“Lo tocó nomas, no le pegó” dice una vecina. “Hace dos horas estaban queriendo levantar el tacho y no saben”, agrega otro. “Eso es lo que quería Azcué, el intendente especializado que sabe todo”, menciona la mujer. “Acá tenés Azcué. El camión atravesado, el chofer no tiene carnet. Acá esta la empresa nueva, la empresa trucha. Con Azcué todo bien, acá tienen. Nos sacaron a nosotros; cruzado de carril que lindo”, dice un tercero a través de otro video.
El hecho reaviva lo sucedido hace un mes, el 19 de marzo pasado, cuando el Concejo Deliberante aprobó la concesión parcial de la recolección de residuos. En menos de 24 horas se promulgó la ordenanza y se publicó en el Boletín Oficial. Al día siguiente, comenzaron a circular por Concordia los camiones de la firma cordobesa Vitsa. Esa misma mañana fueron notificados un centenar de empleados de la recolección de residuos de que debían trasladarse a otras reparticiones.
Esta semana, el bloque de concejales del Partido Justicialista solicitó, a través de un pedido de información pública, al Ejecutivo Municipal la información completa y la documentación respaldatoria sobre una contratación directa realizada a una empresa privada para tercerizar parcialmente la recolección de residuos bajo el marco de la declaración de la emergencia ambiental. Inicialmente, lo iba a realizar mediante un pedido de informes pero el bloque no reúne las cuatro firmas necesarias para que se apruebe su ingreso ya que el concejal Guillermo Satalía Méndez solicitó licencia por dos meses debido a cuestiones de salud.
Entre los considerandos del pedido, se manifiesta que a pesar del tiempo transcurrido desde la implementación de dichas contrataciones y la existencia de los canales institucionales habilitados (Portal de Transparencia del Municipio), no se ha garantizado la publicación completa y accesible de la información correspondiente.
Los ediles manifestaron que existe incertidumbre respecto de la firma contratada, así como de las condiciones en que se llevaron adelante dicha contratación, lo que impide un adecuado control institucional. A su vez, explicaron que es de público conocimiento que, a escasas horas de haberse aprobado la ordenanza de Emergencia Ambiental, ya se encontraban en ejecución servicios vinculados a su objeto, lo que genera razonables interrogantes respecto de la existencia de gestiones o acuerdos previos.