Las primeras audiencias se realizaron con los primeros denunciantes ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de la provincia de Entre Ríos, entre ellos, personas que habrían presenciado decisiones clave de la Comisión Directiva en la gestión de los terrenos del aeroclub y que fueron echados o suspendidos por la misma. Sin embargo, al menos tres testigos no pudieron declarar esta semana debido a irregularidades en las notificaciones policiales, lo que forzó la postergación de las entrevistas previstas para los próximos días. Según confirmaron fuentes relacionadas a la investigación, las nuevas citaciones se reprogramarían para el 14 de agosto, luego del receso por feria judicial.
Desde el entorno denunciante señalaron que los testimonios aportados hasta ahora fueron valiosos, y que cada persona relató hechos concretos vividos o presenciados en el seno institucional del aeroclub. Además, anticiparon que paralelamente se está trabajando en una nueva presentación ante la Dirección de Personas Jurídicas, apoyada por documentación registral e informes catastrales para seguir trazando las operaciones inmobiliarias cuestionadas.
La denuncia que motivó esta causa había sido presentada por el ex tesorero del aeroclub, Luis Alberto Tavella, el 4 de octubre de 2023. En ella se advertía sobre presuntas ventas irregulares de terrenos, realizadas sin aprobación de la comisión directiva ni respaldo documental, y por valores muy por debajo del mercado. También se denunciaba la expulsión arbitraria de socios y el vaciamiento institucional de la entidad.
Aunque en un primer momento la investigación fue desestimada por el fiscal Argüello de la Vega —quien alegó que se trataba de una cuestión interna de una persona jurídica y que debía canalizarse por la vía administrativa—, la resolución del fiscal Costa consideró que existían indicios suficientes de ilicitud, y que no podía eludir la intervención penal en un caso con impacto patrimonial y social relevante.
En su resolución, Costa señaló que las irregularidades denunciadas presentaban «un tenor de gravedad suficiente y de contenido, prima facie, ilícito», lo que justifica la intervención de la Justicia penal. También cuestionó en duros términos la fundamentación del fiscal Argüello de la Vega, remarcando que la falta de recursos no puede ser una excusa válida para archivar una causa con indicios de ilicitud
El mencionado fiscal de Chajarí había descartado la intervención del Ministerio Público Fiscal al considerar que la denuncia solo reflejaba «meras manifestaciones cuestionando el manejo y la administración de una persona jurídica por sus autoridades electas». Además, agregó que, incluso si existiera alguna irregularidad, ésta estaría «disfrazada y bajo el manto de un negocio jurídico lícito», y que investigar el hecho implicaría «un esfuerzo inútil para el Estado».
