Tres frases que parecen inconexas, pero que inevitablemente se juntan en una misma conversación. Es necesario abordarlas en profundidad para tener herramientas para continuar el diálogo. Porque suelen ser frases usadas para bloquear el diálogo, como un stop, un “no digas más nada”.
Hay mucho para decir. ¡Muchísimo! Estas tres frases están profundamente conectadas y son toda una definición política. En principio, delatan el rol de “trabajador”; muchos de quienes las dicen parecen escindir su pensamiento y, al manifestarlas, parecen querer decir que no son “trabajadores o trabajadoras” militantes, agremiados, sindicalizados; es como que habría dos categorías de trabajadores: aquellos que se perciben como fuerza de mano de obra y aquellos que desdeñan ese rol. Es raro que alguien que dice que “siempre” tuvo que trabajar no se autoperciba como trabajador o trabajadora, pero así de engañosa es la mente; es como que quien “trabaja” está en negación, es decir, negación de ser lo que se define ser. Complicado.
Por otra parte, si no llega a fin de mes, está sugiriendo que sus ingresos dependen de factores externos y no solo del esfuerzo individual; por lo cual se puede inferir que depende de la “polis”, es decir, del grupo socioeconómico que integra; está en la polis, o sea, está “metido” en política. Volvemos a la negación: estar adentro de donde dice no estar. ¡Complicado! O lo que el marxismo llamó “alienado”.
¿Qué rol social cumple esta alienación? El de ser funcional a que se desarrollen políticas contrarias a los intereses de los trabajadores y trabajadoras, sin la menor resistencia de estos.
La época actual debe describirse como de crisis del trabajo: aumento del desempleo, pérdida del poder adquisitivo, incremento del pluriempleo, lo que lleva al aumento de personas que buscan nuevas fuentes de ingresos; al haber pérdida de puestos de trabajo estables, crece el emprendedurismo, donde los riesgos de inversión corren por cuenta de quien posee, de por sí, pocos ingresos. En resumen, lo que está sucediendo es una brutal transferencia de ingresos del campo laboral al campo financiero: muchas personas perdiendo ingresos para transferirlos a pocas personas que tienen ganancias extraordinarias.
Los períodos de crisis también son períodos de debate, intercambio, crecimiento y, fundamentalmente, organización. Así sucedió en la denominada históricamente “Década Infame”, iniciada en 1930 hasta 1943. ¿Qué pasó en esos años políticamente?
Las disputas internas dentro del gobierno radical de Yrigoyen, complementadas por la crisis mundial de 1929, generaron el escenario para el primer golpe de Estado de la historia argentina. Uriburu llega al poder y así comienza un período económico y político que va a definir sintéticamente el profesor Diego Dolgopol como “una etapa de enorme escepticismo, de desazón, de sensación de falta de futuro”, descripción que bien puede caberle a la Argentina actual.
La Década Infame se caracterizó por una fuerte manipulación de las elecciones: se inaugura el fraude electoral a cielo abierto, lo que debilitó la democracia incipiente y el sistema representativo. El fraude electoral fue la carta que permitió a la elite manejar el poder en función de sus intereses. Por esos años no importaban los partidos políticos, sino los “clubes políticos”, lugares donde no importaba si se era conservador o nacionalista; lo que sí importaba era que su ingreso era selectivo y solo accedían a ellos quienes poseían grandes extensiones de tierras y aspiraban al manejo de la economía.
Las políticas aplicadas en esa Década Infame dan cuenta de ello. Por ejemplo, la creación, en 1935, del Banco Central, con el auspicio de Federico Pinedo y Raúl Prebisch, para regular la moneda y el crédito. Otra característica de los gobiernos de esa década fue la alta corrupción del funcionariado: grandes negociados se realizaron con la anuencia de los tres poderes del Estado, todos integrados por actores del ámbito agropecuario. Tal vez el más escandaloso fue el negociado de la carne, sellado con el Pacto Roca-Runciman, donde se favorecía ampliamente a los frigoríficos ingleses. Los actos de corrupción involucraban al ministro de Economía, Federico Pinedo, y al de Hacienda, Luis Duhau. La información de cómo los frigoríficos ingleses Anglo y Liebig’s Extract of Meat Company (Frigorífico Liebig, cuyo esqueleto aún se encuentra a orillas del río Uruguay, en el pueblo que lleva su nombre), y los anglo-yanquis Swift y Armour eran favorecidos por la ausencia de control, lo que facilitaba no solo la extracción sino también la evasión impositiva, con la anuencia de los altos funcionarios gubernamentales, llegó a oídos del senador Lisandro de la Torre, de mano del sindicato de la carne, con pruebas irrefutables. A esto se le sumaba la extrema persecución, con controles sobre los pequeños frigoríficos nacionales que eran la competencia. La exposición fue tan contundente y el debate nacional llegó a tal punto que culminó con el atentado al senador De la Torre, en el mismo recinto del Senado, que costó la vida a su compañero de bancada Enzo Bordabehere. Este hecho dio por terminada la investigación y pasó a la historia como el “asesinato en el Senado de la Nación”.
