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Concordia

13 noviembre, 2026

El Colegio de la Abogacía rechazó que el STJ limite el horario para presentar escritos electrónicos: «Menos trabajo es menos justicia»

La entidad cuestionó que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos evalúe restringir las presentaciones fuera del horario judicial y advirtió que la medida afectaría tanto el ejercicio profesional como el acceso de la ciudadanía a la Justicia. Además, sostuvo que el propio Poder Judicial cuenta con informes que indican que la limitación no reduciría la carga de trabajo.

7:15 pm h
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El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) manifestó su rechazo a la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) limite el horario para presentar escritos electrónicos. A través de un comunicado difundido el 11 de noviembre, la entidad calificó la iniciativa como un «retroceso institucional» y advirtió que tendría consecuencias sobre el ejercicio profesional y el acceso a la Justicia de la población entrerriana.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el Superior Tribunal estaría avanzando en el tratamiento de la medida sin consultar previamente al Colegio. Desde la entidad consideraron que una modificación que incide directamente en el trabajo cotidiano de los abogados y en el acceso a la jurisdicción requiere escuchar la posición de sus representantes antes de tomar una decisión.

El CAER también sostuvo que la eventual restricción contradice las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales. Mientras la tecnología permite recibir presentaciones durante las 24 horas, advirtió que la Justicia entrerriana podría limitar el funcionamiento de su Mesa Virtual durante parte del día.

Para fundamentar su rechazo, el Colegio citó informes elaborados por distintas áreas del propio STJER en el expediente 4174/2024. Según el relevamiento de la Oficina de Informática, solamente el 10% de las presentaciones electrónicas ingresaron en horarios nocturnos, aunque dentro de ese porcentaje también se incluyeron actuaciones urgentes habilitadas.

De acuerdo con el comunicado, la conclusión de esa oficina fue que restringir el horario no reduciría la cantidad de escritos ni modificaría la acumulación de expedientes en los despachos.

También mencionaron un informe de la Dirección de Gestión Humana, que señaló que la mayor cantidad de presentaciones se concentra en días y horarios hábiles y que los ingresos durante jornadas inhábiles no parecen ser la causa de la sobrecarga laboral. Además, indicó que mantener abierta la Mesa Virtual facilita el acceso a la Justicia y resulta compatible con el derecho del personal judicial a la desconexión.

En ese sentido, el Colegio recordó que los trabajadores judiciales cumplen una jornada de 7 a 13, pero que eso no impide que el sistema reciba escritos durante el resto del día. El artículo 2 del Reglamento de Presentaciones Electrónicas establece que pueden ingresarse cualquier día y horario, aunque cuando se realizan en tiempo inhábil los plazos para su tramitación comienzan a correr el siguiente día y horario hábil. La excepción contempla los amparos y otras presentaciones urgentes.

Para el CAER, limitar las presentaciones electrónicas también significaría ir en sentido contrario al proceso de modernización que llevan adelante otros poderes judiciales del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el propio Gobierno provincial.

«Limitaría el tiempo del que disponen quienes necesitan presentar un escrito, mientras los organismos judiciales seguirían afrontando la misma carga de trabajo», señalaron. Y agregaron que el costo de esa decisión recaería sobre quienes buscan resolver sus conflictos y sobre los profesionales que trabajan para defender sus derechos.

Finalmente, la entidad fue contundente en su posicionamiento: «Menos trabajo es, indefectiblemente, menos justicia». Por eso, instó al Superior Tribunal a desistir de la restricción y convocar al Colegio antes de resolver cualquier modificación del régimen vigente.

Además, advirtió que, si la medida llega a concretarse, utilizará todas las herramientas institucionales y legales disponibles para intentar revertirla.

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