El gobierno de Milei construyó su relato político sobre la supuesta baja de la inflación y la pobreza. Pero la salida del titular del INDEC, en medio del bloqueo a la actualización de los índices, expone la fragilidad de ese indicador y pone bajo sospecha los números que sostienen ese discurso.
La Canasta Básica Total se calcula con patrones de consumo de hace más de 20 años, cuando servicios y transporte pesaban mucho menos en el gasto familiar. Actualizarla habría mostrado una inflación más alta. Y como la pobreza se mide por ingresos en relación a esa canasta, usar una base desactualizada también distorsiona ese indicador: la supuesta baja de 20 puntos que anuncia el Gobierno no refleja la realidad.
El INDEC es un organismo autárquico y debe estar sometido a control democrático. Lo exigimos el año pasado y lo seguimos exigiendo hoy: información pública clara, metodologías transparentes y rendición de cuentas ante el Congreso. Defender la verdad de los datos es defender los derechos de nuestro pueblo.