La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que recorta subsidios al gas y modifica el Régimen de Zona Fría, una medida que podría afectar a millones de hogares en distintas provincias argentinas.
La iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, consolidando una nueva victoria legislativa para el oficialismo de Javier Milei en materia de ajuste energético.
El oficialismo logró reunir una amplia mayoría con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Producción y Trabajo de San Juan y legisladores del MID, además del acompañamiento de diputados aliados de distintas provincias.
En contraposición, rechazaron la iniciativa los diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y representantes de distintos bloques provinciales, quienes advirtieron sobre el impacto social que tendrá el recorte de subsidios en millones de hogares. También votaron en contra Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Pablo Farías, Pablo Juliano y legisladores cordobeses de Provincias Unidas.
El proyecto denominado “Medidas Energéticas” modifica el esquema vigente desde 2021, establecido mediante la Ley 27.637 impulsada por Máximo Kirchner, que había ampliado el alcance del beneficio de Zona Fría a más provincias del país.
Hasta entonces, la reducción en la tarifa de gas alcanzaba principalmente a la Patagonia, Malargüe —en Mendoza— y la región de la Puna. Sin embargo, esa normativa incorporó también a departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Con la reforma aprobada, esos usuarios dejarán de acceder automáticamente al beneficio y solo podrán mantener descuentos quienes estén incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a hogares de menores ingresos.
Además, la iniciativa establece que el subsidio dejará de calcularse sobre el total de la factura y pasará a aplicarse únicamente sobre el precio del gas, excluyendo costos de transporte y distribución, lo que implicará una reducción del beneficio final para los usuarios.
Durante el debate parlamentario, distintos sectores opositores cuestionaron que el Gobierno avance con un nuevo recorte tarifario en medio de la caída del poder adquisitivo y el incremento sostenido de los servicios públicos.
Según estimaciones difundidas durante la discusión legislativa, cerca de 3 millones de personas podrían verse afectadas por la medida si el Senado convierte el proyecto en ley.