La capital boliviana vivió durante las últimas horas escenas de fuerte conflictividad, con choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad equipadas con armamento antimotines. Miles de marchistas llegados desde El Alto —entre ellos mineros, campesinos Ponchos Rojos, maestros, gremiales y juntas vecinales— se movilizaron bajo la consigna de exigir la renuncia de Rodrigo Paz, en protestas que ya llevan tres semanas consecutivas.
Durante los enfrentamientos se registraron detonaciones de dinamita, lanzamiento de piedras y petardos, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para impedir el avance de las columnas. Según fuentes oficiales, cerca de 105 personas fueron detenidas y trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
La situación se agravó además por denuncias realizadas por dirigentes sociales cercanos al expresidente Evo Morales. El referente de la denominada “Marcha por la Vida”, Feliciano Vagamontes, acusó al ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, de autorizar el uso de munición de guerra contra los manifestantes.
Al mismo tiempo, sectores afines al Gobierno realizaron contramarchas en respaldo a Rodrigo Paz. En ese contexto se reportaron agresiones a civiles y ataques contra la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros en el Prado paceño.
Organismos de derechos humanos y la Iglesia piden diálogo urgente
Frente a la escalada del conflicto, la Iglesia Católica boliviana, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto convocaron a un “Diálogo por el Bien Común” para intentar frenar la crisis.
Las instituciones manifestaron preocupación por el crecimiento de la violencia, las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y las consecuencias sociales derivadas de los bloqueos y enfrentamientos. En un comunicado conjunto llamaron al Gobierno y a las organizaciones movilizadas —entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas y sindicales— a abandonar posiciones intransigentes y abrir una instancia de negociación.
En paralelo, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) denunció el uso desproporcionado de la fuerza, las detenciones masivas y el agravamiento del desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos en distintas regiones del país.
La CIDHPDA reclamó investigaciones independientes sobre los hechos de violencia y recordó que el derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado por el Estado boliviano bajo criterios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
Pese a la presión social, el canciller boliviano Fernando Aramayo descartó cualquier posibilidad de renuncia presidencial y calificó de “absurdos” los rumores sobre una eventual salida del mandatario o de integrantes de su gabinete.
Diputados argentinos exigen explicaciones a Milei
En medio de este escenario, diputados y diputadas del bloque Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Gobierno argentino por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 a Bolivia.
El diputado Juan Marino sostuvo que existen sospechas de que las aeronaves no estarían transportando ayuda humanitaria sino equipamiento destinado a reforzar la represión contra las protestas populares.
La denuncia se apoya en declaraciones del diputado boliviano Rolando Pacheco, quien advirtió públicamente sobre el presunto contenido de los vuelos enviados desde Argentina.
El pedido legislativo exige precisiones sobre la carga transportada, el personal embarcado y los acuerdos militares vigentes entre ambos países, además de información sobre la participación argentina en el operativo denominado “Escudo de las Américas”, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Los legisladores también solicitaron datos sobre el estado de la causa judicial vinculada al envío de armamento y municiones antidisturbios que el gobierno de Mauricio Macri remitió a Bolivia durante la gestión de facto de Jeanine Áñez en 2019, previo a las masacres de Sacaba y Senkata.
Marino advirtió además sobre el nombramiento del general Rodolfo Montero Torrico como viceministro de Seguridad Ciudadana del gobierno boliviano. El militar fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH por su presunta responsabilidad en la cadena de mando durante las represiones de 2019.
El diputado argentino también vinculó políticamente al oficialismo boliviano con el asesor argentino Fernando Cerimedo, cercano a Milei y mencionado en investigaciones judiciales en Brasil por el presunto armado de estructuras de desinformación digital.
Desde Unión por la Patria afirmaron que el antecedente del envío de material represivo durante el gobierno de Macri obliga al Congreso argentino a exigir garantías de que la operación actual no implique respaldo material a la represión en Bolivia.