El gobierno municipal prometió orden, eficiencia y modernización. Pero, en materia tributaria, muestra lo contrario: decretos mal redactados, normas que se corrigen sobre la marcha, retroactividad indebida y más presión sobre el contribuyente. Mucho anuncio, poca gestión y cada vez menos previsibilidad.
El Decreto N.º 341/2026 dejó al descubierto el desorden tributario de la actual administración municipal. Una norma que supuestamente venía a actualizar el régimen de multas terminó siendo una muestra de improvisación: fue dictada el 22 de abril, publicada recién el 18 de mayo y, aun así, pretendía regir desde el 1.º de abril. Es decir, buscaba aplicar sanciones hacia atrás, incluso antes de que el propio decreto existiera formalmente.
En materia tributaria, eso no es un detalle menor. El Estado no puede exigir cumplimiento si primero no garantiza reglas claras. No puede sancionar con normas que el contribuyente no conocía, no estaban publicadas o fueron redactadas con errores básicos. La seguridad jurídica no es una formalidad: es la condición mínima para que vecinos, comercios y empresas sepan qué pagar, cuándo pagar y bajo qué reglas se los puede sancionar.
Pero el papelón no terminó ahí. El Decreto N.º 341 pretendía aumentar los valores de las multas aproximadamente un 30 %, pero, al publicarse, mantuvo los mismos montos del Decreto N.º 1.703/2024. En otras palabras: hicieron un decreto nuevo para cambiar algo, derogaron el anterior, pero, en los hechos, no cambiaron nada. Un copy-paste mal revisado que ahora obliga al propio Ejecutivo a dictar otro decreto para corregir lo que salió mal.
Ese es el problema de fondo: gobiernan con anuncios, pero sin gestión. Prometen modernización, pero generan más atraso. Hablan de orden fiscal, pero desordenan la administración tributaria. Dicen que vienen a mejorar la recaudación, pero lo único que logran es aumentar la presión sobre el contribuyente mientras la recaudación no responde como esperan.
La fórmula es conocida: cuando falta gestión, suben la carga. Cuando no hay planificación, aparecen más multas. Cuando no hay eficiencia, el costo lo paga el vecino. Y cuando los decretos salen mal redactados, se corrigen sobre la marcha como si la administración pública fuera un borrador permanente.
El contribuyente queda en el medio de un laberinto normativo: decretos que se derogan, artículos que se corrigen, montos que no coinciden, fechas de vigencia mal puestas y áreas técnicas que se enteran de las normas cuando ya fueron publicadas. Así no se construye una administración tributaria seria. Así se genera incertidumbre, enojo y desconfianza.
El gobierno municipal vino a prometer eficiencia, transparencia y capacidad de gestión. Pero, en los hechos, muestra lo contrario: más impuestos, más multas, más confusión y menos resultados. Aumentan la presión fiscal, pero no mejoran la administración. Quieren recaudar más, pero cada decisión mal tomada termina debilitando la confianza del contribuyente.
En definitiva, el Decreto N.º 341 no es solo un error administrativo. Es el síntoma de una gestión que improvisa, anuncia mucho, ejecuta mal y después intenta corregir tarde. Y, en materia tributaria, la improvisación tiene un costo concreto: lo paga el vecino, lo paga el comerciante y lo paga la ciudad, con menos seguridad jurídica, menos previsibilidad y menos confianza en el Estado municipal.
El Municipio aumentó multas tributarias y las hizo regir antes de publicarlas