Durante el encuentro, los representantes gremiales señalaron que la situación continúa siendo alarmante debido a la falta de pago de salarios, los despidos y la paralización de la actividad, un escenario que pone en riesgo miles de fuentes laborales directas e indirectas.
Uno de los puntos planteados fue también la preocupación por los despidos que alcanzan a integrantes de comisiones directivas sindicales, situación que, según remarcaron, afecta garantías fundamentales para el ejercicio de la representación gremial.
El encuentro tuvo además una definición política concreta. El diputado nacional Sergio Palazzo destacó la reunión a través de sus redes sociales y señaló que “siete mil familias corren el riesgo de perder su empleo”, al tiempo que afirmó que los trabajadores denuncian una mala administración empresaria que habría llevado a una situación de angustia a numerosas familias.
“Hoy recibimos en el bloque de UP a los sindicatos que representan a los trabajadores de Granja 3 Arroyos”, expresó Palazzo, quien agregó: “acordamos una serie de acciones conjuntas para llevar a cabo desde la Cámara de Diputados”.
Ante este panorama, las cuatro organizaciones coincidieron en establecer como prioridad la preservación de los cerca de 7.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad, además de la continuidad de la producción. En ese sentido, sostuvieron que no deben ser los trabajadores quienes paguen las consecuencias de una crisis que no generaron.
Desde el comienzo del conflicto, los gremios aseguran haber realizado gestiones ante distintos niveles del Estado, organismos, autoridades y espacios políticos en busca de respuestas y alternativas para los trabajadores afectados.
En la reunión, los dirigentes sindicales destacaron la importancia de la representación gremial como herramienta para defender los derechos laborales y exigir respuestas ante una situación que, advirtieron, requiere soluciones urgentes.
Los representantes gremiales también valoraron la recepción de los diputados nacionales, quienes escucharon los planteos y manifestaron su disposición a impulsar mecanismos desde las comisiones de la Cámara de Diputados para convocar a representantes de la empresa, funcionarios provinciales y otros actores involucrados en el conflicto.
Desde los sindicatos insistieron en que no se puede naturalizar la falta de pago de salarios, los despidos ni el riesgo de pérdida de fuentes laborales que sostienen a miles de familias y tienen un fuerte impacto económico y social en toda la región.
Finalmente, las cuatro organizaciones gremiales ratificaron que continuarán trabajando de manera conjunta y realizando gestiones, reclamos y acciones en los distintos ámbitos institucionales con el objetivo de encontrar una salida al conflicto.
“Defender cada puesto de trabajo, cada salario y cada familia”, señalaron, seguirá siendo la principal prioridad de las organizaciones sindicales.
