Los resultados de las pruebas PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) encendieron las alarmas por el retroceso registrado por Argentina en las tres áreas evaluadas. En Matemática, el país obtuvo 367 puntos, 11 menos que en 2022 y el peor resultado de toda la serie; en Ciencias alcanzó 393 puntos, 13 menos que en la evaluación anterior, mientras que en Lectura obtuvo 389, frente a los 401 de 2022. En Matemática, además, apenas el 24% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 de desempeño, considerado el umbral básico, frente al 65% del promedio de la OCDE.
En ese contexto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) cuestionó el análisis realizado por el Gobierno nacional y advirtió que los resultados no pueden interpretarse únicamente como un indicador del rendimiento individual de los estudiantes.
Desde la organización sindical señalaron que las pruebas estandarizadas no constituyen, a su criterio, una herramienta suficiente para comprender la complejidad de los sistemas educativos, el trabajo docente y los procesos de enseñanza y aprendizaje. También cuestionaron el uso mediático que, según sostienen, se hace de sus resultados para responsabilizar a la educación pública.
CTERA apuntó particularmente contra las declaraciones del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien tras conocerse los resultados atribuyó la situación a las políticas educativas de “las gestiones anteriores”. Para la organización, ese análisis omite el impacto que tiene sobre el sistema educativo el ajuste presupuestario implementado durante la actual gestión de Javier Milei.
Qué período reflejan los resultados
La especialista en evaluación educativa del Instituto Marina Vilte de CTERA, Liliana Pascual, sostuvo que los resultados de Argentina en PISA 2025 deben ser analizados dentro de una tendencia internacional que también afecta a numerosos países de América Latina.
Además, remarcó que la evaluación refleja los aprendizajes construidos durante los últimos ocho años de escolaridad de los estudiantes —la primaria completa y los primeros tres años del secundario—, por lo que, según explicó, el período analizado comienza en 2016 y no en 2013, como habría planteado la versión oficial.
“Las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores corresponderían al gobierno de Macri, a la pandemia y al gobierno de Milei”, planteó CTERA a partir de ese criterio.
La entidad señaló que, dejando de lado el período excepcional de la pandemia, tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como durante la actual administración nacional se produjo, según su análisis, un proceso de reducción del financiamiento educativo.
En ese sentido, CTERA afirma que durante el gobierno de Macri el presupuesto educativo disminuyó un 35%. Respecto de la gestión de Milei, sostiene que en 2024 la inversión educativa cayó al 4% del PBI, el nivel más bajo de los últimos veinte años, y que el presupuesto educativo nacional se redujo casi 50% en los últimos dos años.
La organización también cuestionó la suspensión del cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que establece un piso de inversión educativa equivalente al 6% del PBI.
El impacto de las desigualdades sociales
Pascual planteó que los resultados de PISA 2025 no deberían ser interpretados como un problema de rendimiento individual ni como una supuesta incapacidad de los estudiantes argentinos.
“PISA evalúa aprendizajes construidos a lo largo de trayectorias educativas y, por lo tanto, sus resultados deben analizarse en relación con las condiciones institucionales, económicas y sociales en las que esas trayectorias se desarrollan”, sostuvo.
Desde CTERA remarcaron que el financiamiento es una de las dimensiones que inciden sobre esas condiciones. Mencionaron, entre otros aspectos, la infraestructura escolar, la formación docente, los salarios, el acompañamiento pedagógico, los materiales didácticos, la conectividad y las políticas destinadas a sostener las trayectorias escolares.
La organización también puso el foco en la situación socioeconómica de los estudiantes y en la relación entre nivel de ingresos y desempeño educativo. Según los datos que cita CTERA a partir de PISA, los estudiantes argentinos pertenecientes al 25% socioeconómicamente más favorecido obtuvieron en Ciencias 82 puntos más que quienes integran el 25% más desfavorecido.
Para la entidad, esa diferencia muestra que las desigualdades educativas no se originan exclusivamente dentro de las escuelas. “Las escuelas reciben estudiantes que llegan con condiciones materiales, culturales y familiares muy diferentes”, señaló.
En ese marco, mencionó factores como la alimentación, las condiciones habitacionales, el acceso a libros y dispositivos tecnológicos, los espacios disponibles para estudiar, la necesidad de trabajar, los problemas de transporte y el estrés como situaciones que pueden incidir sobre las trayectorias educativas.
CTERA sostuvo que la escuela puede contribuir a compensar esas desigualdades, pero que difícilmente pueda hacerlo sin políticas sociales y educativas que acompañen ese proceso.
“La mejora de los aprendizajes no se logra con más ajuste”
Finalmente, CTERA cuestionó que el debate sobre los resultados de PISA quede limitado a la cantidad de puntos obtenidos por Argentina frente a otros países.
Para la organización, el principal problema está relacionado con las condiciones sociales y educativas en las que se desarrollan las trayectorias de los estudiantes y con el impacto que tiene el desfinanciamiento sobre el sistema.
De todos modos, consideró que los resultados de PISA 2025 pueden ser tomados como una advertencia sobre la capacidad del Estado para garantizar una educación de calidad para todos.
“Desde una perspectiva de derechos, los resultados de PISA 2025 pueden interpretarse como una advertencia sobre la capacidad del Estado actual para garantizar una educación de calidad para todos”, sostuvo la entidad.
En ese sentido, reclamó una política educativa de largo plazo que combine financiamiento suficiente, fortalecimiento de la escuela pública, condiciones dignas para el trabajo docente, formación profesional y acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, junto con políticas económicas y sociales destinadas a reducir las desigualdades. “La mejora de los aprendizajes no se logra con más ajuste”, concluyó CTERA.