El Departamento Ejecutivo de Concordia dispuso iniciar un sumario administrativo al empleado municipal Carlos Monzón, quien se desempeña en el Departamento de Culto, dependiente de la Secretaría de Gobierno. La investigación busca determinar si tuvo responsabilidad en el presunto uso de un certificado médico confeccionado con un sello y un recetario atribuidos al médico Marcelo Eitel Kuhne.
La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto Nº 887/2026, firmado el 30 de septiembre por el intendente Francisco Azcué y la secretaria de Gobierno, Patricia Laura Rodríguez.
Los hechos
Kuhne presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Concordia el 27 de enero de 2025. En ese momento, se desempeñaba como médico especialista en Medicina del Trabajo en el área de Reconocimiento Médico de la Municipalidad.
Según consta en el expediente administrativo, el profesional denunció que habían utilizado su sello y recetario sin autorización. La presunta irregularidad fue advertida por Juan Manuel Uranga, encargado administrativo del área, quien observó diferencias entre la letra y la firma del certificado presentado por Monzón y las que atribuía al médico. También señaló que el sello y el membrete parecían fotocopiados.
Kuhne explicó que trabajaba diariamente con Uranga y que le resultaba llamativo que se hubiera presentado un certificado a su nombre para justificar la situación de un empleado municipal. Señaló que rara vez emitía certificados para personal de la propia Municipalidad, organismo al que auditaba.
La denuncia penal fue archivada
Durante la información sumaria administrativa, el Departamento de Sumarios solicitó a la Unidad Fiscal de Concordia que informara el estado de las actuaciones judiciales. La respuesta incorporada al expediente indicó que la denuncia había sido archivada el 6 de febrero de 2025. El decreto no precisa los motivos de esa decisión.
A pesar de ese antecedente, el Departamento de Sumarios recomendó avanzar con una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar si correspondía atribuir responsabilidades al agente. La Dirección de Asuntos Jurídicos respaldó esa recomendación mediante el Dictamen Nº 1.333/2026.
En consecuencia, el decreto dispone cerrar la información sumaria previa e iniciar un sumario administrativo contra Monzón para investigar posibles incumplimientos de la Ordenanza Nº 11.275/49, que establece obligaciones y causales disciplinarias para el personal municipal.
Por último, designa como instructora sumariante a la abogada Gisela Araceli Trentin, dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.