Todos los caminos conducen a VITSA: Amiano advirtió que el Ejecutivo todavía está a tiempo de frenar: “Después nadie podrá decir que no fue advertido”

“No estamos frente a un hecho aislado. Lo advertimos antes de la contratación directa y lo volvimos a advertir antes de la licitación pública. En las dos oportunidades dijimos que el procedimiento parecía conducir a VITSA y, en las dos oportunidades, VITSA terminó siendo la beneficiada”, sostuvo a DIARIOJUNIO la concejal y presidenta del bloque justicialista Carolina Amiano al analizar la documentación vinculada con la Licitación Pública Nº 47/2026 para la recolección de residuos de Concordia.

“Para nosotros, la contratación directa y la licitación pública no pueden analizarse como dos hechos completamente separados. Son dos etapas de una misma discusión institucional. La primera terminó bajo cuestionamientos, con una denuncia penal y actuaciones ante el Tribunal de Cuentas; la segunda terminó con una adjudicación a la misma empresa que había sido contratada directamente, pero ahora aparecen nuevos cuestionamientos: una Comisión Evaluadora dividida, documentación que no fue entregada en forma completa a las demás empresas interesadas, criterios de evaluación que tenemos que revisar, impugnaciones y pedidos de información que todavía no fueron respondidos integralmente.”

La primera advertencia, recordó Amiano, se produjo el 19 de marzo, durante el tratamiento sobre tablas de la emergencia ambiental que habilitó al Departamento Ejecutivo a avanzar con contrataciones por excepción y con la concesión parcial del servicio.

“Antes de que la ordenanza estuviera aprobada, nosotros ya advertíamos en el recinto que la empresa que iba a terminar prestando el servicio era VITSA. No fue una denuncia posterior. Los camiones de la empresa habían ingresado a Concordia la noche anterior y preguntamos públicamente qué explicación tenía eso. A las pocas horas se aprobó la ordenanza y, en menos de 24 horas, VITSA ya estaba trabajando en la ciudad.”

La ordenanza de emergencia fue aprobada el 19 de marzo y, entre sus objetivos expresos, incluyó la erradicación de los microbasurales, además de la minimización del impacto ambiental, la protección de la salud y la mejora de la gestión de los residuos. También facultó al Ejecutivo a utilizar mecanismos de contratación por excepción y habilitó la concesión del servicio de gestión integral de residuos sólidos urbanos.

“Y acá hay algo que para nosotros es central y que después vuelve a aparecer en la licitación. La emergencia ambiental se justificó, entre otras cosas, por la proliferación de los microbasurales. Ese fue uno de los problemas que el Municipio puso arriba de la mesa para pedir facultades extraordinarias. Sin embargo, cuando después diseñaron el pliego de la licitación, esa problemática no quedó incorporada de manera clara como una prestación que todos los oferentes debieran conocer, dimensionar y cotizar en igualdad de condiciones.”

“Entonces tenemos una contradicción que no es menor: se declara una emergencia ambiental porque existen microbasurales, pero después esa problemática no queda correctamente definida en el pliego y, finalmente, aparece como un elemento valorado positivamente en la propuesta de VITSA. Eso hay que explicarlo.”

“Cuando el Ejecutivo decidió reemplazar la contratación directa por una licitación pública, volvimos a analizar el pliego. Y volvimos a decir lo mismo: las condiciones, los plazos, la experiencia exigida, la información disponible y la forma de asignar los puntajes podían generar una ventaja para la empresa que ya estaba instalada y prestando el servicio. Lo dijimos antes de saber quiénes iban a ofertar y antes de que se conociera el resultado. Advertimos que todo parecía conducir nuevamente a VITSA.”

La concejal y actual presidenta del bloque justicialista, Carolina Amiano

La Licitación Pública Nº 47/2026 terminó adjudicada a VITSA por cuatro años, mediante el Decreto Nº 854/2026. La empresa fue considerada por la mayoría de la Comisión Evaluadora como la de mayor puntaje entre las ofertas admisibles. El contrato comprende ocho zonas operativas y un sector de Pampa Soler.

