El conflicto entre PAMI y los prestadores de salud de Concordia llegó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Un grupo de legisladores del bloque justicialista presentó un proyecto de declaración para manifestar su preocupación por la situación y reclamar medidas urgentes que garanticen la continuidad de la atención de miles de jubilados y pensionados.
La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Silvia Mariel Ávila y lleva las firmas de Lorena Arrozogaray, Andrea Zoff, Enrique Cresto, Silvina Soledad Deccó y Yari Demian Seyler.
Según explican los autores, la presentación surgió a partir de una nota elevada por integrantes de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia, quienes manifestaron la incertidumbre que enfrentan miles de afiliados ante la posible interrupción de las prestaciones médicas.
También recuerdan las reuniones mantenidas con autoridades de la Unidad de Gestión Local XXXIV de PAMI, donde expusieron las dificultades que vienen registrándose en el acceso a distintos servicios sanitarios.
El proyecto hace especial referencia al anuncio del Sanatorio Concordia, que comunicó su decisión de rescindir el convenio con PAMI a partir del 1° de septiembre si no se produce una recomposición de los valores arancelarios. Entre los fundamentos, la institución atribuye esa decisión a que el atraso en la actualización de los aranceles habría generado un fuerte desequilibrio económico para los prestadores.
En ese contexto, los diputados sostienen que desde mayo se registran restricciones en distintas prestaciones para los afiliados, como consultas con especialistas, cirugías programadas y determinadas atenciones de guardia. Advierten además que la eventual salida del principal prestador privado del sistema podría afectar a unos 15.000 afiliados de Concordia y a un importante número de beneficiarios de toda la región.
De concretarse ese escenario, agregan, el sistema público de salud provincial podría verse seriamente exigido por una derivación masiva de pacientes, incrementando la demanda sobre los hospitales públicos y comprometiendo su capacidad de respuesta.
En los fundamentos también recuerdan que el derecho a la salud tiene jerarquía constitucional y está protegido por tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Entre ellos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
En ese marco, si bien reconocen que la administración de PAMI es competencia del Estado nacional, consideran que corresponde a la Legislatura entrerriana expresar institucionalmente su preocupación por el impacto que el conflicto puede tener sobre miles de entrerrianos.
Por último, el proyecto exhorta a las autoridades nacionales competentes a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones, promover instancias de negociación con los prestadores y evitar que las personas mayores vean vulnerado su derecho de acceso efectivo a la salud.