Cuando todo parecía encaminarse hacia una victoria del «clan» Bolsonaro en el balotaje, Lula arremetió con todo, tomando decisiones que favorecen a los trabajadores, como reducir a cinco los seis días de trabajo, y otras relacionadas con medidas de carácter social que hicieron que los que se habían abstenido de votar en la primera vuelta comprendieran que ese «viejo lobo de mar», que fue capaz de sacar de la miseria a más de 30 millones de ciudadanos, había regresado a la arena política para dar su última contribución a la patria que lo vio nacer en la miseria y que lo mentaliza como obrero revolucionario, en una trayectoria impresionante en la historia de América Latina, y nada menos que con ocho décadas de su trabajosa humanidad. Y, encima, fue el único líder de América Latina, junto a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que se le «paró de manos» al presidente de EE. UU., Donald Trump.
Pero, más allá de las repercusiones mundiales de tamaña hazaña, existe un lugar donde mueren las palabras y nos obligan a reflexionar sobre qué escenario se le abre a Lula después de esta victoria resonante. Porque no hay que confundir «batalla electoral» con batalla política estratégica. Lo que las urnas entregaron con este resultado es un equilibrio casi de alquimia perfecta: Lula conserva el Ejecutivo, y el Partido Liberal, la mayor parte de las bancas individuales de la Cámara y la más numerosa del Senado, mientras que el bloque conservador mantiene la capacidad real de bloquear presupuestos, reformas y nombramientos. La Legislatura que lo mantuvo como rehén en los últimos cuatro años no se «suavizó», ni mucho menos. Por eso, cada partida del presupuesto, cada reforma tributaria en favor de los trabajadores, cada nombramiento en el Gobierno o cada designación de un ministro o de un juez será objeto de una dura negociación, incluso con pedidos de juicio político. Por eso, Lula seguramente no confundirá la supervivencia política con una reivindicación. Acaba de ganar el derecho de gobernar dentro de una «jaula».
El resultado de estas elecciones en Brasil no es accidental ni puramente ideológico. Es funcional a un conjunto de circunstancias. La élite política y económica de Brasil (y ciertos sectores de EE. UU.) priorizan la estabilidad de los contratos de los mercados. No necesitaban el desorden de un fascismo evangélico que traería un desorden incorporado al caos comercial mundial. Necesitaban un resultado que les permitiera seguir acumulando, desregulando selectivamente, exportando y evitando rupturas mayores. Este resultado exigía que el presidente no tuviera mayoría propia y que debiera negociar permanentemente con el Centrão, el agronegocio, las financieras y los grandes grupos exportadores, y que su política económica se mantuviera lo bastante ortodoxa como para no desatar una crisis fiscal, cambiaria o inflacionaria.
Aquí reside la hipótesis central de lo que sucedió. Es funcional a un conjunto de intereses que, sin necesidad de un plan secreto centralizado, coinciden en preferir un Lula contenido a un «bolsonarismo» con poder pleno. La élite política y económica brasileña, que desea la estabilidad de los mercados y de los contratos de las corporaciones, no necesitaba «querer» a Lula, pero sí evitar un gobierno disruptivo en lo que respecta a la paz social. Y la primera vuelta cumplió la primera parte del diseño.
El mapa del Congreso que quedó configurado en octubre entrega al Partido Liberal la primera minoría en ambas cámaras y refuerza un bloque de derecha y centroderecha capaz de imponer costos elevados a cualquier iniciativa del Ejecutivo. Pero no se trata de una conspiración del «Estado profundo» en el sentido universal, sino de la lógica profunda del presidencialismo de coalición brasileño, un sistema que premia la fragmentación del poder y que castiga a quien intente gobernar sin repartir. Las élites no necesitaban inventar ese mecanismo, solo aprovecharlo.
Pero la segunda vuelta invita a una especulación más fina. Porque un Bolsonaro con mayoría en el Congreso y alineamiento incondicional con la Casa Blanca de Trump habría concentrado poder, acelerando una agenda disruptiva, con inclusive la salida de los BRICS y con un riesgo de ruptura institucional que generaría incertidumbre en los mercados. Lula, cercado por un Congreso hostil, sin mayoría propia y en un país más polarizado que nunca, es, paradójicamente, más previsible. Necesita repartir cargos, presupuestos y vetos. En esa condición, es más fácil «desgastarlo», desprestigiarlo e incluso, llegado el caso, sacarlo de la gobernanza si la crisis económica o la parálisis legislativa se agravan.
Hay que tener en cuenta que las élites brasileñas y parte de las de EE. UU. privilegian la estabilidad de los mercados y de los contratos de las grandes corporaciones. Estas élites prefieren, cuando tienen gobiernos de tinte progresista, que sean «domesticados» antes que radicalismos de derecha que puedan producir crisis o aislamientos que perturben las ganancias exportadoras. Esto no quiere decir que todas las élites desearan maniobrar ese desenlace, que implica la resultante imprevista del triunfo de Lula, pero fue funcional a muchos de sus intereses.
La secuencia biográfica de Lula ofrece un precedente revelador. O sea, la condena de 580 días en prisión, mediante el «lawfare», la prohibición electoral, la anulación de las sentencias por el Supremo Tribunal Federal y la restitución de los derechos políticos pueden leerse, más allá de los debates jurídicos, como un mecanismo de disciplinamiento político y de un sistema que es funcional para debilitar al principal opositor de la derecha vernácula y reconfigurar el tablero. Y el uso selectivo del sistema judicial no es una teoría conspirativa; es una observación empírica sobre cómo operan en Brasil las fronteras entre el derecho y la política cuando están en juego proyectos de poder de largo aliento.
Ahora Lula enfrenta tres problemas que trascienden la disputa partidaria. El problema es la gobernabilidad misma. La violencia política en las calles ha aumentado y el discurso de odio circula con libertad en las redes. El segundo es la reparación institucional. Un Tribunal Supremo que alguna vez fue garante del orden democrático ha visto erosionada su legitimidad por el escándalo financiero del Banco Master. Es obvio que el presidente no puede reparar una Corte, pero sí puede negarse a tratar la crisis como un problema ajeno.
El tercero es el más decisivo: ¿utilizarán Lula, el PT y las fuerzas democráticas este respiro para renovar la política brasileña o se limitarán a administrar la supervivencia política? Para lo primero, se exigirían nuevos liderazgos que dominen la izquierda hace 40 años, nuevas formas de participación popular que no dependan de un solo carisma y una narrativa capaz de conectarse con los trabajadores precarios, las familias religiosas y los votantes enfurecidos que se han desplazado hacia la extrema derecha.
En la política exterior, Brasil no dejará de comercializar con EE. UU., pero conserva autonomía para dialogar con todos: la Unión Europea, India, Rusia y el Sur Global, e incluso China. Lo verificable es que Lula gobernará en una «jaula».
La historia de Brasil en los próximos cuatro años será la de un presidente y líder luchando por sobrevivir políticamente en un entorno institucional diseñado para limitar cualquier gobierno progresista. Es cierto, Lula ha realizado un milagro. Su última tarea será asegurarse de que su país no necesite «otro».
Hoy por hoy, con lo visto y lo actuado, forma parte de una trilogía de los mejores líderes del mundo del siglo XXI: Xi Jinping, Vladimir Putin e Ignacio «Lula» da Silva. La batalla recién comienza.
Fuente: Prensa Alternativa. Opinión.