A pocos días del golpe del 6 de septiembre, el movimiento obrero vislumbra que era tiempo de dejar atrás el período fundacional revolucionario y antisistema, con la influencia anarquista, socialista y comunista, y de encaminarse a un modelo nacional unificado, el que se concretó el 27 de septiembre de 1930, cuando se funda la CGT (Confederación General del Trabajo), asociando a las dos centrales preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA) y la Confederación Obrera Argentina (COA). En la Década Infame, la persecución y el control sobre el movimiento obrero fueron brutales; muchos de sus líderes fueron encarcelados en la “cárcel de fin del mundo”. Aun así, se mantuvieron activos, organizados y se perfilaron para lo que luego sería la columna vertebral del peronismo a partir de 1943.
Este sindicalismo unificado va a darle entidad al diálogo y la negociación con el gobierno, más que a la resistencia y confrontación. Paulatinamente van consiguiendo que sean atendidas algunas de sus demandas: reconocimiento de los sindicatos; jornada de trabajo y vacaciones; salario mínimo fijado por convenciones colectivas entre patrones y empleados; seguro nacional sobre desocupación, enfermedad, vejez y maternidad; defensa de la infancia; Ley 9.688 de Accidentes de Trabajo; estabilidad y escalafón para los trabajadores del Estado; construcción de casas económicas para obreros por cuenta del Estado y las municipalidades; derogación de la Ley 4.144, “Ley de Residencia”.
Muchos de estos derechos, logrados por los trabajadores y trabajadoras durante uno de los períodos más injustos, corruptos y desiguales de la historia argentina, están siendo vapuleados hoy, con la nueva Ley de Modernización Laboral, cuyos avances van no solo contra las condiciones de trabajo, sino también contra la unidad sindical, la fuerza de los convenios colectivos y, fundamentalmente, contra el último resguardo del trabajador: la Justicia, quitando la competencia específica de los tribunales laborales, que es el lugar donde se protegen y aseguran, en igualdad de condiciones, los derechos laborales y patronales.
La ley, aprobada en marzo de 2026, está siendo dirimida en la Justicia; cuestionada su constitucionalidad y más de 80 de sus artículos. Varios jueces fallaron a favor de medidas cautelares interpuestas, impidiendo la aplicación de muchos de sus artículos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Pero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revirtió las medidas cautelares, restituyendo su plena vigencia, sin opinar sobre los cuestionamientos interpuestos por la central sindical y varios gremios, solo con la expresión de que, en tanto y en cuanto se resuelvan las demandas judiciales —que probablemente dormirán en los tribunales a partir de ahora—, la ley cobra plena vigencia. De esta manera, aunque se da prosecución a las impugnaciones, la Justicia no resguarda derechos, sino que vehiculiza la aplicación de la Ley 27.802, desprotegiendo infamemente a una de las partes. ¿Es esto justicia? ¿A quién protege la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo? La lectura de este fallo deja en evidencia que protege la explotación laboral y los intereses de la patronal.
El trabajo no es una cuestión individual: es parte de un sistema de organización socio-política y económica. Los y las trabajadoras son todas aquellas personas que tienen como medio de subsistencia la venta de su fuerza de trabajo, y la forma de proteger sus derechos es interpretar acabadamente su rol social en la comunidad, interesarse por el bien público y asociarse para el bien común. Eso se comprendió en la Década Infame. ¿Será la comunidad trabajadora actual capaz de interpretarlo adecuadamente ante la infamia de esta reforma laboral?
Verónica R. López
Lic. en Cs. de la Educación