La discusión por el nuevo esquema de alimentación escolar en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo después de que la Justicia convocó a las familias que puedan verse afectadas por su implementación. Para la abogada María de los Ángeles Petit, la resolución permite poner en el centro de la discusión a los estudiantes y las condiciones en las que recibirán su desayuno y merienda. “Es una buena noticia. Pone la mirada en los chicos, que es donde siempre debió estar, y los verdaderos perjudicados por este nuevo sistema de comedores”, afirmó.
Petit no forma parte del proceso judicial, pero está impulsando a las familias para que se presenten en el amparo colectivo y puedan participar de la causa. En ese marco, también cuestionó los aspectos económicos vinculados al sistema y consideró necesario revisar los números y las contrataciones con Teknofood.
“Las cifras millonarias que se le pagan a Teknofood y las posibles irregularidades administrativas indignan a cualquiera”, señaló, aunque advirtió que la discusión no puede quedar reducida únicamente a una cuestión económica. “Enfocarse solo en el dinero hace que nos olvidemos de lo más grave: se está violando el interés superior del niño”.
Ultraprocesados y una porción que nadie sabe quién estableció
Uno de los principales cuestionamientos de Petit está relacionado con los alimentos que recibirán los estudiantes y con la forma en que se informó a las escuelas sobre el nuevo esquema.
Según explicó, las instituciones no recibieron una resolución, ni otra disposición administrativa que establezca formalmente cómo funcionará el sistema. La información sobre los productos y su distribución fue transmitida por nutricionistas de Teknofood que recorrieron distintas escuelas para explicar cómo serían las cajas de alimentos.
En esas charlas, las profesionales indicaron cómo debían fraccionarse algunos productos, entre ellos los budines. Pero, según Petit, esas instrucciones fueron transmitidas de manera informal y no están respaldadas por una normativa oficial.
“No tienen resolución, no tienen circular, no tienen nada”, sostuvo la abogada, y explicó que varios directivos recurrieron a ella para pedir asesoramiento porque tampoco tienen claro cuáles serán sus responsabilidades frente al nuevo esquema.
En ese contexto, cuestionó tanto el tipo de alimentos como la forma en que deben ser distribuidos. “No se puede reemplazar la comida de verdad por ultraprocesados, como galletitas o un budín que los docentes tienen que cortar en ocho pedazos exactos. ¿A quién se le ocurre que con eso se cubre el desarrollo y el crecimiento de un chico?”, cuestionó.
Para Petit, el impacto tampoco puede analizarse sin tener en cuenta la realidad social de las comunidades educativas. “El desayuno o la merienda que da la escuela no es un extra: es, muchas veces, lo único fuerte que come un chico en todo el día”, afirmó.
Un sistema que deja a las escuelas en el medio
La falta de instrucciones formales, afirmó la abogada, genera dudas entre los equipos directivos respecto de cómo deben recibir, almacenar y distribuir los productos y cuáles son las responsabilidades que les corresponden.
Según indicó, además de los directivos de distintas escuelas de Concordia que se comunicaron con ella para pedir asesoramiento, algunas instituciones enviaron notas a la Departamental de Escuelas y al Consejo General de Educación para solicitar precisiones sobre el funcionamiento del esquema.
No obstante, la respuesta formal, sostuvo, nunca llegó. “Comedores solo mandó capacitadoras a dar charlas informales, pero no hay un solo documento administrativo formal sobre el cual protestar o exigir cambios”, afirmó.
Petit cuestionó además la falta de coordinación entre las áreas estatales involucradas. “Por un lado, la provisión de comida y el personal de cocina dependen de la Dirección de Comedores; por el otro, el Consejo General de Educación pone la escuela y exige que sus docentes se hagan cargo de la atención”, planteó.
Para la abogada, la situación termina trasladando a las escuelas parte de las responsabilidades de un sistema que no cuenta con reglas administrativas claras. “Quienes diseñaron esto evidentemente no pisan una escuela ni conocen la realidad de los barrios”, subrayó.
“¡Juntos somos más!”
Tras conocerse la resolución judicial, Petit lanzó una convocatoria para que las familias que puedan verse afectadas se presenten en el amparo colectivo.
“¡Juntos somos más!”, publicó la abogada en sus redes sociales, donde invitó a las familias a participar del proceso contra el Estado provincial por la implementación del nuevo sistema de provisión de alimentos y mencionó también a Teknofood.
“Estamos para asesorarlos”, agregó.
La convocatoria busca que los padres puedan plantear ante la Justicia cómo se está implementando el esquema y aportar sus propias experiencias. Para Petit, la discusión no puede quedar limitada a los contratos o los costos, sino que debe incluir qué reciben los chicos y en qué condiciones se desarrolla la prestación.
Finalmente, la abogada cuestionó el criterio político que, a su entender, atraviesa la medida. “Hay una idea de que el Estado debe retirarse y recortar el gasto público como sea”, sostuvo, y concluyó: “Si en ese camino se compromete el futuro de toda una generación, parece que para algunos no importa”.