“Esto tampoco puede analizarse solamente mirando quién obtuvo más puntos. Hay que mirar cómo se construyeron esos puntos, qué información tuvo cada oferente, qué criterios estaban previamente establecidos y cuáles aparecieron después. Porque una licitación pública no se controla solamente mirando el resultado final. Hay que poder reconstruir el camino que llevó hasta ese resultado.”

Amiano remarcó además la dimensión económica del contrato.

“No estamos frente a una contratación menor ni frente a una compra ordinaria. El Decreto Nº 854/2026 adjudicó un precio inicial de 268 millones de pesos mensuales durante 48 meses, equivalente a 12.864 millones de pesos a valores nominales de adjudicación. El propio pliego prevé actualizaciones trimestrales automáticas del precio y habilita una eventual prórroga por un período igual o menor al plazo original. Por eso el costo efectivo puede ser superior al valor nominal inicial y estamos hablando de recursos municipales comprometidos durante varios años.”

“Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos y de la concesión de un servicio público esencial. Justamente por esa magnitud, el procedimiento debería ser más transparente, más objetivo y más verificable que cualquier contratación ordinaria. Y cuando empezamos a revisar la documentación aparecen contradicciones que necesitan una explicación.”

Para Amiano, uno de los puntos que debe ser revisado especialmente es el tratamiento de los microbasurales.

“Antes de la apertura, una empresa preguntó expresamente si la limpieza de microbasurales formaba parte del servicio y pidió información para poder dimensionar esa tarea y cotizarla. La respuesta municipal no estableció que se tratara de una prestación general obligatoria para todos los oferentes. Sin embargo, cuando se adjudica, el propio decreto termina valorando favorablemente que VITSA se haya ofrecido para asumir esa limpieza y reconoce que esa prestación no estaba expresamente establecida en el pliego.”

“Esto es muy importante. Si la limpieza de microbasurales formaba parte del servicio, todos tenían que saberlo y todos tenían que poder cotizarla. Si era una mejora voluntaria, no puede convertirse después de abiertas las ofertas en un elemento que termine favoreciendo económicamente a un oferente sin que esa regla haya sido previamente establecida y conocida por todos. Y mucho menos cuando los microbasurales fueron uno de los argumentos utilizados para declarar la emergencia ambiental.”

“Por eso queremos que se explique exactamente qué se evaluó, bajo qué regla, con qué información y de qué manera ese componente incidió en el puntaje final.”

Otro de los elementos que, según Amiano, debe ser analizado es la documentación remitida al Concejo Deliberante y, particularmente, el voto disidente del contador Matías Oscar Rodríguez, integrante con voto de la Comisión Evaluadora.

“El Ejecutivo remitió documentación al Concejo para explicar los fundamentos de la adjudicación, pero entre esos documentos no apareció inicialmente el voto de Rodríguez. Y estamos hablando de un informe extenso, fundado, que no es accesorio porque modifica el orden de mérito.”

“Rodríguez concluyó que, aplicando su interpretación de los criterios del pliego, ASHIRA debía quedar primera, Bodegas y Viñedos Santa Elena segunda, VITSA tercera y Transportes Malvinas cuarta. Y aconsejó expresamente adjudicar el servicio a ASHIRA.”

“Pedimos información para controlar y nos entregaron documentación incompleta, y lo hicieron recién el último día del plazo para impugnar el decreto de adjudicación. Y justamente faltaba el voto del integrante que sostenía que VITSA no era primera sino tercera. Para nosotros esto no es un detalle administrativo. Es uno de los documentos centrales para entender qué pasó dentro de la Comisión Evaluadora.”

“Yo no estoy diciendo que la falta de ese documento pruebe por sí sola una intención determinada. Lo que digo es que cuando hay un contrato de esta magnitud, cuando existen plazos muy breves para impugnar y cuando aparece un voto disidente que modifica sustancialmente el orden de mérito, toda la documentación tiene que estar disponible en tiempo y forma. Eso es lo que corresponde en cualquier procedimiento administrativo de esta naturaleza.”

