El 1° de abril pasado, en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Concordia se publicó la resolución N° 38.556 y un edicto de la Dirección General de Rentas que establece nuevas medidas para regular el funcionamiento de la plataforma de transporte privado Uber y otras empresas similares, en la ciudad. Según la normativa vigente, las empresas de transporte que operan mediante plataformas electrónicas deben contar con habilitación comercial emitida por la Municipalidad de Concordia. En consecuencia, se les solicita inscribirse en la Tasa Comercial a través de la Ventanilla Única Online dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación con fecha de este 1º de abril. En caso de incumplimiento, las empresas estarán sujetas a sanciones, que pueden incluir desde la suspensión temporal hasta la inhabilitación permanente, conforme al artículo 25° de la Ordenanza N° 38.292.

“Uber en todo el país tiene una actitud reticente al pago de impuestos. En Concordia no se ha inscripto como contribuyente de la tasa comercial. Nosotros lo intimamos, la carta documento que se le enviaron rebotan y dicen que el domicilio no es correcto y por eso se hizo un edicto que salió publicado en el Boletan Oficial”, explicó.

El edil sostuvo que otras ciudades han tenido el mismo problema donde incluso se han entablado juicios por no pagar impuestos o no hacer aportes a la seguridad social. “Es una actitud que tiene Uber evidentemente en cada ciudad que llega la de no pagar impuestos”, dijo.

La decisión de realizar una determinación de deuda es una de las hipótesis en las que se está trabajando actualmente. “Es un tema que vengo analizando desde hace un tiempo con la persona que he charlado del tema posterior a la publicación del edicto que es una herramienta que utilizamos para ver si ellos voluntariamente se inscribían”, explicó.

No obstante, el problema es saber con precisión que monto le correspondería pagar por tasa comercial. Sastre remarcó que en los técnicos de la Dirección de Rentas son quienes deben determinar cómo proceder. A su entender, se debe efectuar un cruzamiento con otro sistema tributario para llegar a un cálculo estimativo.

Por otra parte, indicó que en otras municipalidades han logrado contactarse con algún abogado que representa a la empresa multinacional. “Han accedido en forma voluntaria a la inscripción”, indicó. De cualquier manera, el municipio también intentó esa vía pero sin éxito. “Son muy escurridizos y dificultan mucho la comunicación directa”.

“Este es un tema de estricta equidad tributaria. Cualquier contribuyente que brinda un servicio debe pagar las tasas que corresponde”, sostuvo. Pero la tarea no es sencilla. Sastre acotó que la empresa ha cambiado de nombre y de número de Cuil. “Si uno analiza esa conducta puede llegar a la conclusión que están tratando de eludir el pago de la tasa”.

En cuanto a los choferes, explicó que deben inscribirse en la Dirección de Tránsito. El requisito central es tener el carnet profesional y tener un seguro vigente para hacer el trámite en el municipio. El permiso de explotación de un Uber es de siete juristas. El valor de un jurista es de $15.000, indicó. El permiso anual es de $ 105.000. “Más o menos vale $ 8.000 por mes”, expresó. “Nosotros queremos que se sigan generando fuentes de trabajo. Vemos que hay muy buenos resultados hasta el momento”, manifestó.

Además, también recibieron el reclamo de los choferes de taxis y remisses que piden desburocratizar algunos trámites y requisitos. Recordó que hace un tiempo se dificultó la emisión de los carnets profesionales en los municipios por una decisión del gobierno nacional. “Nosotros tomamos la decisión de prorrogar la vigencia de los que ya tenían. Estamos viendo que hacer ahí. Pero no hay respuesta para los nuevos solicitantes del carnet”, indicó.

A su vez, también hay pedidos para flexibilizar la antigüedad máxima de los vehículos. Actualmente es de 20 años pero la idea era reducirla a 10. No obstante, a medida que pasan los años, los propietarios de los modelos más antiguos que no han podido renovarles piden que se extienda el plazo máximo.