Las comisiones del Senado de Entre Ríos mantuvieron ayer una extensa agenda de trabajo en Casa de Gobierno, donde uno de los temas centrales para Concordia fue el dictamen favorable emitido al proyecto de ley que crea un nuevo Juzgado de Garantías con asiento en la ciudad. La iniciativa será tratada en la próxima sesión de la Cámara alta.
El proyecto fue analizado en la comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nancy Miranda, y contó con la participación del secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, quien remarcó la necesidad de reforzar la estructura judicial en la jurisdicción de Concordia debido al “pronunciado volumen de trabajo” existente, especialmente en los fueros penal y de familia.
La iniciativa había sido elaborada por el Superior Tribunal de Justicia en 2023 y contempla la creación de un nuevo Juzgado de Garantías mediante un proyecto compuesto por siete artículos. Tras un breve intercambio entre los legisladores, la comisión resolvió otorgar dictamen favorable para que el expediente avance al recinto.
La discusión se dio en un contexto donde desde distintos sectores judiciales y políticos vienen advirtiendo sobre la sobrecarga que enfrentan los tribunales concordienses, particularmente en materia de causas penales, violencia familiar y conflictos vinculados a niñez.
Debate por pensiones vitalicias
En la misma reunión también continuó el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para derogar la Ley 4.506 y sus modificatorias, norma que desde 1964 establecía pensiones vitalicias para exgobernadores y exvicegobernadores.
Maneiro defendió la propuesta oficial y sostuvo que el espíritu original de la ley respondía a un contexto histórico distinto, orientado a brindar protección a quienes ejercían cargos públicos “honorables” en situaciones de necesidad.
El texto establece que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal podrá acceder a pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia fuera del régimen jubilatorio ordinario, salvo las contempladas en las leyes de Mérito Cultural y Veteranos de Malvinas.
Además, incorpora la posibilidad de caducidad del beneficio en casos de condenas penales por determinados delitos, una vez confirmada la sentencia en segunda instancia.
Sin embargo, algunos senadores plantearon reparos sobre ciertos aspectos de la redacción y posibles situaciones particulares, por lo que el proyecto continuará en estudio dentro de la comisión.
Seguimiento de la deuda pública
Durante la mañana, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General analizaron otro proyecto con media sanción de Diputados: la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública.
La iniciativa busca estudiar la evolución de la deuda pública entrerriana —interna y externa— desde el 10 de diciembre de 1991 hasta la actualidad, incluyendo renegociaciones, refinanciaciones, canjes, pagos de comisiones, defaults y reestructuraciones.
El organismo elaboraría informes anuales y tendría facultades para requerir documentación e información oficial.
El senador Gustavo Vergara señaló que el bloque oficialista acompaña el proyecto, mientras que legisladores del PJ expresaron dudas sobre la conformación de la comisión y anticiparon que continuarán analizando la propuesta puertas adentro.
Deudores alimentarios: buscan restringir ingresos a eventos y casinos
Otro de los proyectos debatidos fue la modificación de la Ley 9424 del Registro de Deudores Alimentarios, iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados.
La propuesta establece que quienes figuren en el registro no podrán ingresar a eventos culturales, deportivos o espectáculos pagos, ni tampoco a salas de juego y casinos de Entre Ríos.
La autora del proyecto, la diputada provincial Lorena Arrozogaray, participó de manera remota y explicó que la medida apunta a reforzar herramientas para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias.
Según detalló, actualmente existen alrededor de 900 deudores registrados y “seis de cada diez incumplen”, muchas veces no por falta de recursos económicos.
Los senadores plantearon dudas sobre la implementación práctica de las restricciones, por lo que el expediente seguirá siendo debatido en comisión.