También debe revisarse, sostuvo Amiano, el modo en que se elaboraron y utilizaron los informes técnicos.

“Hay que analizar los informes técnicos utilizados por la Comisión y poder reconstruir de manera completa cómo se asignó cada puntaje. La propia Comisión había dispuesto requerir intervención técnica especializada para evaluar el Plan Operativo, y la documentación que conocemos hasta ahora no permite reconstruir de manera completa todos los antecedentes, papeles de trabajo y fundamentos utilizados para cada valoración.”

“Además aparecen como elementos favorables para VITSA su infraestructura instalada, el conocimiento territorial, los puntos críticos, los microbasurales y la reducción del tiempo de adaptación. La pregunta que tenemos que hacernos es sencilla: ¿esos elementos estaban contemplados objetivamente en la matriz de cien puntos establecida previamente o terminaron funcionando como criterios adicionales una vez que ya se conocían las ofertas?”

“Porque una cosa es evaluar conforme a las reglas que todos conocían antes de competir y otra muy distinta es incorporar elementos después de abiertas las ofertas. Esa diferencia es fundamental para cualquier procedimiento licitatorio.”

Amiano sostuvo que el proceso ya excedió el debate político del Concejo Deliberante.

“Esto no termina en una discusión entre oficialismo y oposición. La contratación directa anterior está vinculada con una denuncia penal presentada ante la Justicia y con actuaciones del Tribunal de Cuentas. Nosotros vamos a incorporar los nuevos antecedentes que aparecieron durante la licitación, entre ellos el voto disidente y las diferencias que surgen en las matrices de evaluación.”

“A eso se suman los recursos e impugnaciones administrativas vinculados con el nuevo procedimiento y los pedidos de acceso a documentación realizados por empresas que participaron o tuvieron interés directo en participar.”

“Por eso también hay un mensaje para la Justicia y para los organismos de control: acá hay que mirar el procedimiento completo, no solamente el resultado final. Hay que mirar cómo se declaró la emergencia, qué se dijo que se iba a solucionar, cómo se produjo la contratación directa, cómo se llegó después a la licitación, cómo se diseñó el pliego, qué se respondió a las empresas, cómo se evaluaron las ofertas, qué documentación se produjo, qué documentación se entregó y qué pasó con el voto disidente.”

“Si de ese análisis surge que todo estuvo correctamente hecho, tendrá que quedar demostrado documentalmente. Y si aparecen irregularidades, tendrán que determinarse las responsabilidades que correspondan. Pero eso no lo puede resolver ni el oficialismo ni la oposición. Lo tienen que determinar los organismos competentes a partir del expediente y de la documentación.”

“La Municipalidad todavía puede corregir. Lo que no puede hacer es seguir avanzando como si nada hubiera pasado. Estamos frente a una concesión de un servicio público esencial, de enorme impacto económico y por varios años. Si el procedimiento no puede ser explicado con claridad, si un miembro de la propia Comisión dice que el ganador era otro, si aparecen documentos que no fueron entregados oportunamente y si una cuestión central como los microbasurales —que fue uno de los fundamentos de la emergencia— termina apareciendo de otra manera en la evaluación, lo institucionalmente responsable es revisar, corregir el pliego y llamar nuevamente a licitación.”

“Y hay algo más: no estamos pidiendo que la Justicia haga lo que corresponde hacer al Ejecutivo ni que el Ejecutivo haga lo que corresponde a los organismos de control. Cada uno tiene su responsabilidad. Pero si se siguen acumulando elementos que requieren explicación, la Justicia y el Tribunal de Cuentas tendrán que analizar si existieron o no incumplimientos y determinar, en caso de corresponder, las responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales que establece la ley.”

“El Ejecutivo todavía está a tiempo de frenar, revisar lo actuado y corregir. Pero si, pese a todas estas advertencias, se insiste en avanzar, la cuestión puede dejar de ser exclusivamente administrativa y dar lugar a eventuales responsabilidades respecto de los funcionarios políticos y administrativos que hayan intervenido en las decisiones cuestionadas. Después nadie podrá decir que no fue advertido”, concluyó Amiano.