Ante los anuncios del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, sobre la pretensión de aprobar a libro cerrado la reforma del Código Procesal Laboral antes del receso de verano, resulta necesario expresar un enérgico rechazo a la forma y la improvisación con la que el Ejecutivo provincial pretende abordar una materia tan delicada.
Ya hemos visto cómo, a nivel nacional, el paquete normativo impulsado desde el Poder Ejecutivo —encabezado por el intromisivo y manifiestamente inconstitucional DNU 70/23, la Ley Bases y la denominada Modernización Laboral— no resolvió ningún problema estructural; por el contrario, multiplicó la litigiosidad y sembró inseguridad jurídica. Cambiar las reglas de juego mediante parches apurados solo consigue que los juzgados se llenen de planteos de inconstitucionalidad y amparos. Imprevisión e improvisación no son sinónimos de modernización.
Actualización sí, pero no “a la marchanta” ni mediante imposición
Nadie niega la necesidad de agilizar los procesos ni de actualizar el Código Procesal Laboral para adecuarlo a los tiempos que corren. Nadie se opone al debate; nos oponemos al atropello. Una reforma procesal seria requiere un diagnóstico riguroso, mesas de trabajo técnicas y la participación activa de los actores reales del sistema: Colegios de Abogacía, asociaciones de laboralistas, magistrados, empleados del Poder Judicial y representaciones sindicales. Tratar de sacar una ley en pocos días, “a la marchanta”, solo presagia más errores y futuras inconstitucionalidades.
Donde han metido la mano, han hecho macanas. Lo hicieron con la reforma jubilatoria, aprobada sin escuchar reclamos legítimos; se evidenció en la crisis e improvisación de la obra social OSER (ex IOSPER), donde ya no saben qué hacer en los juzgados con la cantidad de amparos diarios, y quedó demostrado con el escándalo de gestión de Teknofood.
Y ahora estos “iluminados” pretenden aplicar la misma receta a la Justicia Laboral: eludiendo el consenso, aprovechándose de contar con mayoría en la Cámara de Diputados y de haber cooptado voluntades legislativas en el Senado para aprobar reformas sin debate real con los sectores afectados.
Además, es una falacia manifiesta que se pretenda justificar acusando un “desbalance” o culpando a los peritos médicos. La litigiosidad aumenta porque las ART y las empresas no invierten en prevención de riesgos, incumplen normas de seguridad e higiene y demoran o rechazan el pago de indemnizaciones correspondientes. Pretender frenar las demandas entorpeciendo el acceso a la apelación o debilitando el principio protectorio (art. 14 bis CN) no elimina el conflicto: solo deja indefenso al trabajador accidentado.
Exigimos la suspensión del tratamiento exprés de esta iniciativa. Exhortamos a los legisladores provinciales a abrir una mesa de diálogo institucional y técnico donde se escuche a los Colegios de Abogados y operadores del fuero. Las reformas procesales deben hacerse para garantizar la tutela judicial efectiva y la paz social, no mediante parches legislativos hechos a la medida de las aseguradoras.