actual secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos.
Esteban Vitor pasó de ser diputado provincial a ocupar hoy un cargo en el gabinete de la provincia como Secretario Legal y Técnico, y mantiene además un rol de peso dentro del PRO entrerriano.
Ayelén Acosta se desempeña como Secretaria de Políticas del Cuidado de la provincia.
María Alejandra Viola (conocida como «Marialé») se desempeña como Subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
José Antonio Artusi se desempeña como vocal del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de Entre Ríos.
Es decir, la otrora oposición, actual oficialismo, tiene «las herramientas» y el manejo de ambas cámaras para impulsar el reclamo otra vez a Nación.
La iniciativa de 2016 no fue tratada en comisión y, tras permanecer sin debate parlamentario, pasó a archivo el 14 de agosto de 2018, según consta en el propio anexo del expediente.
Lejos de abandonar el planteo, Rotman volvió a insistir. El 19 de junio de 2019, presentó nuevamente el pedido bajo el Expte. Nº 23.518, retomando los mismos fundamentos y dejando constancia expresa de que el proyecto anterior había perdido estado parlamentario sin discusión, pese a su “importancia regional” y al impacto cotidiano sobre miles de entrerrianos.
En ambos proyectos se describe una situación idéntica: entre Concordia y el acceso a la Ruta Nacional 18 se recorren apenas 20 kilómetros, pero el peaje abonado es el mismo que el de quienes transitan 100, 150 o más kilómetros por la autovía “José Gervasio Artigas”.
Los fundamentos detallaban que por el peaje de Yeruá circulaban en promedio 6.500 vehículos diarios, de los cuales un 35 % corresponde a transporte pesado, y que el esquema de cobro genera un trato desigual entre usuarios de recorridos breves y de larga distancia.
También se señala el impacto específico sobre habitantes de San Salvador, General Campos y localidades cercanas, cuyo tránsito hacia Concordia se intensifica por razones laborales, educativas, comerciales o sanitarias. Docentes, estudiantes y pacientes del sistema de salud aparecen reiteradamente mencionados como parte del universo afectado.
El proyecto de 2019 incorporó además un tono más crítico respecto del sistema concesionado, al describirlo como un “legado de la década del ’90” basado en la lógica de “cobrar primero y después invertir”, y recuerda que la instalación de la cabina generó en su momento manifestaciones y protestas, al punto de ser bautizada popularmente como la “cabina del pillaje”.
En la actualidad, los precios proyectados según el nuevo contrato establecen una Tarifa Plena de $3.563 para vehículos de Categoría 1, que entrará en vigencia una vez que la empresa concesionaria garantice parámetros de «transitabilidad óptima» en la calzada. Mientras se realizan las obras de reparación necesarias para alcanzar dicho estándar, se aplicará una tarifa intermedia que rondará los $3.385,80. El nuevo cuadro tarifario representa un incremento de entre el 69% y el 78% respecto a los valores previos.
Foto: gentileza diario Río Uruguay
Un debate que siempre vuelve
Más reciente, hace aproximadamente tres meses, el reclamo volvió a expresarse desde otro lugar. El apoderado legal del Partido Justicialista y militante del PAR, Javier Orduna, impulsó una petición pública a través de la plataforma Change.org, con el objetivo de retomar la discusión aprovechando el contexto de una nueva licitación de la Ruta Nacional 14 y el cambio de concesionaria.
Si bien la iniciativa no alcanzó gran repercusión, el texto retomó argumentos coincidentes con los proyectos legislativos anteriores: calificó de “irracional e injusto” el cobro de peaje por recorrer apenas unos metros de la Ruta 14 cuando el destino es la Ruta 18, y propuso reubicar el puesto de cobro después del acceso a esa ruta, para que el canon recaiga únicamente sobre quienes utilizan un tramo significativo de la autovía.
Foto: gentileza diario Río Uruguay
La demolición de las viejas cabinas y la decisión de reconstruirlas en el mismo lugar se produce, así, en un contexto donde el reclamo ha atravesado distintos momentos políticos, signos partidarios y etapas institucionales, sin resolución definitiva.
Con las estructuras ya reducidas a escombros y una nueva concesión en marcha, la discusión sobre la ubicación del peaje Yeruá vuelve a quedar planteada, no como una novedad, sino como una cuestión pendiente en la agenda vial de la región.