Este jueves 29 de octubre comenzará en los Tribunales de Gualeguay un nuevo juicio contra Néstor Roberto Pavón por el abuso sexual y femicidio de Micaela García, la joven de 21 años asesinada el 1 de abril de 2017. El proceso buscará determinar si Pavón participó como coautor del crimen por el que Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua o si su responsabilidad se limitó al encubrimiento, como estableció la primera sentencia.
El debate se desarrollará en la Sala N° 1, a partir de las 9, en el marco del Legajo N° 142/17. Según informó el Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (SIC-STJ), las audiencias están previstas para los días 29 y 30 de octubre, y el 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre.
El tribunal estará integrado por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, quien se desempeñará como presidente; Maximiliano Otto Larrocca Ress, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia; y Nicolás José Gazali, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.
El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Maite Burruchaga. La querella, en representación de los padres de Micaela, Andrea Graciela Lescano y Néstor Aníbal Emilio García, estará a cargo de los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens. La defensa de Pavón será ejercida por los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto.
El juicio será transmitido en vivo por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ, por disposición del tribunal. La medida fue adoptada a partir de un pedido de la querella, que contó con la conformidad de la Fiscalía.
Asimismo, se dispuso que los testigos y peritos no puedan seguir las audiencias en línea ni por otros medios de comunicación antes de prestar declaración. Los periodistas tendrán acceso a la sala, sujeto a la capacidad disponible. Los camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes antes del inicio del debate y luego deberán retirarse.
En caso de que durante las audiencias se exhiban imágenes o elementos de prueba que puedan afectar la sensibilidad de las personas, el tribunal podrá disponer el desalojo de la sala o restringir su difusión.
La condena
En 2017, el tribunal que juzgó el femicidio condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua por el abuso sexual con acceso carnal y el homicidio agravado de Micaela. Pavón, en cambio, recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento agravado, mientras que Gabriel Ignacio Otero fue absuelto.
La Fiscalía y la querella cuestionaron que Pavón fuera condenado únicamente por encubrimiento y sostuvieron que debía ser juzgado como coautor del crimen. En junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena a Wagner, pero anuló la sentencia de Pavón y ordenó realizar un nuevo juicio. Entre sus argumentos, planteó que debía analizarse si Pavón había encubierto un delito cometido por otra persona o si había intentado ocultar su propia participación.
Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó sin efecto aquella decisión de Casación y mantuvo la condena por encubrimiento. La controversia llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que Pavón fuera sometido a un nuevo juicio para determinar su posible responsabilidad como coautor.
El caso también estuvo marcado por la actuación del entonces juez de Ejecución Penal Carlos Rossi, quien otorgó la libertad condicional a Wagner antes del femicidio. La decisión generó una fuerte polémica y cuestionamientos públicos sobre los mecanismos de evaluación y seguimiento de las personas condenadas por delitos sexuales. Sin embargo, la actuación de Rossi no constituye el objeto del debate que comenzará en Gualeguay, centrado en la posible participación de Pavón en el crimen.
El nuevo juicio volverá a examinar la responsabilidad penal de Pavón en el abuso sexual y el femicidio de Micaela, un caso que generó una profunda conmoción social y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Su nombre también quedó ligado a la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para quienes se desempeñan en la función pública.