Desde ATE, entre siete y ocho trabajadores acudieron a la seccional local de ATE para reclamar. Desde el gremio interpusieron recursos de amparo ante la Justicia para que se les devuelva los conceptos de presentismo y puntualidad que se les había retenido por la adhesión a la movilización o de las medidas de fuerza en el Corralón. En una primera instancia, varios jueces de Concordia fallaron a favor del municipio pero desde ATE apelaron y el STJ (Superior Tribunal de Justicia) se pronunció a favor del gremio. “La Justicia nos dio la razón y ordenó al municipio la devolución de fondos”, mencionó.
No obstante, Pérez destacó que el Ejecutivo optó por devolver los importes a todos los empleados, cerca de un centenar, y no solo a los siete y ocho que se presentaron en la Justicia. El asesor legal mencionó que eso se debió a que los demás empleados iban a realizar el mismo reclamo. A su vez, sostuvo que, de fondo, en el municipio sabia que los descuentos habían sido mal hechos. Pérez mencionó que el intendente Francisco Azcué envió una nota a la Dirección de Liquidaciones ordenando la devolución de los descuentos.
Más allá del dinero en sí, en el gremio destacaron que lograron que se revierta un accionar controvertido. El abogado de ATE remarcó que el municipio actuó en forma “arbitraria” y era consciente de eso. De hecho, enfatizó que se les descontó a empleados que estaban de vacaciones o con licencia por enfermedad y no podrían haber participado de la movilización que se realizó ese viernes lluvioso, ante un grupo de integrantes de la guardia de infantería de la Policía de Entre Ríos que custodiaba el acceso al municipio, en la plaza 25 de Mayo.
“Lo hicieron al voleo, sin mucho control, pero lo hicieron como un mecanismo para amedrentar. La intención era generar miedo en los trabajadores”, dijo. Pérez remarcó que desde el gremio quieren transmitir a los empleados municipales que deben perder el temor a reclamar. “En realidad, el municipio tuvo que volver atrás con su accionar arbitrario”, subrayó.
“La Justicia ha resuelto en numerosos casos, porque es un criterio jurisprudencial desde hace muchísimos años que establece que, si se le hace un descuento a un trabajador, previamente se le debe notificar del descuento, decirles los motivos por los que les va a hacer el descuento y darles un tiempo para que puedan defenderse”, dijo Pérez.
Perez sostuvo que el Ejecutivo afectó el derecho a percibir de manera integral el salario de los empleados. “Les sacó plata del bolsillo a más de 100 municipales”, dijo. También afectó el derecho de defensa ya que hubo empleados que estaban de vacaciones, de licencia por enfermedad o quizás no habían participado de la marcha.
Pero, lo más importante, es que se intentó amedrentar el derecho a reclamar por la situación de quienes se quedaron sin trabajo. Pérez remarcó que el único interés del Ejecutivo es perseguir a los gremios e intentar disciplinar y que nadie salga a protestar individualmente ni colectivamente.
El abogado dijo que se les devolvió lo descontado más los intereses. Pero, además, el municipio debe hacerse cargo de los gastos del juico y los honorarios. “No se pueden hacer descuentos sin notificar. Es un criterio histórico de la Justicia entrerriana. Por eso es alarmante que el Ejecutivo igual lo haya hecho. No solo atenta contra los laburantes sino que le causa un perjuicio económico al municipio. Como no son ellos los que pone la plata de manera individual. No es el intendente ni ninguno de sus asesores ni de sus funcionarios el que pone de su bolsillo. No lo piensan y priorizan la persecución a los trabajadores”, fustigó Pérez.
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