La información fue confirmada a este medio por una persona del hotel que dijo que los beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad deben concurrir al lugar que fue alquilado para profesionales vinculados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de acuerdo a la fecha y hora que figura en la citación vía carta documento, pero que -para más información- debían dirigirse a las oficinas del PROMAR (25 de Mayo 928).

La situación despertó dudas entre profesionales locales del área de salud, familiares y beneficiarios. Uno de los planteos centrales apunta a que no se utilicen espacios públicos sanitarios —como hospitales o centros municipales de salud— para realizar las evaluaciones, optando en cambio por alquilar un hotel céntrico.

“¿Por qué pagar alquiler y no pedir lugar en los hospitales o salas de la Municipalidad? Y si pagan, ¿por qué no hacerlo a entidades públicas locales en vez de generar más gastos?”, expresó un médico de la ciudad, ex funcionario del municipio, que recibió a varios de estos pacientes en su consultorio. El profesional aclaró que no se opone a que se realicen auditorías o revisiones de las pensiones, pero considera fundamental conocer los criterios que se utilizarán en el proceso.

Las dudas no solo son económicas. También existe preocupación por la situación de vulnerabilidad de las personas citadas. En su mayoría, se trata de personas con patologías severas, limitaciones físicas y escasos recursos, que muchas veces ni siquiera están en condiciones de reclamar o de ejercer sus derechos de forma efectiva.

“En general, estas personas están resignadas, acostumbradas a no gozar de beneficios. Y hoy tienen que enfrentarse a una citación formal, en un lugar que no conocen, sin saber bien qué se evaluará ni con qué parámetros”, agregó el profesional.

La evaluación de pensiones por discapacidad forma parte del plan del gobierno nacional para revisar más de un millón de beneficios otorgados. Sin embargo, en ciudades del interior como Concordia, la falta de información oficial, la metodología utilizada y la elección de espacios privados para llevar adelante instancias sensibles como una evaluación médica, generan inquietud.

Hasta el momento, ni ANSES ni organismos locales han brindado información pública o precisiones sobre las evaluaciones que tendrán lugar este mes en Concordia, pero el mes pasado desde el organismo aclararon que no serán citados para control aquellos que perciban la pensión por discapacidad y tengan menos de 18 años, ni tampoco quienes ya hayan sido evaluados en 2023, cuando se implementó el primer ciclo de auditorías. Por el contrario, deberán asistir obligatoriamente quienes hayan recibido una carta documento especificando día, hora y lugar del turno para la auditoría. En caso de no concurrir y no justificar la ausencia, el titular podría perder el derecho a seguir cobrando la prestación. ANDIS remarcó que “si se acumulan faltas sin presentar justificación válida, se podrá suspender el beneficio”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del decreto 432/97.