El Ejecutivo municipal de Concordia rechazó la donación de dos inmuebles ofrecidos a la comuna debido a que ambos se encuentran actualmente ocupados por terceros, registran deudas tributarias y no tienen, por el momento, un destino público municipal concreto. La decisión fue formalizada mediante el Decreto N° 857/2026, firmado el 21 de septiembre y publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Los inmuebles involucrados están ubicados en Pampa 1573, identificado con la Partida Provincial N° 5.1720, y Teniente Ibáñez 1086, correspondiente a la Partida Provincial N° 132.652.
De acuerdo con lo señalado en el decreto, las actuaciones se originaron a partir de una propuesta para que ambos bienes fueran donados a la Municipalidad. Sin embargo, durante el análisis del expediente se constató que las propiedades están ocupadas por terceros y que además registran deuda en concepto de Tasa General Inmobiliaria. También se informó la existencia de deudas ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).
El Ejecutivo consideró que aceptar los inmuebles en esas condiciones implicaría que la Municipalidad asumiera la titularidad de bienes cuya situación posesoria todavía no está definida. Esto podría derivar, según se expresa en los fundamentos del decreto, en reclamos vinculados con la posesión, las mejoras realizadas en los terrenos o inmuebles y las obligaciones tributarias pendientes.
El Municipio también señaló que no existe actualmente un destino público municipal concreto e inmediato que justifique incorporar las propiedades a su patrimonio.
Por esos motivos, el artículo 1° del decreto dispone “no aceptar” la donación propuesta respecto de los dos inmuebles.
El decreto establece que las áreas municipales correspondientes podrán intervenir como facilitadoras e intermediarias entre los titulares registrales de los inmuebles y las personas que actualmente los ocupan.
El objetivo será procurar una solución que permita regularizar la situación dominial y posesoria de las propiedades, siempre que exista un acuerdo voluntario entre las partes y que la alternativa sea jurídicamente viable.
El decreto establece que no implicará reconocimiento de derechos de dominio o posesión a favor de los ocupantes, ni adjudicación o transferencia de los inmuebles. Tampoco significará que el Municipio asuma las deudas, obligaciones, mejoras, gastos o cargas que correspondan a los propietarios, ocupantes o terceros.
A partir de la decisión, las áreas competentes deberán relevar y sistematizar la información dominial, catastral, tributaria y posesoria correspondiente a cada propiedad. Con esos datos deberán evaluar las alternativas jurídicas disponibles para facilitar, eventualmente, una transferencia directa entre el titular registral y quienes actualmente ocupan los inmuebles.
El decreto también deja expresamente establecido que esa actuación no podrá interpretarse como una promesa de adjudicación o regularización dominial.
Finalmente, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de que alguno de los inmuebles pueda ser incorporado al patrimonio municipal en el futuro. Para eso deberá aparecer un interés público municipal concreto y debidamente fundado, además de realizarse previamente las evaluaciones jurídicas, patrimoniales, dominiales y económicas correspondientes.